El relevo de la rectora -inmediato o hasta que concluya su mandato- no resolverá, mínimamente, los problemas de fondo de la institución, al tener estos un carácter estructural, y que se desdobla tanto en el control económico y político de determinados grupos hegemónicos internos y externos, como en una cultura política que atraviesa toda la comunidad universitaria.
Ni la rectora ni la administración central de la universidad no solo no pueden escapar de dichos poderes, sino que son parte fundamental de ellos y, paradójicamente, su “legitimidad”, estabilidad y capacidad de operación, se sostienen en esa cultura política, cuya lógica se determina por la relación entre lealtad y prebenda, propia del patrimonialismo político.
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El ejercicio del poder en nuestra institución se sostiene tanto en una base objetiva, como en otra, eminentemente subjetiva. Así, el patrimonialismo imperante en la universidad se convierte en una forma de “gubernamentalidad” que articula a las autoridades con el resto de la comunidad universitaria y, a esta, con las autoridades, activa y recíprocamente.
De ahí, también, que ningún administrador - que no educador, con un verdadero proyecto de universidad, haya tenido la visión, y mucho menos la entereza para impulsar los más elementales cambios democráticos.
Todo lo contrario: a lo largo de los últimos años, la universidad ha sufrido un profundo deterioro en su vida democrática y no me refiero solo a las restricciones que ha sufrido el voto de los estudiantes, sino, en particular, a los principios de separación de poderes, rendición de cuentas, transparencia, etc, que también deberían privar en la institución pública.
El ejemplo más claro lo constituye el Consejo Universitario, cuya función se reduce a la de un corifeo para aplaudir, avalar y planchar, cualquier propuesta proveniente de la administración; igualmente, resulta ejemplar la selección de autoridades en las unidades académicas, limitada a lo que Max Weber señaló como el mayor orgullo del burócrata: la obediencia. Una obediencia ciega, denigrante; una obediencia sin límite.
Como lo he señalado múltiples ocasiones y en distintos foros: en la situación actual de la universidad, hay una corresponsabilidad -de grado- de una parte importante de comunidad quien, por necesidad o por miedo, por oportunismo o por ambición, o por simple pereza o pusilanimidad, ha participado activamente o con su silencio cómplice, en la lacerante realidad que vivimos día con día en nuestra casa de estudios.
En la frontera que divide y aproxima a esas dimensiones que señalo -la objetiva y subjetiva, respectivamente- nada puede ser más significativo de las condiciones actuales de la universidad que la carencia de distintas candidaturas a la rectoría, como verdaderas alternativas al proyecto dominante hoy.
Debemos reconocerlo: los “dispositivos disciplinarios” hoy día -salvo los abiertamente violentos, que existen- ya no provienen solo del exterior, sino han sido introyectados como parte de la reconfiguración subjetiva de los universitarios a través de la autoexplotación, el mito del rendimiento, una dudosa meritocracia, etc.
Por último: estoy seguro que, con tal de restablecer la “normalidad” en la universidad, la administración central y la rectora, Dra. Lilia Cedillo, darán salida a las demandas más inmediatas de los estudiantes. ¡Lo celebro! Pero, al mismo tiempo, dejarán intocados los problemas estructurales que aquejan a la institución.
Ahora, es tarea nuestra seguir pugnando todos los días, y a través de una organización permanente, por construir una mejor universidad que dé respuesta tanto a las exigencias científicas, técnicas e intelectuales, pero también democráticas, del mundo contemporáneo y, necesariamente, se traduzcan en cambios institucionales.