En los foros del agro de manera constante se habla de superficies agrícolas, destinos y tipos de cultivos, de semillas, de la tierra, de los mecanismos de distribución, puntos de venta y también se habla de quiénes están arriesgando grandes capitales por sus inversiones en la producción agrícola, pero rara vez se habla de uno de los dos factores más importantes para este tema: el primero corresponde al medio ambiente, y el segundo, indispensable y del que poco se habla, no lo es solo la mano de obra, sino la persona que acompaña a esa mano que sirve al campo, a la tierra y a México. Es de ellas, ellos y elles de quienes les quiero platicar.
El agro en el mundo histórica y universalmente está íntimamente vinculado a ser la vía que resolverá las crisis que enfrenta y enfrentará la humanidad para su supervivencia, pero también el agro está vinculado a diversos abusos de los derechos humanos y México como Puebla no es la excepción.
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Si bien se han logrado avances en los últimos años en el agro, problemas sumamente delicados se han invisibilizado o no han sido tomados en cuenta, tales como la explotación y trabajo infantil, trabajo forzoso en malas condiciones, con desigualdades y bajos salarios, así como la ausencia de igualdad sustantiva de género, sumado a que esta actividad se encuentra directamente relacionada con un muy alto porcentaje de pueblos originarios y tradiciones ancestrales.
Veamos los datos:
De los 50.8 millones de personas mexicanas económicamente productivas, 5.3 millones lo hacen en actividades agrícolas y 3 millones de personas se desempeñan como jornaleros y jornaleras en los campos agrícolas; el promedio del ingreso rural es 30% menor que el urbano. De la población rural 48% tiene ingresos por debajo del nivel del salario mínimo, 10% entre 1 y 1.5 salarios mínimos y 34% tiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos Para que la agricultura sea más sostenible es necesario provocar que trabajadores y agricultores puedan ganarse la vida en condiciones de trabajo digno y decentes.
Existen 160 millones de niños en todo el mundo que son víctimas del trabajo infantil; un 70 por ciento, trabajan en el sector agrícola, necesitamos que se rompa con la tradición mal entendida de que el trabajo infantil en el campo es válido porque no lo es.
Las mujeres en el mundo tienen una función esencial en las economías rurales y a pesar de eso, la ONU Mujeres, tiene el dato de que el 64% de las mujeres en los países de ingresos bajos y el 42% en los países de ingresos medios bajos trabajan en la agricultura. Sin embargo, las mujeres rara vez reciben una proporción justa de los recursos y del ingreso por esta actividad. Mundialmente menos del 15 por ciento son propietarias de la tierra o titulares ejidales. y en México hay comunidades y zonas rurales donde las mujeres son el soporte más importante en comunidades enteras y a pesar de eso, siguen recibiendo porciones inferiores en comparación con los hombres
La población jornalera en México en el segundo trimestre de 2023 fue 2.97 millones de personas, cuyo salario promedio es de $2,600 pesos mexicanos, trabajando alrededor de 37.1 horas a la semana. La edad promedio de los trabajadores en actividades agrícolas fue de 48.5 años (la población jornalera está envejeciendo), y contamos con una alta proporción de personas indígenas: 24% habla una lengua indígena, una proporción tres veces superior a la nacional.
Una propuesta de solución y mejora es fortalecer al campo impulsando cooperativas, economías locales, fuertes, arraigadas en los valores y tradiciones de los pueblos originarios, aprovechando el conocimiento ancestral de cada región en beneficio de la misma industria, generando nuevos nichos de oportunidad desde la colectividad para potencializar las regiones y para ser atractivos sus productos y procesos de producción en los mercados nacionales e internacionales, debiendo de mantenerse en la batalla y defensa de nuestras semillas como son los diferentes tipos de maíces en el país.
Urge cumplir con los compromisos internacionales y respetar los derechos humanos, pero esto no se podrá hacer solamente exigiendo el cumplimiento de estas obligaciones; necesitamos que en el Estado, productores, trabajadores del campo actuemos armónicamente y mediante incentivos, no solo mediante amenazas o sanciones; también desde el Estado se deben realizar gestiones con organismos y colectivos de derechos humanos y medio ambiente que certifican y apoyan a los productores individuales y empresas que cumplen con dignificar los derechos humanos, también es necesario construir nuestros propios procesos de certificación en el estado, que premien e incentiven aquellos que cumplen con dignificar los derechos humanos y generen condiciones de un medio ambiente sano para todas las personas. Hoy existen organizaciones no gubernamentales que atienden a productores del café, cacao, entre otros productos con estas prácticas y con quienes tenemos que trabajar bajo dinámicas de cohesión social para que Puebla se beneficie no solo de lo que se exige, sino que obtenga mayor provecho de lo que se logra con las certificaciones internacionales que existen en el agro.
Pero nada de esto se podrá hacer sino implantamos en el estado el Sistema Estatal de los Derechos Humanos y su municipalización, que nos permita llegar a todos los municipios, juntas auxiliares, rancherías, pueblos y ejidos para que con la participación de toda la población logremos generar ciclos armónicos de producción, ganancia y a favor del respeto de los derechos humanos y alcanzando un medio ambiente sano en el estado de Puebla.