Muchas ciudades del mundo cuentan con puentes físicos bautizados como “de la concordia”, ya que en algún momento de su historia, su sociedad se vio extremadamente dividida y herida. La unidad para salir adelante no pudo ser de otra manera sino a través del encorde de sus integrantes y poner lo mejor de sí en aquel momento de exigencia patriótica, de tener que ceder, ajustarse y dar pasos pequeños, pero certeros, a un espacio de mejoría en comparación de dónde devenían.
México más allá de la retórica de la política partidista debe, pasada la elección del próximo domingo, encordar por el bien de la nación, una nueva cuerda de la que podamos asirnos quienes habitamos en el país. Hacer puentes tal vez ya no tenga la función pedagógica que en siglos pasados estas construcciones materiales tenían, en cambio, sugiero algunos puntos a modificar en la normativa correspondiente para que sirvan de partida para una concordia nacional y una pedagogía cívica del SXXI a través de renovadas instituciones.
No más campañas de desprestigio, mentiras o medias verdades, de odio y división social. Los partidos y sus candidatos deberán respaldar cada dicho suyo antes de publicarse un spot. Si dan una cifra, debe ser corroborable, verificable. Si hacen un señalamiento sobre otro contendiente, deberán hacerlo con bases, con fuentes que todos podamos consultar. En esto el INE tiene previstas comisiones temporales del Consejo General que pudieran, atender este rubro, reglamentado objetiva e imparcialmente, para ofrecernos a los ciudadanos información menos engañosa para nuestra toma de decisiones y no volver a repetir esta escaramuza de denuestos.
No más promesas que no se cumplan. Candidato que se comprometa a algo durante el desarrollo de la campaña, una vez declarado ganador, será señalado ante la Auditoría que le corresponda, para que rinda cuentas de aquellos elementos a los que se comprometió en la búsqueda del voto. Con ello su presupuesto basado en resultados, sus medios de verificación y demás herramientas de la administración en el poder, y orden al que pertenezca, deberá incluir aquello prometido y la Auditoría podrá monitorear el avance de cumplimiento y los ciudadanos podremos verificar ello. Así, el utilizar notarios y testigos de honor, será verdaderamente un acto de compromiso auditable y medible, y no solo una actividad mediática de relumbrón en el oportunismo electorero.
No más partidos políticos que, aunque siendo entidades de interés público, se dediquen esencialmente a alimentar la grilla, los cacicazgos y las “estructuras profesionales” del acarreo y la trata de electores. Esta práctica que guste o no, todos los partidos usan, arrastran a esas personas en la práctica del siglo pasado de controlar a ellos mediante su necesidad. Los legisladores tienen el mayor peso para redefinir este punto que atentará contra buena parte de los medios que los llevaron a su curul; sin embargo, ahí atestiguaremos el compromiso con un nuevo sistema partidista para el siglo XXI o resabios del partidismo caduco que nos ha puesto en estas circunstancias. Partidos con presupuestos públicos para que respondan a la ciudadanía, no solo en Transparencia –que es lo mínimo y que ni eso cumplen- sino rendición de cuentas como entes, autónomos, pero dimanados de la necesidad social de tener elementos estatales útiles e independientes de otros intereses ajenos a los que les manda la Constitución.
Siguiendo con los partidos, en cuanto a los recursos financieros, humanos, materiales con que les dotamos todos los ciudadanos, sería mejor si quedan -en la norma- orientados a la capacitación cívica en cada rincón del país, donde enseñen a la gente de rendición de cuentas, de formas de gobierno, de mecanismos de participación ciudadana y de sus propuestas, que ellos usan donde son gobierno según su particular óptica y filosofía; de paso les servirá para preparar no cuadros de grillos, sino de futuras personas servidoras públicas con nociones de las obligaciones que implica obtener un triunfo electoral.
