Los gobernadores, principalmente los fronterizos, no quieren cargar con la responsabilidad ante la inminente deportación masiva trumpista de connacionales y migrantes de Centro, Sudamérica y el Caribe.
Chihuahua “no es alternativa” para los mexicanos repatriados ni para los extranjeros, y todos serán enviados a entidades y países de origen, espetó la gobernadora Maru Campos Galván.
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¡Ah!, pero eso sí, cuando el envío de las remesas familiares de mexicanos que trabajan y viven en Estados Unidos fortalece la economía de los estados con un impacto positivos en el PIB, los gobernadores -y hasta los presidentes de México - lo presumen indebidamente como logro propio.
Puede tener razón la gobernadora fronteriza en el sentido de negarse a recibir a los mexicanos, ante el inminente decreto del presidente republicano Donald Trump de expulsarlos.
Una de las razones de los mexicanos que puedan ser deportados de la Unión Americana para quedarse en las ciudades fronterizas es para estar cerca de las familias que serán separadas, así como por el interés de intentar nuevamente cruzar la frontera.
La decisión de estos migrantes mexicanos y extranjeros de permanecer en estados fronterizos como Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Sonora -principalmente- implicaría para los gobiernos de los estados generar empleos, y atender el impacto social como los servicios públicos, seguridad pública, empleo, vivienda…
Pueden tener razón los gobernadores fronterizos, pero no se justifica la postura como la de Maru Campos, para no hacer frente a una realidad anunciada por el propio presidente republicano electo, y que formalizará en uno de los primeros decretos antiimigrantes este 20 de enero, al asumir el cargo.
Se nota en México un vacío por parte del gobierno federal para hacer frente a este fenómeno de repatriación y expulsión de migrantes de Estados Unidos.
En Palacio Nacional están más preocupados y ocupados en conocer sí sería invitada o no la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la toma de protesta de Trump.
La primera percepción es que el gobierno del régimen de la 4T no tiene un buen cálculo del impacto social y económico en las implicaciones de la repatriación de connacionales.
Peor aún, México tendrá que cargar con los migrantes de países de Centro, Sudamérica y el Caribe donde los gobiernos han anunciado el cierre de fronteras a los retornados, como son los casos de Venezuela y Cuba.
Otros migrantes se niegan a regresar a sus países de origen porque huyeron de la delincuencia, la violencia y de dictaduras, como ocurre con Haití, Honduras y Nicaragua.
Indolencia gubernamental en estados y el país
Mientras se trate del ingreso de divisas a sus estados por el envío de las remesas familiares, los gobernantes presumen con sombrero ajeno el sudor y las lágrimas de los migrantes, pero ahora con el riesgo de ser deportados, los ven como una carga.
Estados como Puebla no tienen un plan integral de atención a los connacionales y sus familias que sean deportadas de EE. UU.; les preocupa más cuánto perderán por la caída de los ingresos por la disminución de las remesas familiares del billete verde.
La entidad poblana recibió de enero a septiembre de 2024 más de 2 mil 506.8 millones de dólares por ese concepto. En el 2023 el estado registró 3 mil 145.1 millones de dólares, es decir, 56 mil 606 millones de pesos por remesas a un tipo de cambio de 18 pesos por dólar, de acuerdo al Banco de México.
A lo largo de dos décadas, Puebla pasó de 3.5% del total de hogares que reciben remesas (2000) a 5.1% (2009). Entre 2003 y 2020, el promedio de remesas como porcentaje del producto interno bruto (PIB) para la entidad ha sido de 2.4%.
En el 2021 Puebla recibió un monto anual de 2 mil 138 millones de dólares estadounidenses, lo cual significa 14.2% más con respecto al año anterior, con lo que conserva el octavo lugar a nivel nacional en la recepción de remesas, al captar 4.1% del total nacional (Banxico).
Los principales municipios de para 2021 fueron Puebla, con 17.7% del total, seguido de Atlixco (6.8%), Tehuacán (6%), Izúcar de Matamoros (5%) y San Martín Texmelucan (3.6%).
En su mayoría, éstos se han caracterizado por ocupar los primeros lugares en su número de población y tener una mayor infraestructura comercial y de servicios.
Las zonas históricas migratorias de la Mixteca, Atlixco y Matamoros se han ido sumando otras regiones como la Sierra Norte, Nororiental, Negra, Valle del Serdán, así como la Angelópolis.
Con una alta concentración de recepción de remesas, estos recursos, en su mayoría, son destinados al consumo privado (pago y adquisición de bienes y servicios) y, en menor medida, al ahorro o la inversión. (Diagnóstico de la Movilidad Humana en Puebla. Segob federal 2022).
Sociedad civil llena el vacío oficial
Ante la anunciada deportación masivas de migrantes, son las asociaciones civiles las que se han preparado para la eventual repatriación con la creación de la “Casa Simón Bolívar” para ofrecer refugio, orientación y apoyo en la búsqueda de empleo a los paisanos.
Cuatro líderes poblanos radicados en Estados Unidos confían en que las políticas del nuevo presidente no afectarán gravemente a la comunidad poblana, pero ya se preparan para ofrecer apoyo a los migrantes detenidos y deportados.
Durante 2020, los principales estados de residencia para las y los emigrantes poblanos fueron California, Nueva York y Nueva Jersey, al concentrar, respectivamente, 26.0, 23.2 y 10.1%.
Otro 25.8% se ubicó en otras entidades de la Unión Americana, tales como Illinois, Texas, Indiana, Carolina del Norte, Pensilvania, Minnesota, Nevada y Florida.
Puebla se ha posicionado en la octava entidad con mayor número de organizaciones en el extranjero, con un total de 62 asociaciones, solo después de Hidalgo, Guerrero y Oaxaca dentro de la región centro-sur, los cuales ocuparon el segundo, quinto y sexto lugar, respectivamente.
En su mayoría, estas asociaciones de población emigrante poblana se ubican en California (37), Texas (5) y Nueva York (3), según el Diagnóstico de la Movilidad Humana en Puebla. Segob Federal.
Para los paisanos no es nueva la repatriación; ocurrió con la retórica antiinmigrante en el primer periodo de gobierno del presidente Donald Trump.
En las últimas dos décadas, el retorno de personas migrantes poblanas ha cobrado mayor relevancia para la agenda pública, principalmente en el marco de la crisis financiera estadounidense de 2007 y, posteriormente, entre 2017 y 2021, pero en este 2025 será peor.
En el propio diagnóstico de la Secretaría de Gobernación federal, al referirse a la repatriación en 2022, sin el contexto de la amenaza de una deportación masiva de Trump, consideró necesario generar una respuesta gubernamental que promueva la reintegración de las personas y establecer mecanismos de respuesta coordinados y efectivos.
Consideran de vital importancia reforzar los programas de atención a personas migrantes retornadas o repatriadas, especialmente en los municipios receptores de esta población, así como implementar acciones que consideren temas de salud, educación, reestructuración familiar o reincorporación comunitaria y, también, atención a las estructurales de la migración.
Ante la pasividad gubernamental, como siempre ocurre, es la sociedad civil la organizada, y en especial las asociaciones civiles de poblanos migrantes que siempre se dan la mano.
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Face: Pablo Ruiz Meza
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