En un sistema democrático como el nuestro que apela por la transparencia y en plena era de la información digital, con una sobredemanda de contenidos en plataformas múltiples, resulta paradójico que los medios masivos de comunicación en México, ubicados en el cenit del radar público, proyecten poca luz sobre sí mismos. Es algo que puede y debería cambiar, más si consideramos los fenómenos en boga como la infoxicación, las “fake news”, el “clicbait” o el uso de “bots”. Tal valoración de una carta abierta en cuanto a la identidad real de un producto comunicativo, cualquiera que sea su procedencia, es a favor del receptor, la mayoría de las veces pasivo, ante un cotidiano bombardeo de información.
Dicho de una manera simple y clara, llegó el tiempo de poner un coto a todas aquellas agendas específicamente interesadas y poco proclives, incluso contrarias, al interés común, mayoritario y nacional.
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En este sentido, no resulta descabellada la idea de que los responsables de una producción audiovisual incorporen un etiquetado del grado de toxicidad de interés económico de lo que generan; tal y como sucede con los empaques de productos comestibles para advertir al consumidor, de manera clara, el contenido de cada alimento o bebida procesada. Así, por lo menos, se asumiría un consumo ciudadano con la advertencia de lo que realmente está en juego en un contenido informativo, o la posibilidad de no hacerlo de manera consciente.
De tal suerte, como consumidores habituales y cotidianos de noticias y/o de información en general, deberíamos conocer el grado de inocuidad si esto pudiera ser posible, o al menos, cuál sería el efecto bomba de la ingesta administrada, y aún tolerable, en los consumos informativos, opinativos o noticiosos en los que incurrimos, muchas veces con una fruición ad hoc o desenfrenada. El punto clave es tener el dato certero de los intereses económicos y las agendas extras de los dueños de los medios que nos imponen, sin decir agua va, en determinado producto comunicativo. De esta manera, al menos podríamos discernir entre las ofertas informativas o noticiosas, más la posibilidad de tomar decisiones bajo nuestra cuenta y riesgo.
En una publicación reciente, del News Digital Report 2024, Nic Norman expone una realidad compleja sobre el estado actual de los medios, donde el ejercicio de un periodismo riguroso e independiente “sigue siendo más importante que nunca, aun cuando en varios mercados los medios enfrentan los desafíos crecientes de la desinformación, la baja confianza, los ataques de políticos y la incertidumbre del negocio”. Escenario nada fácil, de acuerdo a Norman. El punto principal es que entre emisor y receptor, prevalece un grado de desconfianza sobre la naturaleza del producto comunicativo intermedio y, sobre todo, si éste viene intoxicado por adendas ajenas a la esencia del contenido. Ante este panorama, de por sí complicado, irrumpe el fenómeno, más reciente, de la denominada Inteligencia Artificial, IA, que de manera rápida adoptan los medios con el objetivo de optimizar sus negocios y personalizar sus contenidos. Esto sucede, podemos constatarlo, en medio de la reticencia de la mayoría de los destinatarios, más inclinados todavía por la participación de humanos en este campo.
En este curso de ideas, conviene tomar en cuenta lo que sucede en Europa, donde ya existe un esfuerzo para impulsar, a través de legislaciones progresistas, nuevas políticas públicas, consideradas de avanzada y cuyos ejes se basan en el afianzamiento de la pluralidad, la transparencia y la responsabilidad de los ecosistemas informativos que imperan en las democracias más consolidadas, más aquellas que aspiran a recorrer esta ruta vital. Esto responde a la convicción de que sin medios libres y de una calidad cada vez mayor y socialmente más exigible, la democracia se precariza y tiende a ser inexistente. Estamos, en pocas palabras, ante un fenómeno que no es un asunto menor.
¿De qué trata esto? Es un hecho que habitamos un mundo donde los flujos de información transitan de manera rauda, aunque también demasiado efímera. De igual forma, está claro que en las últimas décadas se ha transformado la producción de noticias y el consumo de éstas, derivado en buena parte de las nuevas plataformas de Internet que permiten, tanto a periodistas como usuarios, intercambiar noticias y contenidos en una forma prácticamente ilimitada. Así, es un hecho contundente que la fórmula aprendida —de emisor-mensaje-receptor— registró, en los últimos años, alteraciones dramáticas por las nuevas formas de recolección, producción, análisis, distribución y consumo de noticias e información.
