A mediados de diciembre hice una solicitud de información a la Fiscalía General del Estado motivado por una pregunta: ¿Qué tan eficiente es la Fiscalía Anticorrupción en Puebla?
Para responder a la interrogante le pregunté a la FGE por el número de carpetas de investigación que la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción inició desde enero de 2019 a la fecha y el estatus en el que se encuentran.
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Claro, necesitaba saber también cuántas se han judicializado, es decir, cuántas de esas carpetas habían pasado a manos de un juez o una jueza pues ya se había logrado la investigación necesaria o se tenían los suficientes elementos para pasar de la mera denuncia a un caso concreto.
Primero les doy los datos y luego les cuento algo más.
Bueno, de entrada les diré que de acuerdo con las cifras el nivel de eficacia de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es del 0.5%. Así como lo leen, del 0.5%, es decir que de cada 100 denuncias que se presentan sólo media denuncia obtiene una sentencia (que ojo, puede ser absolutoria o condenatoria, es decir que no hay ni siquiera certeza de que esa media haya tenido a una persona castigada por actos de corrupción)
Seguimos con los números. Desde enero de 2019 a la fecha, es decir desde el inicio del sexenio actual (que empezó con la panista Martha Erika Alonso Hidalgo y terminará con el morenista Sergio Salomón Céspedes Peregrina) la Fiscalía Anticorrupción inició 4 mil 291 carpetas de investigación en cuatro años. En promedio tres por día.
En ese mismo periodo sólo 23 casos han llegado a una sentencia. Lo dicho, apenas 0.5 por ciento.
Claro, en el proceso se cruza dos instituciones, primero la Fiscalía y después el Poder Judicial, pero (y esto es lo otro que les iba a contar) en la respuesta que me entregó la Fiscalía decidieron no darme la información de cuántas carpetas de investigación han entregado a un juzgado.
¿Su argumento? Pues yo usé una palabra que según ellos no aparece en los códigos de procedimientos penales ni en la Constitución.
Lo que les pedí fue: “se me informe el número y folio de las carpetas de investigación y/o averiguaciones previas que se han judicializado” y su respuesta fue que la palabra judicializar es inexistente. A ver qué resuelve el Instituto de Transparencia de Puebla sobre el asunto.
Entonces, y de momento, el paso entre la Fiscalía y el Poder Judicial es un misterio, pero ya veremos cómo abrir esa información.
El amparo que no fue
Muchos y muchas lo vimos. Arturo Rueda, otrora columnista y director del periódico Cambio, le dice a Jorge Estefan Chidiac, quien en ese momento era candidato a diputado federal por el PRI: “según mi cotización vale…” Y hace un gesto con las dos manos mostrando sus diez regordetes dedos.
–¿Diez? –Pregunta Estefan Chidiac –¿Cómo crees? A ver, Arturo Rueda, es una locura, de dónde voy a sacar esa lana.
–Según mi cotización, y según lo que yo he preguntado sería (el director del medio vuelve a enmudecer y hacer el gesto con ambas manos).
La conversación se produce en mayo de 2015 en el domicilio del priista. Aunque la denuncia se presentó 3 meses después en agosto de ese año, acusando al columnista y director del medio de extorsión.
En el video Arturo Rueda nunca dice en voz la cifra, pero le deja en claro a Estefan Chidiac que quiere diez millones de pesos por su silencio, por no hacer público un audio del priista hablando con otros priistas de acuerdos políticos y cupulares.
En enero del 2016 el Ministerio Público desechó la denuncia y determinó no ejercer acción penal en contra de Arturo Rueda. Columnas que circularon hace unos meses apuntaron a una negociación de Rueda y su socio, Ignacio Mier, con el entonces gobernador, Rafael Moreno Valle para parar el problema.
(Vaya un paréntesis: la elección de Chidiac como objeto de la extorsión del columnista no fue gratuita, es un político con una larga estela de corrupción detrás, pero esa es otra historia).
