Sábado, 16 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

Corleoneses rosas en el Río Atoyac

El Artículo 97 de la Ley de Aguas Nacionales abre un suculento manjar para algunos contratistas

Atilio Peralta Merino

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Premio Nacional de Periodismo “Ricardo Flores Magón” en la categoría de Artículo de Fondo. Compañero editorial de Pedro Ángel Palou; y colaborador cercano de José Ángel Conchello y del constitucionalista Elisur Arteaga Nava.

Sábado, Septiembre 9, 2023

El juez Giovanni Falcone pronunció una serie de conferencias por demás interesantes en el “Auditorio México” de la Procuraduría General de la República. Poco después de su estadía en nuestro país, resultaría abatido por un atentado dinamitero.

En aquellas conferencias abordaría, como uno de los tópicos a desarrollar, la proclividad de la mafia por efectuar inversiones en infraestructura hidráulica. Por su parte, el escritor Attilio Bolzoni refiere la historia del control que los “corleoneses” bajo el mando de Salvatore “Toto” Riina ejercieron sobre los contratos de obra en la presa y los canales de irrigación edificados en su terruño. 

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Al amparo al parecer de los mandos policiales de la localidad, según se desprende de los que fueran detenidos por elementos del Ejército mexicano en la ocasión, se expedía una nueva ley sobres aguas que abriría la puerta a la concesión del servicio público de suministro de agua y alcantarillado en la ciudad de Puebla, así como en los municipios que conforman su zona conurbada.

Eran los días negros del calderonato cuando se entronizó en Puebla el tenebroso liderazgo del sublime, fallido y hoy extinto Rafael Moreno Valle que, al unísono que tejía alianzas nacionales por demás peculiares, como las que al efecto estableciera con el entonces diputado por San Miguel de Allende, Guanajuato Luis Alberto Villareal García, así como con el senador por Colima Jorge Luis Preciado Rodríguez; forjaba a su sombra servidores públicos extremadamente celosos de la autoridad que les era delegada,  tal y como sería el caso, entre otros  de Eduardo Ismael Aguilar Sierra, actual consejero jurídico del gobierno del estado de Aguascalientes, o de Oscar Pérez Córdova Amador en algún momento director jurídico del PAN, cargo que le heredara su maestro Luis Olmos Pineda, y asimismo  Jesús Arrona Aguilar, director Jurídico, hasta la fecha, de la Secretaría de Gobernación del estado.

La afición del actual esposo de la gobernadora de Aguascalientes a los bacanales con bailarinas y el giro hotelero de Preciado, ofreciendo en las suites de su hostelería toda clase de placeres oscuros y prohibidos, permite remitirnos a un “Desfile” que, como en la novela de Sergio Pitol, reconoce como nudo aglutinante a un amor, que, siguiendo la fraseología de Oscar Wilde, “no se atreve a decir su nombre”.

En los días que corren, Jesús Arrona Aguilar se niega a dar cumplimiento al fallo que ampara los derechos laborales de Jesús Valencia, esgrimiendo la amenazante consigna de que “al gobierno no se e demanda”.

Hace unos años, al seguir un procedimiento sancionador ante el Instituto Electoral de la entidad, esgrimí en audiencia que no requería ofrecer ni desahogar prueba alguna ante el hecho de que la señora Dinorah López ostentara en los promocionales de su informe como primera dama del municipio de Puebla el apellido Gali, del que no es portadora según el Código Civil de Napoleón, dado que ello constaba en el expediente en el que se actuaba.

En contrarréplica, Oscar Pérez Córdova Amador señaló ignorancia que acusaba la propia y lanzó directas amenazas contra mí y contra don Luis Benavides por nuestra eventual animadversión. Es claro que, si en el momento las baladronadas de un mequetrefe inspiraron burla, más la hacen hoy cuando su gran valedor, el sublime, fallido y hoy finado Rafael Moreno Valle inerme yace, y hace bien, él descansa, nosotros también.

En fechas posteriores, llevando la impugnación independiente que esgrimiera Sergio Mastretta Guzmán, interpuse la recusación del magistrado Vargas Valdés. Interpuse, asimismo con posterioridad, denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Estrategias que, coincidentemente, siguió con posterioridad Eduardo Ismael Aguilar Sierra para promover el triunfo fraudulento de Martha Erika Alonso, aun cuando se anunciaron como de la autoría de Oscar Pérez Córdova Amador, lo que a las claras era inverosímil, ya que requerían una mediana instrucción impropia de quien acusa ignorancia de los hechos, que constan en un expediente, no requieren ser ofrecidos como pruebas y que le ocurre la peregrina idea de amenazarme a mi o a don Luis Benavides.

Lo que resulta sí digno de escudriñarse ante este núcleo de servidores arbitrarios que ha logrado permear a los cambios que se han suscitado en la vida política del país y de la entidad, es que, como herencia de las políticas de aquel momento, el servicio público del suministro de agua potable se encuentra en manos de una concesionaria denominada Concesiones Integrales S.A de C.V., conocida con el alias de “Agua de Puebla para todos”. Su actual gerente ha anunciado en fechas recientes obras relativas al “permiso de aguas residuales” por un monto de dos mil cien millones de pesos.

El Artículo 97 de la Ley de Aguas Nacionales señala al respecto que: “los usuarios de las aguas nacionales podrán realizar, por sí o por terceros, cualesquiera obras de infraestructura hidráulica que se requiera para su explotación, uso o aprovechamiento”, disposición que abre un suculento manjar para algunos contratistas que, es de esperarse, no sean controlados por ninguna agrupación cerrada , en esta ocasión identificada con el color rosa de “Barbie”, muy a la moda, y que, de paso, no tengan establecida relación alguna con los beneficiarios de la extracción clandestina de hidrocarburos en la zona.

albertoperalta1963@gmail.com

 

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