En este sentido resulta un hecho inobjetable que sin fuentes fiables, diversas y plurales de información, el ciudadano queda a ciegas y sin capacidad —algo por lo demás grave y peligroso— para ejercer su importante tarea crítica y transformadora. Este escenario se nubla más si los dueños de los medios que comunican, manejan de manera turbia los intereses económicos de otras empresas ajenos al contenido que emiten, muy por debajo de la mesa. Como veremos párrafos adelante, el panorama se oscurece más cuando dichas empresas son propiedad de los mismos dueños de comunicación.
Si existen intereses que rebasan la ética de un documento informativo, tal y como sucede con un alimento cargado de toxicidad —volvemos a la analogía—, tenemos derecho a saberlo, así como a sus responsables de informarlo. España ya se encuentra en esta fase y la constancia la tenemos en el Plan de Acción por la Democracia, anunciado durante este año por su presidente, Pedro Sánchez.
Es un buen antecedente del que conviene tener en cuenta sus principios fundamentales, sin perder de vista los postulados de transparencia y rendición de cuentas que definen a nuestro propio gobierno. En esencia, se trata de una serie de reformas aprobadas por la Comisión Europea, para "proteger y fortalecer" a la democracia, mismas que involucran al poder ejecutivo, el legislativo y los medios de comunicación de aquel país.
En vísperas de que se aprobará dicho Plan, el mandatario español había alertado sobre la desinformación persistente y las “fake news” orientadas para debilitar la democracia en todo Occidente. De ahí su insistencia por dar marcha legal a una iniciativa que resumió en cuatro principios esenciales: transparencia, independencia, pluralismo y protección.
El propósito de este paquete de estrategias y mecanismos, 31 en total, es ampliar y mejorar la calidad de la información que procede del gobierno, así como su relación adecuada con los medios informativos. De este cuerpo destaca la ampliación de las obligaciones en materia de transparencia, al igual que la participación ciudadana en asuntos públicos.
De manera enfática, se incluye una estrategia para combatir la corrupción, a la vez que se fijan estándares de transparencia para los medios de comunicación. Un planteamiento esencial en este plan, es la creación de un registro público de la propiedad de los medios y la inversión publicitaria que reciben; en paralelo, las administraciones oficiales también se ven obligadas a este nivel de transparencia, en caso de que quieran financiar cualquier figura.
Las 31 medidas pretenden cumplir con los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad de sus órganos públicos. En uno de sus apartados fundamentales, se establece una defensa del pluralismo y la competencia para evitar la concentración de medios de comunicación en pocas manos, mediante marcos regulatorios. En apego al combate contra las campañas de desinformación —mediante noticias falsas o abiertamente tendenciosas—, este plan destina un monto de 100 millones de euros que fortalezcan una digitalización informativa, segura y confiable.
Como se advirtió al lector y lectora, dicho Plan de Acción por la Democracia ya está aprobado, y quedará para el análisis posterior el camino que seguirá cada una de las medidas al interior de aquella nación. Basta este antecedente para la siguiente reflexión: en México, con una democracia en plena transformación, los medios de comunicación podrían estar quedando a deber dentro del cambio que experimenta el país, aunque esto no limita la oportunidad de sumarse, justamente, a los principios de transparencia, pluralismo, independencia y protección.
Según el estudio Media Ownership Monitor (MOM) de 2018 -el más reciente disponible-, el poder mediático en México “…camina tomado de la mano del poder político”. Este registro aplicado a 42 medios con amplia influencia, encontró que en 84% de los casos, los dueños tienen relaciones familiares o de negocios con políticos reconocidos, lo que plantea, en general y por lo menos, agendas sesgadas.
Entre esta vinculación no deseable, añade este documento, prevalecen los enlaces económicos: de 60 a 80 por ciento proceden de conglomerados que, además de tener empresas de medios, cuentan con negocios que dependen de contratos con el gobierno. Es decir, es un juego no abierto en el que los dueños de los medios, aprovechando su vinculación con el gobierno, logran contratos con empresas de otros sectores. El pequeño gran detalle es que las empresas que se manejan en lo oscuro, están en la nómina de los mismos dueños de los medios de comunicación. Así se exponencia su margen de ganancia y sin que estén por enterados quienes consumen sus contenidos.
