La nación pone a prueba su convivencia democrática ante la renovación de su representación, como lo muestra el nombramiento del rector de la Universidad Autónoma de México y la definición de los nueve nominados Defensores de la 4T en vías de convertirse en candidatos de Morena a gobiernos de los estados.
Demandas de las Minorías
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Un buen síntoma de su capacidad democrática en su solución pacífica y ordenada como quedó demostrada con la nominación del nuevo Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.
La otra prueba de confrontación de intereses se presenta en el Congreso con un déficit provocado por la supuesta legitimidad de las decisiones tomadas por mayorías mecánicas pero excluyentes, como ha ocurrido con los ajustes al presupuesto de gastos 2024.
El siguiente reto se presenta con la nominación por encuestas de los Defensores de la 4T, quienes se asumen como aspirantes a los gobiernos de nueve entidades; posteriormente se llenarán los expedientes de legisladores federales y locales, así como de alcaldes.
El país vive un estado de ebullición política; es reconocida su polarización generada desde el poder que despierta la pasión ofensiva e incluso de destitución presidencial.
La nominación de los nueve coordinadores de la defensa de la 4T fue acompañada de una nube de incertidumbre sobre cuales serían los estados donde se daría albergue a las cinco mujeres a pesar de que no tuvieran las preferencias de las encuestas.
El caso se discutió a nivel del Tribunal Electoral de la Federación para forzar la paridad en la equidad de género dentro del Poder Ejecutivo de las entidades. Sin duda la visión de género para los magistrados es más importante que la forma federal de gobierno que marca la Constitución y que tiene como base que son los ciudadanos de los Estados quienes gozan del derecho de determinar su gobierno.
Una decisión que pesa en el ánimo de los ciudadanos en aquellos estados donde se forzó la paridad de género en función de otras entidades donde prevaleció el resultado de preferencias, porque la equidad y visión de género se aplica en los órganos colectivos de gobierno, no en los casos donde el cargo es individual.
Asimismo, el exceso de escrúpulos por establecer una democracia incluyente se ha deformado como lo exhibe con amplitud dentro de la LXVI Legislatura donde a pesar de autotitularse como la “Legislatura incluyente y paridad de género”, es en realidad la primera legislatura que no incluye a la minoría ni a la oposición, como lo demuestran las expresiones de diputados y senadores que vociferan: “porque somos mayoría nuestro voto determina la decisión”.
Tal como lo manifestaban los priistas y panistas cuando ostentaban esa mayoría mecánica que pasaba por encima del debate razonado, o de los derechos de minorías que son las que deben ser incluidas primero en la discusión crítica, legal y razonada y segundo por los derechos que se corresponde en todo Congreso a fin de ejercer la observación y auditorías de los órganos de gobierno de vigilancia y equilibrio.
Son las minorías y la oposición las que deben incluirse no la aparente igualdad demográfica del género, porque la representación en el Congreso no se divide entre hombres y mujeres, sino entre mayoría gobernante y oposición o bien entre mayoría y minorías, donde no es el género sino la condición de ciudadanía la imperante como sujeto de la representación.
El posicionamiento de las Mayorías
La renuncia del expresidente de la Corte Arturo Zaldívar causa desencanto, aunque no hay suficiente información, solo se confiere su carácter de causa grave, como lo manifestó ante Ciro Gómez Leyva, como la causa que estime pertinente el interesado.
Así entonces el Artículo 108 de la Constitución refiere la del juicio de responsabilidad al Presidente: “solo puede ser sujeto a juicio durante su mandato por causa grave”.
Tal como Vicente Guerrero fue sometido a juicio y desplazado del poder presidencial.
En el presente hay que definir a quién corresponde atribuir como causa grave: ¿al ministro de la Corte como proponente de la renuncia? o ¿quién acusa al Presidente? Porque el proponente de la acción difiere de un caso a otro. ¿No es cierto?
En el desiderátum actual el Presidente mandará su aceptación al Senado, el cual por mayoría simple procederá a refrendar la confirmación.
Pero se abre la caja de Pandora con este principio controvertible y riesgoso tan solo por un aspiracionismo de no perder la nómina.
La nominación de las nueve estrellas del firmamento de gobernadores del futuro próximo brillan con fulgor en cielo despejado, causa de ilusión donde la actitud de Omar García Harfuch ha sido de madurez, al dejar el paso despejado a la contendiente Clara Brugada en la disputa en la Ciudad de México.
En cambio en Puebla, la cólera de Ignacio Mier no le permitió reconocer al nominado triunfador Alejandro Armenta, quien además de confirmar su aceptación en las encuestas, hubo otras razones del poder para evitar un desgajamiento que abrieran el paso a una fractura mayor de Morena.
El enojo del originario de Tecamachalco derivan de una confianza desmesurada por su gran entrega personal y la de una mayoría de diputados del Congreso que mediaron en la desvergüenza sin límite en aprobar “sin cambiar una coma” las iniciativas del Poder Ejecutivo, como ocurrió en particular en la discusión y aprobación del Presupuesto.
Por una parte, el coordinador escuchó el coro de voces adjudicarle la voz de “Gobernador”, o bien oír a los corifeos cantar las “mañanitas” adelantadas al Presidente que este lunes cumple años.
No es extraño que la causa de ampliar el plazo de cambio de fecha para dar a conocer el resultado de las encuestas haya sido que primero se aprobara el Presupuesto y después se reprobara la aspiración del coordinador de los diputados.
Una pregunta flota en el aire: ¿Qué sucederá con las ocho iniciativas del Presidente que prometió enviar al Congreso en este periodo ordinario?
Decreto constitucional
Hay que tener en cuenta que los diputados adictos a Marcelo Ebrard fueron engañados por el diputado Mier, y aún los legisladores afines al coordinador ¿estarán dispuesto a entregar su voto?
¿Cuánto pesará en el ánimo de gobernadores, presidentes municipales, y alcaldes, el moche de 6 mil millones de pesos de sus participaciones? Una erogación no programable por sus variantes de cálculo, además decisivas en el año de término de ejercicio de gobierno y de elección. ¿A quien reclamar?, ¿al coordinador de los diputados?
Ya se verá en el siguiente periodo ordinario de sesiones, donde la ausencia será el factor preponderante.