En las semanas que han pasado he escrito, por una parte, sobre los mecanismos que los ciudadanos tenemos para hacer valer nuestros derechos. Apenas la semana pasada escribía sobre las obligaciones que tiene la autoridad municipal. No ha sido casualidad, he querido transmitir mi idea de la relación entre ciudadanos y su gobierno, donde el Gobierno hace lo que está dentro de sus atribuciones mismas que estén señaladas en la Constitución federal y local, así como en las leyes y reglamentos que de ella emanan; y los ciudadanos exigen a los gobernantes usando los mecanismos jurídicos que están diseñados para hacer valer sus derechos. Tengo años escribiendo sobre este tema. No es descubrir el hilo negro, es solamente describir bien el hilo negro. Recordar y tener en claro esta relación, en la que quien tiene el poder es el ciudadano.
La simple idea de esa república democrática representativa que está plasmada en nuestra Constitución, pareciera algo tan tan obvio y simple, pero parece no funcionar en nuestro país. Tenemos muchos años que la forma de organizarnos ya está planteada y nos ha costado incluso sangre de nuestros grandes héroes que mediante revoluciones han planteado esas ideas y las han establecido mediante los textos legales creando instituciones. ¿Acaso la democracia no es para nosotros? Yo contestaría de forma inmediata citando a Winston Churchill: “la democracia es el peor sistema de gobierno diseñado por el hombre, a excepción de todos los demás”. ¿Qué nos hace falta entonces? Lo diré en una palabra: Educación.
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Cuando el gran Melchor Ocampo, del que últimamente he leído mucho y durante mi infancia escuché a mi padre hablar de él, decía que: “la educación es la escalera que nos llevará a la cima de la montaña de la prosperidad”. Lo decía con conocimiento de causa; gracias a la educación, este hombre tuvo movilidad social y se convirtió en uno de los ideólogos de la segunda gran transformación de nuestro país.
La educación debe ser integral, si queremos que sea una escalera debe contar con equilibrios. Lo mismo debe de desarrollar habilidades en las diferentes ciencias; pero lo que no puede fallar y apelando a la influencia aristotélica-tomista que tengo en mi pensar, es la educación del buen ciudadano. La escuela debe procurar formar personas que estén interesados en lo que sucede en donde viven desde las diferentes artes u oficios que desarrollen; no necesariamente todos deben estar en la administración de la ciudad.
Para cualquier gobierno, invertir en educación es como invertir en medio ambiente o a las tuberías de una ciudad, tienen efectos a largo plazo; pocas veces son inmediatos, es una inversión a futuro, todas altamente redituables para nuestra sociedad. Desgraciadamente al no tener resultados rápidos, apostarle a la educación es poco redituable si de elecciones se trata, que es el objetivo primordial de los planes de muchos gobiernos. Todos los niveles de gobierno deberían de trazar un rumbo para la educación de largo alcance, que vaya más allá de administraciones, sin pintarlo de algún color y planteando objetivos simples, pero muy concretos. Los gobiernos municipales, como ya puntualizamos la semana pasada, no pueden hacerse a un lado. Ya lo dijimos, si bien no es una atribución directa, de una interpretación sistemática del texto constitucional, surge la obligación del municipio de colaborar con las demás instancias para garantizar la educación de todos los mexicanos.
Creo firmemente que el invertir en educación no solamente se refiere a lo que se haga dentro de las aulas, implica también garantizar la accesibilidad a los centros educativos y ahí sí interviene el municipio de manera directa, ya que el tener caminos transitables, iluminados, con servicios públicos y que cuenten con seguridad termina siendo indudablemente tarea de municipio.
Cumplir con el precepto señalado en el tercer artículo párrafo duodécimo fracción segunda inciso A) de nuestra Carta Magna, el cual plantea una educación en la que deben imperar los valores democráticos, también incumbe al municipio. ¿Cómo? Propagando los mecanismos en los que un ciudadano puede hacer valer sus derechos, por eso señoras y señores, si hemos seguido el silogismo planteado en éste texto, esto es efectivamente una obligación constitucional para cualquier servidor público. No podemos dejar toda la responsabilidad a los maestros, al ser un Derecho Humano señalado en la Constitución, todos los servidores públicos deberíamos de trabajar en la consecución del mismo.
Quizá lo escrito en la columna suene complicado de alcanzar, pero cuando una meta me suena inalcanzable, suelo recordar una frase de Carlos Llano, con la que concluiré este escrito: “Más vale proponerse la meta de la excelencia y no lograrla, que la mediocridad y conseguirla.”