En los últimos días nuestro estado ha dado nota a nivel nacional, pero no por las razones que nos harían sentirnos orgullosos, si no por ser el lugar donde el Grupo Legislativo de la 4T y aliados decidieron aprobar la conocida como Ley de Censura, donde después de un debate que lamentablemente terminó en una discusión llena de denostaciones y menosprecio hacía la oposición, la mayoría morenista decidió aprobar en tiempo récord con tan solo siete votos en contra por parte de la oposición para después publicarla en el Periódico Oficial del Estado en tan solo dos días.
Nos tienen que ocupar y preocupar las niñas, los niños, las y los jóvenes contra el ciberacoso, pero en esta ley tipifican un nuevo delito que llamaron ciberasedio, es decir cualquier expresión contraria a una persona o entidad, misma que por el simple hecho de hacerla sentir incómoda podría merecer la cárcel para el autor y suficiente para iniciar una investigación por parte de la policía cibernética sobre todo tipo de perfil en redes sociales, que de igual manera sean desagradables para la “víctima”.
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Lo anterior podría parecer una acción a favor de las personas que son sometidas a discriminación o discursos violentos, pero recordará lo que sucedió con Carlos Velázquez de León, ciudadano que enfrentó e increpó al senador Fernández Noroña hace unos meses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el presidente de la Cámara de Senadores usó su poder para hacer que un juez obligara al ciudadano a disculparse de manera pública, lo cual fue criticado, pero además el mismo Noroña afirmó que de no hacerlo, Velázquez pudo haberse hecho acreedor a otro tipo de sanciones legales, o sea, si el “ofendido” se siente agraviado por una expresión de un ciudadano, este podría ir a la cárcel y aún más el vacío legal de la “Ley de Censura” podría hacer que se le atribuyeran expresiones emitidas por perfiles anónimos en redes sociales.
Ahora bien, defender la libertad de expresión (aunque no siempre nos gusten los discursos y nos hagan sentir incómodos) en Puebla y en todo México es una postura fundamental por varias razones, principalmente democráticas y para preservar los derechos humanos.
El contraste y la expresión de diferentes ideas es la base de una democracia saludable, pues nos permite criticar, opinar e informarnos sin temer a represalias, promueve una sociedad plural y participativa, donde las ideas pueden debatirse libremente.
Según Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, el año pasado en México se incrementó la violencia contra periodistas en más del 13% y Puebla formó parte de los cinco estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Con estos altos índices de agresiones, la libertad de expresión sin impedimentos se vuelve un escudo legal y ético para proteger el derecho a informar. Cuando un periodista es censurado, la sociedad pierde acceso a información crítica sobre el poder y la corrupción.
Por otra parte el Artículo 6° de la Constitución Mexicana y tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos conciben la libertad de expresión como un derecho inherente al ser humano, pues la censura o restricciones a la expresión (como leyes restrictivas o actos intimidatorios) tarde o temprano se convierten en instrumento para silenciar a la oposición, movimientos sociales y todo aquel que piense diferente al oficialismo.
Es necesario promover una acción de inconstitucionalidad para echar abajo esta reforma, lo cual sólo es posible por cuatro vías:
1. Que lo promuevan los partidos políticos. Este caso sólo aplica para temas electorales, por lo cual queda descartada;
2. Por votación del Congreso Local, para lo que es necesario el 33% de los votos, es decir, 14 votos, con solo 7 por parte de la oposición faltan otros 7;
3. Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la Comisión Estatal (CEDH) lo promuevan, pero esta última ya se pronunció a favor de la misma, y 4)
4. Que la Fiscalía General de la República revise el tema. Como verán el amparo indirecto es la opción más viable para salvaguardar los derechos de cualquier ciudadano que se sienta afectado por la aplicación de esta reforma, para lo cual los diputados locales de Acción Nacional nos ofrecemos para asesorar y acompañarlos en la promoción de este amparo.
Defender la libertad de expresión en Puebla y México no depende solo de una postura política, por eso hago un atento llamado a la 4T y aliados. Así como en su momento pedí abrir el diálogo, les recuerdo que al aceptar un cargo público, se convierten en servidores públicos, lo cual permite a la ciudadanía observar, criticar y expresarse sobre el trabajo realizado.
Nos guste o no, debemos promover la democracia, la dignidad de las personas y garantizar los derechos humanos, debemos reconocer que las y los ciudadanos tienen derecho a expresarse, cuestionar y emitir opiniones sin temor. Promover leyes que debiliten esta libertad abre paso a la represión, la impunidad y sobre todo a la injusticia.
“Vencer no es convencer”: Miguel de Unamuno
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