En México se ha producido gradualmente una alternancia política mediante el acceso al poder de diferentes partidos en todos los diferentes niveles de gobierno federal, estatal o subnacional y municipal, pero contrariamente al cambio partidista, en realidad, no se ha dado un verdadero cambio en la clase política.
El dinamismo de la clase política ha permito que esta se vaya trasformando paulatinamente, asumiendo diferentes posiciones ideológicas y partidistas, brincando de un partido a otro, a fin de adaptarse a las nuevas circunstancias socio-políticas de su entorno con el objetivo de sobrevivir.
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La clase política que conforma el sistema de partidos ha legitimado su actividad en el espacio político para acceder al poder mediante una estrategia dual tanto al interior de la clase política como al exterior con la sociedad, lo que le ha permitido sobrevivir en el actual proceso de alternancia política.
En los últimos años, el concepto de austeridad se ha instalado con fuerza en el discurso político de nuestro país. La austeridad se presenta como una virtud republicana y un acto de congruencia ética frente a la desigualdad social. Este concepto ha sido promovido como el eje rector del ejercicio del poder público de Morena, el partido en el poder. Sin embargo, más allá del discurso, es importante reflexionar: ¿la austeridad obligatoria provoca una transformación de fondo o únicamente es una narrativa que en la práctica se convierte en contradictoria?
Reunidos en el World Trade Center, el Consejo Nacional del partido en el poder Morena, a propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, aprobó el documento, titulado Lineamientos para el comportamiento ético que deben tener las personas representantes, servidoras públicas, protagonistas del cambio verdadero y militantes de Morena, con la presencia de casi todos los gobernadores de Morena, los presidente de las cámaras de senadores y de diputados, así como de los coordinadores parlamentarios y funcionarios; los consejeros aprobaron que quien aspire a representar a esta fuerza política debe practicar la austeridad republicana como forma de vida, conducirse con sobriedad y sin ostentaciones.
La austeridad, entendida como el uso racional, transparente y eficiente de los recursos públicos, es sin duda un principio deseable en cualquier democracia. Implica rechazar el dispendio, eliminar privilegios injustificados y redirigir el gasto hacia áreas prioritarias como salud, educación, seguridad y combate a la pobreza. En teoría, se trata de poner al Estado al servicio de la ciudadanía y no de quienes lo administran.
No obstante, aunque los esfuerzos de la presidenta son para tener congruencia y parar acciones como las de Andrea Chávez, con sus “caravanas de la salud” como campaña de posicionamiento para promover su imagen; la implementación de la austeridad en México ha mostrado matices preocupantes. En nombre de la austeridad se han debilitado instituciones, reducido capacidades técnicas del Estado y concentrado decisiones en núcleos cerrados del poder. Se han eliminado organismos autónomos y recortados presupuestos sin una evaluación integral de sus consecuencias. Esta “austeridad selectiva” compromete la calidad del servicio público y pone en riesgo la calidad democrática.
El riesgo de convertir la austeridad en una simulación es real, mientras persistan gastos opacos, contratos asignados sin licitación o beneficios dentro de círculos cercanos al poder.
México necesita una verdadera política de racionalidad en el gasto público, basada en evidencia, planeación estratégica y evaluación de impacto. Una administración austera debe fortalecer capacidades, profesionalizar al servicio público y garantizar una distribución justa y equitativa de los recursos.
En suma, la austeridad en el ejercicio del poder público no debe reducirse a un eslogan político. Debe ser una política de Estado, guiada por principios democráticos, con rendición de cuentas y participación ciudadana. Solo así podrá convertirse en un instrumento de transformación real y no en una máscara más del poder.