En los últimos meses mucho se ha especulado sobre la estrategia de “deslocalización cercana” o “nearshoring”. ¿Por qué se califica por analistas económicos y medios de comunicación como una oportunidad histórica para México? ¿No había antes las condiciones para esta estrategia?
Los actores económicos se mueven conforme a un sistema de incentivos. Históricamente, en México se habían venido construyendo las condiciones para favorecer el libre comercio desde la década de los noventa. Con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) las condiciones de intercambio de bienes con una reducción gradual de aranceles dieron cauce a la terminación gradual de un régimen proteccionista, donde la economía local producía sus propios bienes y se beneficiaba de los altos costos de entrada a productos originalmente más baratos y de mejor calidad producidos en el extranjero.
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El TLCAN fue sustituido por el United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) o mejor conocido como el Tratado de México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) el 1 de julio del año 2020.
Con el marco jurídico internacional propicio para fortalecer el comercio entre las tres naciones llegó de manera coyuntural la pandemia COVID – 19, que mostró sus contundentes efectos en la economía mundial que la obligaba a reconfigurarse. Al mismo tiempo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que decenas de empresas productoras de semiconductores fueron registradas, entre 2020 y 2022, en la “lista negra de intercambio” o “trade blacklist”
Las dos condiciones mencionadas cambiaron el panorama geopolítico mundial, en donde las circunstancias, y no los mandatarios, se ven obligados a cambiar sus estrategias hacia rumbos que difícilmente hubieran esperado (Friedman, George. “The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century”).
Los incentivos llevaron a reinventar el diseño de “supply chain” hacia una estrategia viable que diera salida a la demanda de semiconductores dentro de una compleja coyuntura de una economía paralizada por la pandemia.
Surge entonces una maniobra que daría lugar a una reducción de dependencia comercial de Estados Unidos con China y que al mismo tiempo brindara mayor certeza en la cadena de suministro a menores costos. Es entonces cuando el marco jurídico de comercio internacional iniciado en julio de 2020 cobró todo el sentido. La gradual migración de dependencia China dio paso a la oportunidad mexicana, dentro de un marco jurídico que brindaba certeza a las empresas para migrar su producción a México poco a poco. Con restricciones y retos en aspectos de negociación, infraestructura de transporte, puertos y seguridad pública, pero México, con más de 3 mil kilómetros de frontera con la economía más grande del planeta, se presentaba como una opción factible.
A este punto cabe resaltar una idea crucial. Fueron las circunstancias globales, la reconfiguración geopolítica la que detonó el llamado “nearshoring”, no un nuevo marco legal, no una estrategia de comercio ideada por México a partir de 2020.
Certeza jurídica, menores costos de transporte, similitud de husos horarios, acceso privilegiado a los océanos y una frontera que cualquier país del mundo hubiera soñado con tener, fueron algunas de los principales detonadores de la “oportunidad histórica”.
Un compendio de 34 capítulos de reglas claras establecidas en el Tratado de julio de 2020 brinda los incentivos suficientes para pensar en México como una China pegada a los Estados Unidos, sin dejar de mencionar el artículo 133 Constitucional en el que la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales serán ley suprema de toda la unión.
Cabe destacar algunos capítulos que es fundamental entender y contar con asesoría profesional. Por ejemplo, el capítulo 14, sobre Inversiones, sienta las bases y definiciones de lo que constituyen inversiones y su tratamiento. El capítulo 24, respecto al tratamiento al medio ambiente, medidas y certificaciones requeridas para el manejo de emisiones y disposición de residuos es fundamental en cumplimiento no solo del T-MEC sino de disposiciones internacionales como la Agenda 2030 o el Acuerdo de París. La participación y acceso a crédito y capital para las Pequeñas y Medianas Empresas establecidas en el capítulo 25, los derechos y tratamiento de propiedad intelectual en el capítulo 20, su regulación y consideraciones dentro del tratado, o el capítulo 31 sobre las condiciones para el tratamiento de disputas.
Según el último informe del Consejo de Empresas Globales (CEG), el nearshoring podría generar entre 2 y 4 millones de empleos adicionales en México para 2030, la Inversión Extranjera Directa (IED) podría llegar a 50 mil millones de dólares anualmente.
