Quizá el nombre de Salvárcar no le suene tan familiar como el de Salvatierra, sin embargo, en materia de violencia ejercida en contra de jóvenes, no se pueden analizar los hechos suscitados el 17 de diciembre en Guanajuato (Salvatierra) sin recordar los hechos registrados en aquel lejano 2010 en Ciudad Juárez, Chihuahua.
La cercanía de los casos radica en que en ambos eventos fueron asesinados jóvenes que departían en una fiesta, misma que fue interrumpida por los disparos de armas de fuego. En Villas de Salvárcar el saldo fue de quince jóvenes muertos, mientras que en Salvatierra fue de once.
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En términos de violencia en ambos municipios los jóvenes quedaron en medio de la disputa entre varios grupos delictivos y en términos políticos también, ya que los colores partidistas del presidente de la República en 2010 eran diferentes al del estado de Chihuahua y hoy también lo son en Guanajuato. En 2010 el gobierno federal era del PAN, el del gobierno de Chihuahua era del PRI, mientras que el municipal era del PAN; actualmente el gobierno federal es de Morena, el gobierno estatal del PAN, en tanto que el municipal de Salvatierra también es del PAN.
Sin embargo, más allá de los colores de los partidos de los que emanaron los gobernantes de los tres niveles de gobierno, el problema es que la estrategia para contener la violencia ha fallado. Sin duda que hay algunos avances en algunos temas en particular, pero mientras no se resuelva el problema de los homicidios dolosos, la seguridad seguirá siendo una deuda para con los ciudadanos en general, hayan votado o no por el actual Presidente de la República.
Otra coincidencia tiene que ver con que ambos casos merecieron un “manotazo en la mesa” por parte del titular del Ejecutivo federal en turno en busca de un control de daños lo más rápido posible mientras se enfrían los ánimos.
La única diferencia es que el caso de Villas de Salvárcar (30 para amanecer 31 de enero del 2010) marcó el inicio de una nueva etapa en la estrategia de seguridad bajo el programa “Todos somos Juárez”, que en menos de dos años de trabajo integral y coordinado bajo el modelo de “Mesa de seguridad” y otras mesas temáticas como salud, economía y educación, permitieron resolver el problema de la violencia y devolver a los juarenses un clima de seguridad y tranquilidad similar al prevaleciente previo a los lamentables hechos.
Tan contundente fue el alcance de dicha estrategia que los homicidios dolosos disminuyeron 85% en el lapso antes referido, mientras que los secuestros se redujeron en un 100% y la extorsión y cobro de piso en 60%, ya que lo que buscaba dicha estrategia era devolver primero la seguridad y no la paz como ahora están buscando sin saber realmente a dónde quieren llegar, porque el término paz es muy relativo y no siempre viene acompañado de tranquilidad para la ciudadanía, sino que se refiere a términos más bien políticos y sociales.
De hecho, en su columna titulada “La destrucción del tejido social. El ejército en las calles no es suficiente”, publicada en Excélsior, el profesor de la Universidad Panamericana y egresado de la Universidad de Harvard, Ricardo Alexander Márquez Padilla refirió a la estrategia “Todos somos Juárez” como un caso de éxito en materia de reconstrucción del tejido social como en ninguna otra parte del país, puntualizando que los homicidios (dolosos) en Ciudad Juárez disminuyeron de 3 mil 89 en 2010 a únicamente 259 en 2014.
Veremos cuál es la respuesta del gobierno federal ante los hechos de Salvatierra, donde obviamente el tejido social está roto, más allá de lamentar la pérdida de vidas humanas y exigir la salida del Fiscal General del estado de Guanajuato como condición para que el problema se resuelva. El solo hecho de atraer el caso para que la investigación corra a cargo de la Fiscalía General de la República tampoco es suficiente, la solución vendrá de un ajuste a la estrategia de seguridad en el que se incorporen a todos los sectores de la sociedad como coadyuvantes, es decir que sea más integral y el gobierno federal acepte que las cosas no van bien.
Igual debería suceder en entidades como Puebla, donde a pesar de que hace algunos días las labores de seguridad fueron replanteadas e incorporada la Secretaría de Marina, los homicidios dolosos se siguen suscitando en forma sostenida, el más reciente una ejecución de un arrendador de camionetas y vehículos de alta gama, algunos de ellos para jugar arrancones en las principales vialidades de la capital poblana y municipios conurbados, sin que nadie lo molestara.