A quienes integran la Red de Atención Integral a Migrantes en el Sur de México, por ser ejemplo de esperanza, lucha y resistencia
El año pasado, a principios de junio del 2022, en una de nuestras visitas de monitoreo a uno de los centros de detención del Instituto Nacional de Migración (INM) en la región Puebla-Tlaxcala conocimos a un hombre con un semblante sumamente desesperado. Nos contó ser originario de un país del norte de Centroamérica y estar de paso por México.
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Nos dijo que viajaba con su hijo rumbo a Estados Unidos, pero no estaban juntos. Su intención era ir a trabajar en aquel país para poderle enviar dinero a su familia. Luego de habernos identificado inequívocamente como integrantes de una universidad, sin vínculos directos con el gobierno ni como abogados particulares, el hombre nos entregó subrepticiamente una carta escrita a mano.
Lo pensó mucho tiempo. Incluso recuerdo cuando nos entregó el papel doblado cuidadosamente por primera vez que extrajo de entre sus pertenencias. Luego lo volvió a pedir y en algún momento se armó de valor para entregarlo definitivamente. Me prometió leerla en cuanto saliéramos de ahí. Nos pidió no entregarla a nadie más dentro de ese espacio aparentemente hiper vigilado por múltiples cámaras y por ojos tanto de agentes migratorios como de policías del servicio de protección federal que portan armas de fuego.
El hombre, como el resto de sus compañeros, usaba calzado sin agujetas. Pero a diferencia del resto de personas migrantes hacinadas y maltratadas por el gobierno federal mexicano en ese momento, el hombre del testimonio familiar migrante que a continuación reproducimos llevaba aproximadamente 103 días privado de su libertad:
“Entré [a México] el 20 de febrero [de] 2022. Me tuvieron en el albergue de menores [presuntamente del DIF] 22 días.
Me trajeron el resto del tiempo para acá [centro de detención del Instituto Nacional de Migración (INM)] donde estoy hasta el momento.
Allí, en el albergue de menores les estaban dando malos alimentos, un arroz quemado. Incluso a mí me castigaron una semana por la verdad, porque yo les dije que me dieran mis cosas con las que me iba a tomar fotos y como de castigo por reclamar eso, me metieron en un cuarto pequeño de aproximadamente dos metros por dos metros, y allí hacía mis necesidades, en el suelo (orinar y hacer del dos) porque no me sacaban del cuartito por una semana, hasta que me trasladaron acá donde estoy [instalaciones del INM].
Aparte de eso, a mi hijo y demás niños los ponían a barrer y a trapear todas las instalaciones y eso todos los días [sucedía] allí. Desde el tiempo que tengo de estar acá, más de dos meses, solo he recibido una llamada para llamar a mi hijo (que tiene 14 años que se llama xxxxxxx y mi nombre es xxxxxx.
Acá todo este tiempo me han ignorado y han violentado mis derechos y de mi hijo, como padre e hijo. Los alimentos de acá donde estoy son malos y me han enfermado en muchas ocasiones y no solo a mi sino a todos mis compañeros. Cuando nos enfermamos pedimos medicamentos y sólo agarran una pastilla cualquiera para darnos como que somos animales.
Mire, licenciado/a, me pedían documentación de mi hijo. Mi esposa xxxxxxx la mandaba en menos de 15 días después que me agarraron, y hasta la fecha (tres meses con días) no tengo respuesta de nada. La verdad me he sentido hasta como que estoy ignorado o secuestrado porque no me pueden comunicar con mi hijo (no sé nada de él, si está bien, etc.).
Muchas gracias, licenciado/a.
El registro de este testimonio, y otros más que por lo general son obtenidos verbalmente para posteriormente ser sistematizados en bases de datos, ha sido posible gracias a que la legislación vigente permite el monitoreo de los centros de detención de migrantes en México, mejor conocidos bajo los eufemismos de “estaciones” o “estancias” migratorias.
El incendio en el que 40 personas fallecieron el pasado 27 de marzo en instalaciones del INM en Ciudad Juárez es simplemente la punta de un iceberg compuesto por una gran discrecionalidad, arbitrariedad y opacidad bajo las que diariamente actúan las autoridades migratorias, en colusión con otros niveles de gobierno y particulares con pocos escrúpulos, violando sistemáticamente la Constitución y los derechos humanos de cientos de miles de personas migrantes en prácticamente todo el territorio mexicano.
La vigente política de detención y contención migratoria de México no sólo mata, sino como lo demuestra el testimonio aquí presentado, también tortura y maltrata, separa familias, invisibiliza prácticas violentas y criminaliza a personas que se ven forzadas a buscar oportunidades de una mejor vida fuera de sus países.
La petición es simple: que se cumpla lo que dice la ley en cuanto a las migraciones irregulares en México se refiere, lo que significaría que la detención migratoria sea la excepción y no la regla. La lucha para la efectiva protección de los derechos y la dignidad de estas personas en contexto de movilidad sigue siendo ardua.
En otras palabras, las respuestas gubernamentales de corto, mediano y largo plazo no pasan por cambiarle el nombre y el logotipo al INM, seguir aumentando su presupuesto (para vigilancia) o (re-)crear una nueva comisión intersecretarial como se sugiere desde Ixtepec; sino por efectivamente abolir la práctica de las revisiones y detenciones migratorias e impulsar prácticas efectivas de acogida, protección, promoción, protección y cuidado de vidas en libertad.
(El presente texto fue realizado por el autor en coordinación con la Lic. Alejandra García)
El autor es académico de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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