Conviene abrir el espectro para tener más claro este entramado: los propietarios de los medios son dueños de constructoras y hospitales, como Grupo Empresarial Ángeles, al que pertenece el diario y sitio digital Excélsior; cuentan con bancos y tiendas de electrodomésticos o muebles, como Grupo Salinas, poseedores, a su vez, de TV Azteca; hasta empresas de telefonía celular, como América Móvil, son dueños del sitio digital UnoTV. ¿Habríamos de creer entonces en todo lo que difunden y nos dicen, y sobre todo hacerlo a pie juntillas? ¿O sería mejor o preferible que como lectores, usuarios o consumidores de información y opinión, pudiéramos conocer los perfiles, intereses económicos y negocios que tienen en otros mercados, empresas o agendas, cuya conveniencia nos imponen en contenidos específicos o noticias, por debajo de la regla?
Nueve de las diez familias que participan en el mercado de los medios, lo hacen desde hace dos o tres generaciones. Por ejemplo, el origen de Grupo Televisa, la mayor televisora del país, se remonta hasta 1951, cuando se constituye el primer canal comercial mexicano. Siete décadas después de que Emilio Azcárraga Vidaurreta –el abuelo del actual dueño– recibiera la concesión para operarlo, por el entonces presidente Miguel Alemán, el canal sigue siendo el más popular entre los mexicanos. La familia Alemán fue accionista de Televisa, al menos hasta 1999.
El expresidente Enrique Peña Nieto se casó con una popular actriz de la compañía. Su boda, transmitida en vivo dos años antes de las elecciones de 2012, se interpretó como la construcción de una candidatura impulsada por Televisa. Es un hecho, tal vez no casual, que Televisa resultara la mayor beneficiada del gasto de publicidad oficial durante este sexenio. Los números hablan: en 2016, obtuvo 18.75% del total destinado a medios (2 mil millones de pesos).
Según esta fuente, los 42 medios analizados en este estudio están repartidos en 25 compañías, que representan a los actores clave del escenario mediático en México. Del total de estas empresas, 13 (casi la mitad), como América Móvil o Grupo Multimedios, tienen acciones y convenios en otros sectores.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones del Gobierno Federal, cuenta ya con estudios de competencia económica sobre la propiedad accionaria de las familias propietarias de los medios de comunicación, poseedoras de negocios en diversos mercados. Hasta el momento, tal información está restrigida bajo el candado de la secrecía. Es deseable y necesario que dicha información sea del dominio ciudadano, en apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
El papel que desempeñan los medios informativos hacia la ciudadanía es vital. De manera sistemática y cotidiana cumplen con su obligación de orientar mediante contenidos puntuales, críticos o analíticos, sobre el orden que nos acontece, en temáticas prioritarias como alimentación, cambio climático, desarrollo social, educación, gobernanza política, salud, hasta todo lo que ocurre en cultura, deporte, espectáculo, recreación y finanzas. Su rol es mayor cuando se trata de agendas emergentes; estamos al pendiente de sus mensajes en casos extremos como lo que aconteció con el COVID-19, o cuando llega a suceder un sismo de gran magnitud. De ninguna manera esta invaluable labor informativa debe quedar sesgada por intereses económicos ajenos a la ciudadanía. No es aceptable que los responsables o dueños de los medios de comunicación, respondan a una agenda enfocada a perturbar y/o entorpecer el fortalecimiento de la democracia en México, mucho menos ante un proceso de transformación como el que transita actualmente la nación, enfocado a consolidar un nuevo acuerdo nacional de amplia base social.
Dar el paso para determinar quién es quién en los medios públicos de comunicación en México, permitirá transparentar la objetividad en el manejo de la información que recibimos; fortalecerá la sana independencia de cada medio, así como la pluralidad que es necesaria en una sociedad como la nuestra, tan heterogénea. Principalmente, se brindará una protección al derecho que posee la ciudadanía, sin excepción: el derecho a estar bien informado y, de manera tangencial, conocer a carta cabal los intereses que subyacen en los contenidos que se están consumiendo.