La congelación global de fondos para ayuda humanitaria impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, están comenzando a afectar de manera preocupante el sistema de asilo en México. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció el despido de 190 empleados y el cierre de cuatro de las trece oficinas que mantenía en el país y son precisamente tres ubicadas en Tabasco y Chiapas, entidades donde se concentra una parte significativa del flujo de personas solicitantes de protección internacional que ingresan por la frontera sur.
El recorte ha tenido un efecto dominó: también provocó el cierre definitivo de la organización HIAS, que afectó la operatividad de Casa Refugiados y ha debilitado seriamente a las agrupaciones civiles que brindan acompañamiento legal y humanitario a migrantes. Pero el mayor riesgo recae sobre la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), cuya operación depende en dos terceras partes de los recursos financieros y logísticos aportados por ACNUR.
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Las reducciones presupuestarias estadounidenses amenazan con colapsar el ya frágil sistema de atención a solicitantes de asilo en México.
En este contexto, la visita de Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, cobra una relevancia crítica. Grandi inició su gira en Aguascalientes y ha sostenido reuniones clave con el canciller Juan Ramón de la Fuente y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Su paso por México ocurre en medio de la reconfiguración del escenario migratorio regional, marcada por políticas de contención que desplazan la responsabilidad hacia países como el nuestro, sin los fondos ni la infraestructura necesaria.
La presencia de Grandi llega cuando ACNUR México enfrenta un recorte presupuestal de casi 60 %. En 2024 operaba con $58.6 millones de dólares ($1,169 millones de pesos), pero este año su presupuesto se redujo a solo $22.2 millones ($440 millones de pesos). Esta caída financiera ya se tradujo en la reducción de personal en el corto plazo, el cierre de oficinas y la fragilización de los servicios básicos que sostienen el sistema de refugio.
México no es un actor menor en esta crisis. Se ha convertido en uno de los principales receptores de solicitudes de asilo del mundo. En 2014 se registraron apenas 2,137 solicitudes ante COMAR; para 2023, la cifra alcanzó los 140,720 casos. A pesar de este crecimiento exponencial, el presupuesto público destinado a la atención ha sido exiguo y dependiente de financiamiento internacional.
En su última visita, en noviembre de 2021, Grandi refrendó el compromiso de ACNUR con México. Pero hoy el escenario es otro: la presión política de Washington, la reelección de Trump como amenaza latente, y una burocracia mexicana que no ha priorizado una ruta humanitaria integral. La visita del Alto Comisionado no es solo diplomática: será determinante saber qué viene a pedir, y qué está dispuesto a ofrecer el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum.
Las organizaciones en campo ya advierten que la asistencia está colapsando. Miles de personas —mujeres, niños, familias enteras— están quedando sin orientación legal, sin albergue y sin condiciones mínimas para tramitar una protección internacional efectiva. En esta coyuntura, la pregunta que flota en el aire es incómoda pero urgente: ¿cuánto tiempo más podrá sostenerse un sistema de asilo sostenido con parches, voluntarismo y fondos que ya no existen?
Estaremos pendientes a lo que suceda.