En enero del año pasado escribí lo siguiente:
El 14 de mayo del 2021, semanas antes de las elecciones en las que se renovaron las presidencias municipales y el Congreso local en Puebla, el entonces gobernador Miguel Barbosa dijo lo siguiente:
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"Claro que tengo identificados a muchos candidatos que están vinculados con el crimen, que pronto, puede ser el lunes, presentaremos la denuncia del Gobierno del Estado ante la Fiscalía General del Estado sobre esos candidatos".
Dos días antes de la rueda de prensa del gobernador un documento de inteligencia fue parte de una reunión que sostuvieron dependencias del área de Seguridad Pública del gobierno estatal con instituciones federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR).
En dicho documento, que fue hallado en los millones de correos obtenidos y filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, se enlista a 18 personas, candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones posiblemente relacionados con grupos del crimen organizado.
En muchos de los casos los nombres mencionados tienen señalamientos públicos y periodísticos previos, que apuntan a relaciones con personajes del crimen organizado y/o grupos delictivos.
En aquella entrega les contaba la respuesta que me había dado la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando solicité información sobre esas denuncias que según Barbosa se habían hecho a candidatos de la elección del 2021 que estaban vinculados al crimen organizado.
No les cuento más de lo que me dijo la FGE (la historia en este link); por ahora el tema es otro.
Después de más de un año, y de que el Instituto de Transparencia finalmente resolvió mi queja, la FGE me respondió, ahora sí en forma, aquella solicitud que presenté en octubre del 2022 y que ya tenía hasta olvidada.
Y su respuesta es básicamente que el gobernador mintió en aquella rueda de prensa, no hubo denuncias en contra de candidato alguno, a pesar de que sí tenían información del gobierno federal sobre las relaciones entre los grupos del crimen organizado y algunas personas que aspiraban a un cargo de elección popular (eso acá se los conté).
Esto fue lo que dijo la FGR: “no se localizó registro alguno de la recepción de denuncias a las que se hace referencia en la solicitud 210421522000986, en consecuencia se cuenta con 0 (cero) registros de personas denunciadas, carpetas de investigación, estatus de carpetas de investigación y personas detenidas”.
¿Entonces, el hoy fallecido gobernador mintió? ¿Fue solo uno de los clásicos amagos para poner a temblar a sus aliados y a sus enemigos? Difícilmente podremos saberlo.
La solicitud también se la dirigí a la Consejería Jurídica, como órgano auxiliar del gobernador, ahí nunca hubo respuesta.
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Me cuenta una fuente que la calle Tercera Sur que cruza el fraccionamiento La Concepción Buenavista, y que nos vecinos de ese ghetto de pudientes decidieron cerrar a pesar de ser una vialidad pública, sigue cerrada pues el ayuntamiento de San Andrés que encabeza Edmundo Tlatehui obtuvo una prórroga de cinco días hábiles con el argumento de que han tenido problemas para conseguir equipo y personal para efectuar la demolición de la reja y el arco con los que mantiene bloqueada la vialidad.
Vaya cosa, el ayuntamiento que incluso ofrece a los ciudadanos la posibilidad de rentarles equipo y maquinaria pesada dice que tiene dificultad para llevar a cabo la tarea que le ordenó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
¿Y sobre los más de 10 mil metros de área verde que el fraccionamiento donó al ayuntamiento al municipalizar el desarrollo inmobiliario y que ahora están bardeadas y escrituradas a un particular, tendrá algo que decir Tlatehui?
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Adiós José Agustín, gracias por tanto.
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