La ley solo existe para los pobres; los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren, y lo hacen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero.
Marqués de Sade
El escritor checo Milan Kundera escribió que la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido y esa ha sido la historia de muchas comunidades, pueblos y compañeros que han sido reprimidos, desaparecidos o asesinados, pero sobre todo, olvidados. Actualmente se ha prendido una vela para que tengan finalmente justicia.
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En agosto del 2021 y después de una reunión sostenida con familiares y sobrevivientes de la Guerra Sucia para conmemorar el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el presidente López Obrador anunció la creación de una Comisión de la Memoria, Verdad, Justicia, Reparación, y no Repetición, comisión que posteriormente se le llamó después de ese acto, para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves de los Derechos Humanos cometidos entre los años 1965 y 1990.
El mandato de la Comisión cubre un largo y sinuoso periodo de tiempo de hostigamiento y represión a los movimientos sociales, sindicales y campesinos, como respuesta del Estado. El objetivo de la comisión -se plantea en el decreto de creación- es el esclarecimiento, investigación y sanción de los crímenes cometidos durante el periodo en cuestión, así como la reparación del daño infligido a las víctimas y las garantías de no-repetición de los hechos.
En octubre del 2021 se dieron a conocer los nombres de los comisionados: Abel Barrera Hernández, David de Jesús Fernández Dávalos, Eugenia Allier Montaño, Aleida García Aguirre y Carlos Alonso Pérez Ricart. Los dos primeros, conocidos en el ámbito poblano.
Antecedentes
En el año 2001 durante el gobierno de Vicente Fox Quezada, se creó la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Femospp), cuyo titular fue Ignacio Carrillo Prieto. La fiscalía fue creada para investigar y castigar los delitos cometidos el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, así como en la llamada Guerra Sucia. En 2006, con más pena que gloria desapareció la Fiscalía. Es importante mencionar que dicha Fiscalía dependía de la ex Procuraduría General de la República a la sazón, dirigida por Daniel Cabeza de Vaca.
Durante su corta existencia y dados sus resultados, la fiscalía fue muy cuestionada, tanto por familiares de desaparecidos de la Guerra Sucia, como de políticos del viejo régimen. A la distancia podemos decir que nunca hubo voluntad política del gobierno de Vicente Fox y su gobierno para ir al fondo de la situación. Fue una clásica jugada de maquillaje del poder y ninguno de los represores está en la cárcel y mucho menos, fueron condenados por graves violaciones a los derechos humanos, tal fueron los casos de Luis Echeverría y Miguel Nazar Haro, para mencionar dos ejemplos.
En junio del presente año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó un Informe sobre la violencia política de estado que abarca de los años 1951-2016. Fue, dice el informe, “una represión sistemática a la disidencia, como política de Estado y que antecede con mucho a la época que comúnmente se identifica como el periodo de la “Guerra Sucia”, durante la cual efectivamente se aplicó una política de represión contrainsurgente contra los diversos grupos armados y movimientos disidentes que proliferaron en los últimos años de los sesenta, pero que en realidad se gestó mucho antes.”
Durante este periodo de tiempo, gobernaron los siguientes presidentes de la República: Adolfo Ruíz Cortines (PRI), Adolfo López Mateos (PRI), Gustavo Díaz Ordaz (PRI), Luis Echeverría Álvarez (PRI), José López Portillo (PRI), Miguel de la Madrid Hurtado (PRI), Carlos Salinas de Gortari (PRI), Ernesto Zedillo Ponce de León (PRI), Vicente Fox Quezada (PAN), Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).
En toda esta larga noche, hubo una clara hegemonía del partidazo, y un gran contubernio y sobre todo, impunidad, misma que continúa hasta la fecha.
En su informe final, la Fiscalía Especializada en Movimientos Políticos y Sociales del Pasado señala lo siguiente:
“Las instituciones militares, las de procuración y administración de justicia y las de representación popular fueron utilizadas como estructuras criminales con cuyos recursos y a cuyo cobijo se realizaron y se protegieron crímenes que, de manera sistemática, agraviaron a amplios sectores de la población y a combatientes prisioneros.”
Breve historia de la represión en Puebla
Puebla no estuvo ni ha estado fuera de las prácticas sociales y políticas que son y han sido las masacres, represiones y agravios a la población. Veamos algunos casos:
Gobierno de Aarón Merino Fernández
San Miguel Canoa (14 de septiembre de 1968): Azuzados por el párroco local, Enrique Meza Pérez, una turba frenética y fanática atacó hasta lincharlos, a un pequeño grupo de estudiantes y trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El gobernador del Estado en ese año, era el Ing. Aarón Merino Fernández. Puebla vivía el anticomunismo propio de la guerra fría y la cruzada anticomunista prohijada por el arzobispo Octaviano Márquez y Toriz.
