Amigas y amigos, tras todo lo acontecido por la reciente discusión a la reforma del Artículo 480 del Código Penal del Estado de Puebla, considero necesario hacer una reflexión sobre la importancia del diálogo en el quehacer político, pero más, en la responsabilidad que tenemos los servidores públicos de fomentarlo, practicarlo y preservarlo sin importar nuestras siglas políticas.
En un contexto democrático, el proceso legislativo debe responder sin excepción a principios de apertura, diálogo y participación ciudadana; las preferencias y discursos partidistas, así como los triunfos otorgados por las mayorías se deben quedar en los procesos electorales.
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En la LXII Legislatura del Estado de Puebla enfrentamos un momento crucial para replantear el compromiso con la transparencia, el bien común y sobretodo el consenso social, especialmente tras la reciente reforma al Artículo 480 que ha sido señalada por diversos sectores como un ejemplo de falta de socialización y escasa deliberación pública, ya que pone en riesgo la libertad de expresión de las y los ciudadanos.
El Artículo 480, relacionado con la ciberseguridad fue modificado en junio de 2025 bajo un procedimiento legislativo cuestionado por organizaciones civiles, expertos en derechos humanos y representantes de la sociedad civil por presentar vacíos legales, leyes poco claras y ambiguas y sobre todo por carecer de la inclusión de la sociedad en la toma de decisiones. Diversas voces alertaron sobre la falta de foros abiertos, consultas públicas o mesas de trabajo inclusivas previas a la aprobación de dicha reforma. Esta situación ha generado un malestar, no tanto por el contenido específico del cambio legal, sino por el procedimiento unilateral con el que se llevó a cabo.
La experiencia internacional, respaldada por instrumentos emitidos por la Organización de Naciones Unidas (ratificada por México), enfatiza que cualquier modificación normativa que afecte a los derechos humanos debe surgir del diálogo con esos mismos sectores. La participación efectiva de la ciudadanía no solo es un requisito ético, es también una garantía de legitimidad y calidad legislativa.
En este sentido, la socialización de las leyes a través del diálogo no es un trámite accesorio ni mucho menos uno que pueda simularse, sino un componente central del quehacer parlamentario. Escuchar las distintas opiniones —ya sean de colectivos ciudadanos, especialistas, organizaciones no gubernamentales, universidades o sectores productivos y de la oposición— permite anticipar impactos negativos, enriquecer el debate y evitar errores legislativos que pueden derivar en retrocesos de derechos o conflictos legales.
Como integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla consideramos que las y los diputados tenemos la oportunidad de asumir un papel inclusivo e innovador. A partir de lo ocurrido con la ya mencionada reforma nos parece urgente que los procesos legislativos se abran al escrutinio público, que se fortalezcan las comisiones con agendas transparentes y participación ciudadana, que se convoquen a parlamentos abiertos y se actúe con sensibilidad hacia la pluralidad social de nuestro estado.
El costo político de legislar a puerta cerrada es alto, erosiona la confianza ciudadana y genera leyes débiles, poco sostenibles y potencialmente injustas, los votos que fueron otorgados no es un cheque en blanco, no es una llave universal para actuar sin pensar en las consecuencias, es la confianza de familias enteras en nuestro quehacer legislativo.
Hago un llamado a las diputadas y diputados de la 4T a que trabajemos con inclusión y favoreciendo siempre el diálogo y la socialización antes de la aprobación. Legislar escuchando es legislar con justicia, ya lo dicen bien: “Todo con el Pueblo, sin el Pueblo nada”.
Para Puebla, avanzar hacia un Congreso verdaderamente representativo es indispensable y es lo que la sociedad merece, conducirnos con respeto y un diálogo a la altura de las circunstancias. La construcción de un marco legal inclusivo y democrático exige tiempo, diálogo y empatía. La reciente reforma no solo es una llamada de atención, es una oportunidad para corregir el rumbo y colocar a las personas en el centro de la toma de decisiones, solo así podremos construir un estado más justo, plural y democrático, el estado que merecemos todas y todos los poblanos.
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