En el camino de lucha por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, las mujeres han conquistado que se reconozca la situación de disparidad, violencia y desigualdad en la que se desarrollan dentro de la sociedad; también se alcanzó tener garantías fundamentales como el derecho al voto en los años cincuenta.
Pero principalmente se consiguió el acceso a una vida libre de violencia, después de décadas de una batalla dolorosa e injusta. Se logró, además, que diversos marcos normativos alrededor del mundo tuvieran que adecuar sus leyes para otorgar mayores herramientas que faciliten la meta de la igualdad y sobre todo de una vida digna, gracias a una serie de acciones afirmativas
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De acuerdo con el Artículo Quinto, Fracción Primera de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se define a las acciones afirmativas como:
“… políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. …”.
Como ejemplo de ello, tenemos la implementación de acciones especiales para facilitar el acceso al crédito, a cargos de representación política y a becas especiales para mujeres y niñas.
Bajo este contexto, y reconociendo la verdad que incomoda a un sistema machista en desmantelamiento, el pasado 15 de marzo del año en curso, presentamos una iniciativa conocida como Ley 3 de 3.
La propuesta establece que perderán sus derechos o prerrogativas como ciudadanos, aquellas personas que tengan sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género; o por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. La Ley 3 de 3 fue aprobada por unanimidad en el Legislativo poblano el 29 de junio pasado.
Desafortunadamente, y como si se tratara de un chiste de mal gusto, 28 días después de ese triunfo de las mujeres, el Congreso de Puebla convocó el jueves 27 de julio a una Sesión Extraordinaria para votar por una propuesta que buscaba persuadir la sanción, a través de obstaculizar el acceso a la justicia, y por ende, a una vida libre de violencia para las mujeres.
La iniciativa se puede comprender de mejor manera desde la óptica de un violentador, ya que busca desestimar como prueba plena, la sentencia de algún Tribunal sin que otro la ratifique. Es decir que, si una mujer denuncia penalmente a un agresor y, este tiene carrera política o es servidor público con ambiciones de un cargo de elección popular, no bastará que de forma inmediata el Tribunal Electoral sentencie al agresor, pues se tendría que esperar a que el Tribunal Penal también establezca la culpa del mismo.
Esta iniciativa es diseñada a la medida del caso de Eduardo Alcántara, e irónicamente él es el promovente. Un violentador sentenciado por el Tribunal Electoral que se proyecta para desestimar e invalidar una sentencia futura como la de él.
Seamos claros, como legisladores tenemos la facultad de presentar propuestas sobre temas cualesquiera, pero generalmente, éstas propuestas buscan mejorar la calidad de vida de las y los poblanos.
Pero en el caso específico de tan lamentable iniciativa, la falta de debate, la prontitud en la que se aprobó por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la nula calidad moral del promovente, y la falta de elementos sustanciales que beneficien el objeto de la Ley 3 de 3 (en la que un violentador de mujeres nunca más podrá aspirar a ningún cargo público ni de elección), sólo refleja que en Puebla se sigue solapando al agresor bajo el amparo de quienes permitieron que esta propuesta se convirtiera en una iniciativa fast track.
Los acuerdos bajo la mesa que ya no deben permitirse, porque generalmente sólo se tratan de engaños como este caso, de un falso discurso y un falso interés en las poblanas.
Gracias a la indignación social y seguimiento puntual de los medios, no tuvieron más remedio que pedir el retiro de la Orden del Día de semejante insulto. Claro, no sin antes indignarse y victimizarse, porque como naturalmente pasa en la oposición, los sentimientos de injusticia y el hambre para cambiar esta situación sólo emergen cuando sus intereses vulgares son afectados, y por supuesto, cuando a todas luces se saben exhibidos, entonces actúan infrenables y correctos.
No permitiremos que existan leyes a la medida que buscan proteger a agresores de mujeres en toda su diversidad y etapas de vida.
Los de atrás siguen demostrando la poca vergüenza y el desinterés total en el bienestar de las mexicanas y los mexicanos.
En esta época de Regeneración, nunca más autoridades machistas y misóginas legitimando el dolor de las mujeres poblanas. ¡Ni un agresor al poder!
Memoria de Regeneración
La Ley 3 de 3, antes de ser letras en una ley, significó en las mujeres vidas indignas, injustas y llenas de temor. Sin desestimar ningún caso de violencia, recuerdo mucho el de Ana María Orozco Castillo.
En 2003 conoció y se enamoró de un hombre, con quien formalizó una relación y tuvieron dos hijos, con una condición en uno de ellos: autista.
Para 2009 la relación termina, y el poderoso hombre, de nombre Genaro Góngora Pimentel, en ese momento ya exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un alcance inimaginable en cualquier sentido, decide otorgar poco más de 2 millones de pesos a la madre de sus hijos para que se hiciera de una casa para ella y sus dos hijos.
No se debe olvidar la pensión vitalicia de más de 300 mil pesos mensuales de los que goza este señor.
Para 2011, ella presenta una demanda alimenticia para poder subsanar los gastos de la casa, y de la atención especial permanente que necesitan sus dos hijos. La decisión enfureció al exministro, quien como ya mencionaba, tiene alcances inimaginables.
Cinco meses después de la primera denuncia en su contra, Góngora Pimentel decide contrademandar a la madre de sus hijos por supuesto fraude, en concreto, por poner la casa a nombre de ella, y no de sus hijos (en ese entonces, menores de edad).
El exministro logró una celeridad de los procesos judiciales que solo se observan cuando los interesados tienen alcances similares. La mujer fue presa en 2012 por atreverse a exigir una obligación y responsabilidad compartida.
Personajes como Góngora Pimentel son los que ya no queremos nunca más en ningún espacio público, quienes se creen insolutos y agreden a mujeres de cualquier forma posible.
Este es el espíritu de la Ley 3 de 3: imposibilitar que cualquier violentador de mujeres acceda a cargos públicos o de elección popular, dejándolos alcanzables a una justicia que se distinguía por reumática, apática y machista, como para que uno de estos que ya no queremos ver en puestos de poder, utilice sus facultades para entorpecer el camino ganado.
Una vez un gran político y líder, pero, mejor ser humano, dijo:
“El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”.
Andrés Manuel López Obrador