Han pasado nueve años desde que el conteo del feminicidio en el país se realiza por separado respecto del homicidio doloso. Igual cantidad de años han transcurrido desde que en el estado de Puebla la ley en la materia se ajustó para que dicho delito sea sancionado con mayor severidad.
A lo largo de estos años las cifras registradas en la entidad poblana han mostrado altibajos, dependiendo más de la aplicación de criterios a partir de los cuales se tipifica como tal que de la cantidad de casos que han sido denunciados por familiares de las víctimas, al considerar que deberían ser considerados como feminicidios.
Más artículos del autor
Cabe referir que durante la fase crítica de pandemia del Covid-19 (año 2020 con 54 feminicidios) la incidencia de este delito se incrementó, a la par que la violencia familiar, confirmando una correlación positiva entre ambos delitos en la que, si uno sube, el otro también y viceversa.
No se debe perder de vista que para el caso de Puebla la ley señala que comete delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género y que se considera que existen este tipo de razones cuando concurren alguna de diez circunstancias descritas en la ley, es decir que con una que se cumpla basta para tipificar el delito y que no es necesario que se cumplan todas.
Sin embargo, no se explica cómo es que siendo tan numerosos los criterios para tipificar el feminicidio las cifras de la autoridad sean tan bajas respecto de las documentadas por diversos colectivos interesados en su conteo y atención. Igual suerte han corrido los casos documentados por algunos medios de comunicación local al no coincidir con los de la autoridad, que por lo regular han sido más reducidos.
Pero más allá de estas discrepancias, al cierre de 2023 las cifras anualizadas arrojan que el feminicidio fue superior en un 85% respecto de 2022, al pasar de 20 a 37 víctimas de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado reportadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es obvio que las de 2023 no son las cifras más altas en materia de feminicidio, pero no son para celebrar, tampoco lo son si se comparan con los homicidios dolosos que fueron 967 en 2023.
Un delito asociado con el feminicidio que también mostró un incremento en 2023 fue la violencia familiar que pasó de 8 mil 191 en 2022 a 8 mil 804 en 2023, es decir se incrementó un 7.4%
Habrá que recordar que en otras dos entidades del país en las que el delito de feminicidio es similar al registrado en Puebla, como lo es la Ciudad de México y el Estado de México, donde sus leyes son relativamente más sencillas de aplicar ya que el número de criterios o supuestos para tipificarlo como tal son menores que en el estado de Puebla; en la capital del país son solo cinco los criterios mientras que en la entidad mexiquense son ocho, destacando que en ésta última puede cometer feminicidio una persona que no tenga relación afectiva alguna con la víctima o incluso que no la conozca previamente.
Además las penalidades son más severas en el Estado de México, donde se castiga con cárcel de cuarenta a sesenta años (similar a las que establece el Código Penal Federal) o prisión vitalicia con la agravante de hasta un tercio cuando las víctimas sean menores de edad, embarazadas o discapacitadas o cuando el agresor sea servidor público y hubiera cometido el delito valiéndose de esa condición. Le siguen Puebla con penas de cuarenta a sesenta años y multas de 500 a 1000 UMAs. En tercer lugar se encuentra la CDMX con penas de veinte a cincuenta años.
Mención aparte merecen los estados de Morelos y Veracruz, el primero por sus cifras tan altas teniendo una población relativamente pequeña, mientras que la segunda con cifras parecidas a las del Estado de México. En ambos casos el cambio de gobernador abre la posibilidad de un cambio en la estrategia de atención de este flagelo que por seis años fue prácticamente ignorado.