Ante tan prometedor panorama surge la pregunta obligada: ¿Y nosotros qué?
Primero. Sin duda que tenemos una gran responsabilidad ante esta realidad. Es imperativo que el sector privado y la sociedad civil hagan su tarea. A nosotros nos toca revisar puntualmente el capitulado del TMEC, los requerimientos, limitantes y condiciones que nos permitan participar, las capacitaciones, estándares y ecosistema que debemos impulsar.
Segundo. A nuestras autoridades les corresponderá, naturalmente, proporcionar las condiciones de infraestructura y seguridad para la llegada de inversiones de largo plazo. Reducir sustancialmente el número de homicidios en el país, que en los últimos años ya suman casi 200 mil. Adicionalmente, la focalización de proyectos detonadores de derrama económica regional que prueben fortalecer la credibilidad en las autoridades, llevando a cabo proyectos funcionales, esto es, que funcionen, lejos de enviar señales de inversiones en proyectos que han superado su costo estimado inicial hasta en tres veces sin resultado alguno.
Llaman la atención con particular fuerza tres retos para el sector público de cara al nearshoring:
1. Erradicación de prácticas de corrupción. De acuerdo con la Agencia especializada en evaluación de percepción de corrupción a nivel mundial, México se mantiene en 2022 en el lugar 126 de 180 países evaluados por la agencia, con un puntaje de 31/100, quedando entre los países con una mayor percepción negativa en términos de prácticas de corrupción desde 2020. Escándalos mediáticos sobre tráfico de influencias, asignaciones de contratos de manera discrecional y señales públicas sobre asignación de presupuesto a proyectos que no han mostrado resultados, inciden en una percepción de prácticas de corrupción entre las mas evidentes a nivel mundial.
2. Migración hacia la transición energética y cuidado del medio ambiente. La asignación de presupuesto de manera constante en proyectos basados en generación de energía a través de petróleo y en general a través de combustibles fósiles, como es el caso de la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, además de presentar sustanciales sobrecostos, envían una señal al mercado sobre la política respecto al cuidado del medio ambiente y atención la reducción de gases de efecto invernadero, contraviniendo así disposiciones y propuestas de coordinación a nivel mundial como el Acuerdo de París y la Agenda para el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. En este sentido, el proyecto prioritario, de acuerdo con el Paquete Económico 2024 propuesto por el Ejecutivo Federal, El Tren Maya, ha sido el centro de llamadas de atención por la tala de árboles de manera indiscriminada, adicionalmente a sus bajos o nulos efectos positivos en términos de derrama económica y asignación de presupuesto.
3. Envío de señales claras al mercado respecto de la relación de las autoridades con el crimen organizado, particularmente con las redes y líderes del narcotráfico. Las constantes señales a los inversionistas de la relación de las autoridades con el crimen organizado no son un asunto de percepción sino de realidad. Visitas públicas de autoridades de primer nivel a personajes vinculados o familiares de líderes del narcotráfico, figuran no solo en los medios, sino en la agenda presidencial. Recientes investigaciones sobre vínculos del crimen organizado, si bien pudieran ser cuestionables, el hecho es que no favorecen la percepción de los inversionistas en términos de seguridad pública, imperio de un estado de derecho y posibles necesidades de pago de derechos y/o permisos de operación lícita extraoficiales.
En combinación de las dos anteriores propuestas, surge la de la participación como sociedad civil organizada, en la que se aporten ideas de unidad, no de división; se aporten ideas que construyan equilibrio de poderes para garantizar la gobernabilidad y la estabilidad social. Una sociedad civil que cubra los espacios informativos con propuestas ganadoras y que fomenten la cohesión social, independientemente de lo que unos u otros pudieran hacer o dejar de hacer.
Es nuestro el reto de proponer, participar, aportar, salir de nuestra zona de confort y brindar todo lo que a nuestro alcance esté, no menos, para poder ver a nuestros hijos a los ojos el día de mañana y poder asegurar un país con oportunidades y ser capaces de decirles: te dejo un país con mejores condiciones para tu desarrollo, libertad, seguridad y calidad de vida, respecto de aquél que encontré.