Cartas a Gracia
Comentaba en una de las cartas que te enviara recientemente, Gracia, que el Pacto Nacional de Ciberseguridad de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, firmado el 7 de noviembre entre miembros de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados y de Senadores; representantes de instituciones gubernamentales como el Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (SiPINNA); empresas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial e influencers, entre otros, daría para mucho más qué hablar; sobre todo ahora que la sociedad se habría visto nuevamente impactada por las desapariciones y asesinatos de jóvenes realizados en entidades como Guanajuato y Jalisco. Sucesos de alto impacto que generarían zozobra y miedo en la sociedad, que aun y cuando quisiera permanecer ecuánime, siempre tendría razones para sorprenderse.
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La representante de SiPINNA, al urgir la aprobación de una ley en materia de ciberseguridad -largamente esperada por ausente- insistiría, refiriéndose a las y los menores: “Porque sí sufren violencia en el ecosistema digital. Esta es más duradera, profunda y dañina como los ciberdelitos de pedofilia, de trata de personas, de desaparición y muerte que se gestan o culminan en el mundo virtual”. Menores que de acuerdo al sitio de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDiM)
serían objeto de 34 971 delitos tan solo de enero a noviembre del año en curso, cifra que representaría un incremento del 13.9% respecto al mismo periodo del año anterior; de ellos “18,531 [serían tipificados como] lesiones de niñas, niños y adolescentes [que] observadas en el país durante 2023, representan el máximo histórico para el periodo de enero a noviembre desde que se tiene registro (2015); 815 homicidios dolosos(129 mujeres y 686 hombres)” a los que se sumarían “611 personas de entre 0 y 17 años [que] han perdido la vida por homicidio con arma de fuego en México de enero a noviembre de 2023 (99 mujeres y 512 hombres)”, y sin dejar de lado, “69 feminicidios de menores de 17 años”. En todas las variables REDiM resaltaría una sensible disminución absoluta y porcentual respecto al año anterior (2021).
No obstante, la aclaración del blog mencionaría que “pese a estas obligaciones del Estado, en México [se cometerían] más delitos contra personas de 0 a 17 años [que]se han reportado en enero de 2023 que durante el mismo mes de 2022 de acuerdo a las cifras de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP (2,674 y 2,159 respectivamente)”. Resaltaría los siguientes datos que corresponderían a cinco delitos contra menores que acusarían un incremento en enero de 2023 respecto a enero de 2022: “Corrupción de menores (de 145 a 146, un incremento de 0.7%); extorsión (de 11 a 21, un incremento de 90.9%); feminicidio (de 6 a 7, un incremento de 16.7%); lesiones (de 1.101 a 1,445, un incremento de 31.2%); trata de personas (de 17 a 39, un incremento de 129.4%). De la misma manera, el blog actualizado a noviembre del 2023 con datos de enero al mes mencionado y citando a la misma fuente "cifras de incidencia delictiva del fuero común del SESNSP arrojaría las siguientes cifras: 34,971 y 30,704 respectivamente)”; señalando un incremento del 14.2% y del 62% en dos delitos del fuero común: lesiones (de 16,220 a 18,531) y secuestro (de 50 a 81).
REDiM preguntaría: ¿En qué entidades se han observado más delitos contra niñas, niños y adolescentes? El mismo se contestaría, diferenciando entre delitos, feminicidios, homicidios dolosos y homicidios utilizando armas de fuego, cometidos en contra de menores, resaltarían: 1. En delitos, tres de las zonas que mayor desarrollo económico del país: Estado de México, Nuevo León y la Ciudad de México; 2. en tanto que Oaxaca destacaría en el rubro de feminicidios; lo mismo que; 3. en Guanajuato, Estado de México y Zacatecas que liderarían las cifras en de homicidios dolosos y; finalmente, 4. en los Estados de Guanajuato, Zacatecas y Estado de México serían las entidades en las que se cometerían más homicidios utilizando armas de fuego; coincidiendo los numerales 3 y 4 con lugares en los que se habrían cometido asesinatos colectivos en el último año. La lista permitiría inferir que el Estado de México se llevaría el palmarés tratándose de delitos -en general- cometidos en contra de menores de entre 0 y 17 años.
Las cifras y los porcentajes de delitos cometidos en contra de menores de 0 a 17 años abrumaría al más pintado, Gracia; y, sin embargo, madres, padres de familia, tutores, maestras y maestros no estarían exentos de responsabilidad a la hora de adoptar medidas que permitieran que las y los menores a nuestro cargo, contaran con medidas de protección que partirían de hacer de la casa (hogar), un entorno seguro que incluyera a niñas, niños, adolescentes y mayores de edad en condiciones de vulnerabilidad, dado el gran número de incidentes y de abusos (delitos) que cometerían personas ¿cercanas y de supuesta confianza? que convivirían con ellos. De la misma manera, exigir a las autoridades responsables un ejercicio adecuado que mejore las condiciones de seguridad, vigilancia y movilidad entorno a los domicilios, escuelas y espacios de esparcimiento. Exigencia que tendría que ser acompañada por las y los mayores, quienes tendrían la obligación de no permitir que las y los menores, fuesen solas y solos de compras a la tienda de la esquina, saliesen a jugar a la calle o al parque de la colonia “entre otras situaciones”, sin la vigilancia familiar y gubernamental adecuada.
La educación en casa y en la escuela tendría que ser modificada, enseñando a los párvulos y a los adolescentes mediante el diálogo, cómo actuar ante una contingencia, incluidas balaceras en torno a los domicilios y a las escuelas -que se han vuelto tan cotidianas-; robos en el transporte y en las calles, sin dejar de enseñarles a gritar y pedir auxilio sin exponer su vida entre situaciones de peligro.
Las maestras y los maestros, por su parte, deberían tomar en cuenta las obligaciones que, como terceros involucrados, tendrían al percatarse de lesiones que, de manera evidente, presenten las y los educandos al acudir a las instituciones educativas como lo mandataría la Ley de Protección para las Niñas, los Niños y los Adolescentes, y dar parte a las autoridades correspondientes cuando desde su óptica, se trate de delitos cometidos en contra de menores, Gracia.