Ayer publicamos en Lado B un trabajo en donde documentamos las prácticas de censura y remoción de contenidos incómodos durante el proceso electoral.
Acá los primeros párrafos:
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“En marzo pasado un reportero, a quien llamaremos N., envió a su medio una nota donde contaba que Eduardo Castillo López, entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del estado y militante de Morena, había sido denunciado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
“En la denuncia se le acusaba de actos anticipados de campaña, pues habían detectado la aparición de bardas promocionales en la región de Izúcar de Matamoros, donde había sido nombrado candidato a diputado federal. Así lo consignó N. en su nota.
“Al poco rato la nota se publicó en el portal donde trabaja. Luego desapareció. “Supe –cuenta N. en una charla para este trabajo en la que se acordó la reserva de su nombre–, que la nota se bajó a petición de Paola Aguirre”, entonces jefa de prensa en el Congreso local y empleada de Castillo López.
“No era la primera vez que le pasaba.
“Uno de los personajes más populares del proceso electoral 2023-2024 en Puebla fue la censura. A solicitud de áreas de prensa de candidatos y candidatas, de funcionarios estatales, del órgano legislativo, del gobierno del estado y hasta del organismo electoral se bajaron notas publicadas en medios digitales y publicaciones en redes sociales.
“Para esta investigación, Lado B realizó un monitoreo de prácticas de censura a través de redes sociales, documentó denuncias de censura vía entrevistas directas y a través de internet, mediante un instrumento (Formulario de Google) que permitía mantener el anonimato. También se conversó con una decena de directivos de medios, que solicitaron la reserva del nombre.
“Otro de los casos que documentamos fue el de una persona periodista que cubrió una rueda de prensa donde el equipo de campaña de Alejandro Armenta criticaba la poca atención que su contrincante del PAN, y ex presidente municipal de la capital, Eduardo Rivera, dio a la violencia de género. Mandó videos del evento que el medio publicó en redes sociales, pero después eliminó; mandó también la nota correspondiente, nunca la publicaron.
“No hubo explicaciones, tampoco las pidió.
“Nos enfrentamos a la disyuntiva –dijo otro de los colegas entrevistados– de ejercer la libertad de expresión o tener un ingreso”.
Acá el reportaje: Elecciones y censura en Puebla: del “me bajaron la nota” al “no le pegues”
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La censura, me dijo en entrevista Martha Tudón, oficial del Programa de Derechos Digitales de la organización Artículo 19, es difícil de documentar.
Cuando le pregunté sobre cifras al respecto me dijo que ahí hay una cifra negra enorme. Y no lo dudo, la censura la normalizamos como un gaje del oficio. Y lo mismo se ejerce al interior que desde el exterior de las redacciones; y a la larga puede provocar, incluso, una censura interiorizada, una autocensura. Alguien nos dijo en las pláticas con trabajadores de medios con quienes abordamos el tema: “De eso ya mejor ni escribo, no me lo van a publicar”.
Entonces, en el acto de censura hay, casi siempre, una cadena de responsabilidades que empieza, generalmente, en un ente de poder. Alguien con la capacidad económica o política para presionar a un medio deje de publicar algo o incluso lo borre de su contenido, o al menos lo modifique (las bondades de la edición digital que permite reescribir lo publicado). Y de ahí lo que sigue son eslabones en el medio, un directivo o dueño (o dueña), el o la jefa del periodista.
No es una ecuación inamovible, se pueden brincar eslabones, pero siempre habrá alguien que detente un poder (incluso el poder de la violencia) que inicie el proceso para que la publicación no vea la luz o desaparezca. Y ahí también está un actor en el que no reparamos mucho, que son las agencias de comunicación (el ejemplo más reciente fue cuando Badabum logró que medios y redes bajaran el video en donde se ve a Maynez y a Samuel García alcoholizados, al registrarlo como producto propio y reclamar derechos de autor).
Pero cualquiera que sea la ruta el resultado macro siempre será el daño al derecho a la información de la sociedad, o al menos de la audiencia del medio.
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