Dos veces se decretó el no ejercicio de la acción penal y dos veces Estefan Chidiac logró reabrir el proceso hasta que finalmente en 2021, seis años después del intento de extorsión, la denuncia llegó ante un juez y se dictó una orden de aprehensión.
Aunque para que se detuviera al columnista tardaron cinco meses más. Finalmente el 21 de mayo de 2022 agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), detuvieron al personaje en un departamento ubicado en la colonia Polanco de la ciudad de México. Coincidencias del destino (o no), Arturo Rueda había planeado que ese sería el día de su boda.
El viernes pasado, Cuauhtémoc Escobar González, titular del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal le negó la protección de la justicia federal.
De acuerdo con la valoración de Escobar González a las pruebas que presentó en su momento Chidiac,
“Se acredita que el imputado (Arturo Rueda) profirió en contra de la víctima amenazas de provocarle un mal (...) También se acreditó que el imputado solicitó a la víctima diversas cantidades de dinero en millones de pesos” a cambio de no publicar las grabaciones que tenía en su poder. “De ahí que el ánimo de conseguir el lucro indebido también está demostrado”.
Por ello el juzgador decidió no amparar ni proteger al columnista, “respecto del acto reclamado consistente en el auto de formal prisión de veinticuatro de mayo del 2022, emitido en la causa penal 19/2021 por el Juez Penal de Cholula”.
Vamos, que Rueda seguirá recluido en el penal de Tepexi a la espera de la sentencia por los delitos que carga a sus espaldas.
En términos del proceso penal, Rueda podría todavía recurrir a una siguiente instancia y llevar el caso a un Tribunal Colegiado y tratar de combatir ahí la sentencia del juzgado de distrito. Tiene los plazos legales abiertos para hacerlo, pero de momento, de lo que no hay duda, es que el columnista seguirá un rato más entre las rejas.
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La prensa y el poder
La periodista Laura Sánchez Ley ha hecho un trabajo importante de búsqueda de pedazos de historia de este país en archivos históricos. De su trabajo en esa línea salió el libro Aburto, Testimonios desde Almoloya, que aborda la historia del asesino de Luis Donaldo Colosio. Hace un año, si mal no recuerdo, inició un proyecto propio llamado Archivero Expedientes que vive sólo en redes sociales.
Esta es su presentación:
“Consideramos necesario traer al debate público acontecimientos y hechos del pasado que continúan impactando nuestro presente. Lo hacemos a través de la apertura de expedientes históricos con herramientas del periodismo de investigación, y que en su época apenas se mostraron e incluso se clasificaron como secretos de estado.”
Bueno, en sus dos publicaciones más recientes, Sánchez Ley cuenta dos historias de la relación perversa entre la prensa y el poder, como la que le permitió a Rueda detener en dos ocasiones la investigación policial en su contra.
En la primera de ellas, Sánchez Ley cuenta el caso de las credenciales de prensa que el periódico El Sol de México, propiedad en ese momento de la familia García Valseca, entregó al director de la Dirección Federal de Seguridad para que agentes de esa corporación policiaca-política, se hicieran pasar por reporteros:
“El vínculo entre el Estado y determinados medios de comunicación ha estado atravesado por campañas electorales, chayotes e influencias y favores políticos, pero también por el espionaje. En el año 1971, Luis de la Barreda Moreno, Director de la DFS, le solicitó al Presidente y Director del periódico El Sol de México, José García Valseca, que expida credenciales de reporteros para sus agentes. La suplantación de la profesión tenía la finalidad de poder infiltrarse con más facilidad en diversos ámbitos políticos y sociales de la época, sin dar a conocer la verdadera labor de los espías”.
En la segunda publicación cuenta como unos años después, a principios de los ochenta, la DFS asignó a agentes de seguridad como escoltas de directores de periódicos de esos que vivieron siempre muy cerca del poder:
“La relación de los medios con la DFS no finalizaba allí: Para el año 1982, trece de estos agentes eran escoltas de directores de los principales periódicos de la época, según el documento “Escoltas fijas” del Departamento de Seguridad de la DFS”.
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