Gobierno del Gral. Rafael Moreno Valle
Huehuetlán el Chico: A quince días de haber asumido el poder, el 15 de febrero de 1969 el general Moreno Valle ordenó una sangrienta masacre de campesinos en el pueblo de Huehuetlán el Chico, en la Mixteca poblana, siendo la primera matanza de su gobierno. Se menciona que fueron muertos 18 campesinos (La red de Sánchez Pontón).
No conforme con ese baño de sangre, el 30 de enero de 1970 en la comunidad de Monte de Chila, Jopala fueron asesinados a manos del ejército, más de 324 habitantes totonacos entre ancianos, mujeres y niños. Se menciona que el ejército quemó sus pocas propiedades y dejaron los cadáveres 3 meses sin poder enterrarlos.
Gobierno de Gonzalo Bautista O´Farril
Durante el gobierno derechista y pro fascista de Gonzalo Bautista O’Farril, y en el marco de la lucha entre miembros del Frente Universitario Anticomunista (FUA´s) contra Carolinos por el control de la UAP, la lucha azuzada por el ex obispo Octaviano Márquez y Toriz y su consigna de “Cristianismo sí, Comunismo no”, varios líderes universitarios fueron asesinados. En julio de 1972 fue asesinado Joel Arriaga Navarro y en diciembre de ese mismo año, Enrique Cabrera Barroso. En febrero de 1973, fue asesinado Josaphat Tenorio Pacheco, y en mayo, Alfonso Calderón y otros tres jóvenes estudiantes que se encontraban en el edificio Carolino de la Universidad.
La ex Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado (Fempos) realizó en Puebla una reconstrucción de los hechos en que fueron asesinados tres líderes universitarios entre 1972 y 1973. Estos crímenes fueron calificados por el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto como crímenes de Estado. A cargo de la revisión de los sitios en que fueron ultimados a balazos Joel Arriaga Navarro, Alfonso Calderón Moreno y Enrique Cabrera Barroso, estuvo la agente del Ministerio Público María del Carmen González Flores (12 de septiembre de 2002, Revista Proceso).
Gobierno de Guillermo Jiménez Morales
En marzo de 1981 es asesinado frente a su domicilio en Moyotzingo, el trabajador petrolero, integrante de la Coordinadora Emiliano Zapata y defensor del agua, Agustín Morante Romero.
El 2 de junio de 1982 en Rancho Nuevo, Pantepec, Puebla, son asesinados 25 campesinos tepehuas y totonacos a manos de guardias blancas.
Año 1984
En abril de 1984, fue asesinado Bartolomé Ángel, militante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, en Huitzilan, Puebla.
El 19 de abril de 1984, Antonio Melche Cipriano, miembro de la CNPA, es eliminado en Huitzilan, Puebla.
También en abril de 1984 son asesinados Manuel Peralta Cabañas y su hijo Martín Peralta Velázquez, miembros de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA)), en Huitzilan, Puebla.
Abril 24: Alfonso Arriaga y Mariano Joaquín, integrantes de la CNPA en Huitzilan de Serdán, son masacrados. Dichos crímenes se le imputan a Antorcha Campesina.
En mayo de 1984, Juan Cabrera, militante de la CNPA, es ejecutado en Huitzilan, Puebla. Asimismo, son heridos su esposa y su hijo Ignacio.
25 de septiembre de 1984. Felipe Fernández Valiente (integrante del Comité Estatal del PSUM), Antonio Fernández Valiente, Ángel Galicia Baltazar y Enrique Galicia, militantes socialistas, son masacrados entre San Sebastián Zinacatepec y San José Miahuatlán, Puebla.
Gobierno de Mariano Piña Olaya
Julio de 1988. Es asesinado el líder totonaco, Melitón Hernández.
El 26 de agosto de 1988. Cristino Acateco Mantilla, Eleuterio Martínez Tapia y Luis Tapia Torres, son masacrados al salir de una asamblea municipal del PRD en Izúcar de Matamoros, Puebla.
Mayo de 1990. Gonzalo Chantes Formasio, militante del PRD, es muerto en San Andrés Cholula, Puebla.
Un 17 de febrero de 1989. Es ultimado frente a su domicilio en la colonia San Manuel de la ciudad de Puebla, Gumaro Amaro Ramírez. Gumaro recibió por la espalda 9 impactos de bala de 2 armas distintas, calibre 9 mm .38 especial y .45, además del tiro de gracia, a manos de pistoleros al servicio del Estado.
