Hemos vivido en los últimos meses un proceso de cambio en nuestro sistema político de dimensiones similares al que se vivió entre 1988 y 1996, pero con características antagónicas: aquél fue impulsado desde la oposición, con participación de la sociedad y descentralizó el poder. El proceso actual es contrario al anterior en estas tres características.
Fue la oposición la que exigió en 1998 una reforma electoral que quitara al partido en el poder el control de las elecciones. Ante la cuestionada elección de ese año, el PAN exigió que el candidato del PRI declarado ganador, Carlos Salinas, obtuviera desde el poder la legitimidad que no obtuvo en las urnas y que lo hiciera mediante una reforma electoral progresiva. El PRD fue parte del proceso.
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En el sexenio salinista hubo tres reformas electorales. Se avanzó, pero la reforma “definitiva” (en el sentido de que le quitó al grupo en el poder el control electoral) se dio hasta 1996, con Ernesto Zedillo.
Las reformas fueron acompañadas de una importante participación de la sociedad, exigiéndola con marchas y manifestaciones en varias zonas del país.
Hubo también una participación importante en foros, donde cualquier ciudadano podía hacer propuestas para la reforma electoral necesaria.
El resultado de la reforma de 1996 fue la descentralización del poder: por primera vez desde 1946 el Poder Ejecutivo no tuvo el control electoral. Dos años antes se dio otra descentralización importante, la del Banco de México, que ha dado al país estabilidad cambiaria hasta la fecha.
Poco a poco fueron surgiendo los organismos constitucionales autónomos. Algunos, iniciativa de la clase política. Otros, propuesta de grupos de ciudadanos como el IFAI-INAI. Todos en el mismo sentido: descentralizar el poder, crear un sistema de balances y contrapesos.
En contraste, las reformas del grupo actualmente en el poder se hicieron de arriba hacia abajo, sin participación ni iniciativas de la sociedad, y con el propósito de concentrar el poder.
Sintetizadas en el “Plan C” de López Obrador, han sido posibles por la mayoría calificada que el grupo en el poder obtuvo con decisiones jurídicas cuestionables y corrompiendo a opositores.
Las consecuencias estarán vinculadas a las características del proceso.