Sobre sus procesos internos diré que la clave está en los procesos de afiliación, por lo que, si se quiere un cambio de fondo y tener partidos democráticos, requieren nutrirse de demócratas. Estos deberán ser controlados por el árbitro, el INE/ IEE, pues el derecho es de los ciudadanos, no de las dirigencias a manera de clubes donde reserven su derecho de admisión o expulsión. Deberíamos, en este escenario, esperar que la autoridad, sin mayor interés que garantizar la voluntad de las personas a sumarse a una visión política, garantice que los procesos de ingreso o egreso de los mismos sean independientes de las complicidades de camarillas. Además, con ello, los procesos de selección de los partidos no dependerán de las estructuras de control de sus comités o liderazgos que son los que usan a las personas como simples fichas de casino. Así, pertenecer a la dirigencia de un partido será para cumplir con la ley, abonar a la cultura política de la sociedad y formar cuadros de profesionales en el servicio público.
Seguramente dirán que no habrá diputado electo en este próximo 2 de junio que esté dispuesto a este “suicidio político”, y de entrada tienen razón; sin embargo, creo que el extremo en el que ellos mismos nos han dejado parados hoy, hará que algunos de esos futuros legisladores promuevan mecanismos radicales para darle vida al propio sistema, que verán más allá de tres años, que verán al menos el resto del siglo y un nuevo modelo de política electoral partidista.
Ahora, otro punto más que compete a los futuros legisladores -poder del Estado mexicano que, como en el caso de los partidos, urge ponga el ejemplo de que quieren un diseño de integridad pública nacional-, es la “responsabilidad política”, término que, hoy por hoy, es más discursivo que procedimental. Veamos:
Habiendo llegado al extremo de que legislaturas no designen a integrantes de otros entes del Estado mexicano (INAI, CRE, SNA-CS, IFT, etc. por poner ejemplos nacionales) han puesto en riesgo derechos que todas las personas tenemos frente al Estado en los temas donde estos órganos son autoridad. Hecho grave que esperemos no vuelva a repetirse ya que todos estos flamantes legisladores han venido diciendo en esta campaña que habrá, con ellos, un México mejor.
Así que, si realmente el Legislativo quiere ponerse a la altura, la “responsabilidad política” deberá de dejar de ser letra muerta. Aquí un ejemplo, los plazos para designar a estas figuras esenciales del control constitucional, si no se cumplen, en automático deberán quedar sujetos de responsabilidad, esto es juicio político, y deberá haber sanciones específicas, y luego, más allá de la necesaria sanción a los legisladores omisos, debe preverse en ley, que los grupos parlamentarios integrantes de la legislatura en ese vergonzoso episodio, asuman directamente la responsabilidad de dar trámite y conclusión a ese pendiente en plazos que no excedan al original previsto en la ley y, en caso de volver a incurrir en la omisión o no designación, estos también deberán ir a juicio político y ser sancionados públicamente.
Hay muchos más temas donde tenemos que empezar a proponer alternativas que desactiven el origen del vicio que corrompe la norma y las instituciones como hasta hoy sucede. La sociedad civil deberá de fortalecerse y el Estado tendrá que ofrecer nuevos instrumentos para afirmar ello en lo que salimos de la indiferencia y la cultura de “que eso lo vean otros”. Si en algo debemos evolucionar como nación en este nuevo siglo, debe de ser en superar el pensamiento “mágico” en lo social y político. Creer que la alternancia, que Fox, que AMLO, que cualquier candidato por sí sólo va a llegar como mago a transformar nuestra realidad, sería nuevamente un error. Lo que debemos hacer es sumarnos y no a criticar sin propuesta, sino a proponer más, a enriquecer más esas propuestas y a exigir, mediante la vigilancia, a quienes pagamos con nuestros impuestos para que atiendan no solo lo que les obliga la ley, sino lo que nosotros, como sociedad viva y activa, les exijamos pongan a debate y lleven hasta donde sea posible a la práctica.
Que nuestro puente de la concordia sea uno de actualización de instituciones, normas, mecanismos y así como de compromisos objetivos, reales y medibles, tanto para sociedad como para autoridades a partir de esta elección del 2 de junio de 2024.