El 1 de mayo de 1990 detuvieron y desaparecieron a Tomás Pérez Francisco en Pantepec, Puebla. Tomás venía participando en la lucha por la tierra en la comunidad de la Sabana y contra los caciques de Pantepec.
El 3 de marzo de 1992 es asesinado el compañero Sebastián Guzmán Arce de 85 años a manos de la policía comandada por el mayor José Ventura Rodríguez Verdín, a la sazón, Director de Seguridad Pública.
Los labriegos de San Francisco Ocotlán, junta auxiliar de Coronango, donde la población se opone a que continúe la perforación de un conjunto de pozos que emprendió el SOAPAP sin tomar en cuenta a la gente del pueblo.
Durante el gobierno de Piña Olaya se dio un fuerte acoso a movimientos democráticos como el ataque contra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, agresiones contra el sindicato de la Volkswagen y el de telefonistas.
Gobierno de Manuel Bartlett
Impulsa e impone a través del clásico autoritarismo gubernamental la perforación de pozos que desde esa época surten de agua a la ciudad de Puebla, no obstante la resistencia de los pobladores de Santa María Acuexcomac (San Pedro Cholula) y Nealtican.
Gobierno de Melquiades Morales Flores
En agosto del 2001, en un accidente muy extraño, muere Teodoro Lozano quién venía luchando junto con la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive, contra el Proyecto Milenium en la zona de Tepeaca que pretendía la expropiación de 800 hectáreas. Era el megaproyecto del sexenio melquiadista y formaba parte del Plan Puebla-Panamá, puesto en marcha bajo la administración del panista, Vicente Fox Quesada.
El 6 de agosto de 2003 es asesinada la compañera abogada totonaca, Griselda Tirado Evangelio, maestra fundadora del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom, de la Organización Independiente Totonaca (OIT) y del cabildo indígena de Huehuetla.
Gobierno de Mario Marín
En diciembre de 2005 es detenido Martín Barrios Hernández, dirigente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y defensor de los obreros de la maquila en Tehuacán, Pue.
En octubre del 2009 son apresados los defensores del agua de la comunidad nahua de Atla, Pahuatlán Pue. José Ramón Aniceto y Pascual Agustín. Dos años y meses después, son liberados, sin ninguna disculpa pública.
Diciembre de 2005 es encarcelada en San Miguel, la periodista Lydia Cacho Ribeiro. En ese año Lydia publicó su libro Los demonios del Edén en el que denunció la existencia de una red de explotación sexual infantil en la que estaban inmiscuidos varios empresarios y políticos mexicanos.
Gobierno del represor Rafael Moreno Valle
En julio del 2013, es asesinado e lex rector de la BUAP, Samuel Malpica Uribe.
Junio 2014. Asesinan al compañero nahua y defensor del agua y el territorio, Antonio Esteban Cruz.
Julio del 2014. Represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan, donde las fuerzas policíacas matan al niño José Luis Tehuatle Tamayo.
El 28 de junio de 2017 es asesinada Meztli Sarabia Reyna, hija del líder social y asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre”, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio.
Mayo del 2018: Asesinato de Manuel Gaspar, defensor del territorio, integrante del MIOCUP.
Agosto del 2018. Desaparición del luchador contra la construcción de una hidroeléctrica en la Sierra Negra de Puebla, Sergio Hernández Rivera.
Presos del morenovallismo
Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís, Ricardo Pérez Avilés, Francisco Castillo Montemayor por la amenaza ecológica, Rubén Sarabia ’Simitrio’, Xihuel Sarabia, Rubén Sarabia (hijo), en el Mercado Hidalgo, todos de la capital poblana. Los hermanos Primo Manuel y Albino Tlachi Valencia en Cholula. Adán Xicale y su hijo, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras y Santiago Pérez Tamayo en Chalchihuapan, entre muchos más.
A la anterior relación le faltan los presos, perseguidos y muertos durante el gobierno del finado gobernador, Miguel Barbosa Huerta, que por cuestiones de espacio ya no fue posible incluir. Cito sólo un caso:
Mayo del 2022. Represión a pobladores de Coyomeapan, población de origen nahua, la cual dejó tres muertos y siete heridos
Lo que queda claro es que la represión y el abuso de la fuerza ha sido casi siempre, la respuesta de los gobernantes en turno ante los reclamos de los pueblos. Violaciones a los derechos humanos más elementales que han quedado en total impunidad. Queda claro según yo, y espero que también a los lectores/as, la urgente necesidad de crear una Comisión de la Verdad, de la Memoria y la Justicia.
Nos vemos la próxima semana…
La impunidad premia al delito, induce su repetición y le hace propaganda; estimula al delincuente y contagia su ejemplo: Eduardo Galeano