El 14 de mayo del 2021, semanas antes de las elecciones en las que se renovaron las presidencias municipales y el Congreso local en Puebla, el entonces gobernador Miguel Barbosa dijo lo siguiente:

"Claro que tengo identificados a muchos candidatos que están vinculados con el crimen, que pronto, puede ser el lunes, presentaremos la denuncia del Gobierno del Estado ante la Fiscalía General del Estado sobre esos candidatos".

Las palabras del mandatario se produjeron luego de que, en el municipio de Cajeme, Sonora, fue asesinado a balazos un candidato del partido Movimiento Ciudadano:

“Fue un hecho reprobable, terrible. Fue la mafia, la delincuencia organizada en contra de un hombre que mantuvo planteamientos de mucha justicia”.

Y agregó: “En Puebla el único candidato que nos pidió protección y ya se está formalizando, es el candidato de Morena en el municipio de Palmar de Bravo”, y ahí fue donde afirmó que contaba con información sobre la vinculación de candidatos poblanos con el crimen organizado.

Además del asesinato del candidato sonorense había un elemento más en ese escenario electoral que proveyó de información al hoy extinto mandatario poblano.

Dos días antes de la rueda de prensa había circulado un documento de inteligencia como parte de una reunión que sostuvieron dependencias del área de Seguridad Pública del gobierno estatal con instituciones federales como la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República (FGR).

En dicho documento, que fue hallado en los millones de correos obtenidos y filtrados por el grupo hacktivista Guacamaya, se enlista a 18 personas, candidatos y candidatas a presidencias municipales y diputaciones posiblemente relacionados con grupos del crimen organizado.

En muchos de los casos los nombres mencionados tienen señalamientos públicos y periodísticos previos, que apuntan a relaciones con personajes del crimen organizado y/o grupos delictivos.

El documento en cuestión es una presentación PowerPoint titulada “Agenda Ejecutiva Proceso Electoral Concurrente 2020-2021” y tiene el logo de tres dependencias estatales: Gobernación, Seguridad Pública, Fiscalía y la del propio Gobierno Estatal, así como los logos de los organismos federales.

Esa nota la publiqué en LADO B en noviembre del año pasado: #SedenaLeaks: 18 candidatos vinculados al crimen organizado en la elección del 2021.

Y esta es la lista:

Un par de días antes de la publicación solicité a la Fiscalía información sobre las denuncias que había anunciado el gobierno del estado. Ojo, sólo pedí información a la que sí es posible tener acceso. Es decir, los números de folios de las carpetas de investigación.

La respuesta de la Fiscalía me produjo una mueca sardónica por lo infantil de su planteamiento, pues al parecer sacaron su bola de cristal para detectar mis “intenciones”.

Esta fue la petición:

“Solicito se me informe el número de personas denunciadas y los números de las carpetas de investigación que se iniciaron a raíz de la denuncia anunciada (por el gober). Pido también se me informe el estatus en que se encuentran las carpetas de investigación y, si fuese el caso, el número de personas detenidas”.

La respuesta fue de antología:

"Derivado del análisis de su solicitud de información, se observa que la esencia pura de la misma pretende coligar los hechos con alguna persona física, ello derivado de la declaración realizada por el Ejecutivo en dicha fecha; por lo cual, en apego a las disposiciones normativas que regulan la protección de datos confidenciales, nos encontramos imposibilitados jurídicamente para pronunciarnos en sentido afirmativo o negativo, respecto a la existencia de las denuncias, número de carpeta de investigación, estatus y detenidos."

Es decir que de acuerdo con la Fiscalía el reportero podría ligar un número de carpeta de investigación, que no es más que una cadena de caracteres, con alguna persona física.

Vamos, que por lo visto para la Fiscalía las y los reporteros somos capaces de conocer quiénes son las personas involucradas en los ilícitos denunciados e investigados con solo mirar el número de folio de las carpetas de investigación.

En el resto de su respuesta la Fiscalía además intentó argumentar que los números de carpetas de investigación son susceptibles de ser considerados datos personales y por tanto debe estar reservados, e integran en su respuesta una tesis retomada del Semanario Judicial de la Federación sobre “Los límites al derecho de acceso a la información”.

Ya les contaré cómo resuelve al respecto el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Puebla.

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