Para muchas personas en México, Perú es un país representado a través de sus plurales culturas, sinónimo de gastronomía exquisita o epicentro de grandes patrimonios históricos, culturales y naturales; como el inimaginable Machu Picchu, los imponentes Parques Nacionales del Manu y Huascarán o la mágica Ciudad de Cusco junto al encantador Centro Histórico de Lima. Otras prefieren narrar los destellos gloriosos a cargo de la selección de futbol, relatar historias sobre el Imperio Inca o rememoran los olores propios del pisco. Y claro, están quienes al leer la presente columna sienten radicalmente lejana la experiencia peruana pues, en palabras de Lélia Gonzalez, implica un mundo enraizado con Améfrica Ladina en su transgresión con el norte global.
(Re)colocar en el centro de reflexión a Perú tiene intenciones políticas, éticas y pedagógicas, al exigir un esfuerzo del pensamiento por sentir en las tripas -y no solo ver- otro(s) Sur(es) que lo colonial-moderno insiste en borrar de nuestra cotidianidad, dada la racionalidad dominante en la que se configura como imperceptibles e innombrables aquellos países leídos en clave de atraso, precariedad, fealdad y pobreza, pues allí “¿cuál humanidad puede emerger?” o “¿para qué sostener vidas ennegrecidas o atravesadas por lo étnico?”
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Subrayo la humanidad a modo de acción-denuncia frente a la urgencia por abordar como problema común la represión estatal exacerbada contra el pueblo peruano, ese mismo que, desde el pasado 7 de diciembre (1), ha reaccionado a la sistemática crisis política que pone en juego la democracia, las libertades y el cuidado de la vida. Algunos lectores se preguntarán: ¿por qué hoy nombrar a Perú? Un interrogante que es supremamente pertinente, pues ante el anuncio del presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso han ocurrido hechos inéditos como un juicio político en su contra, su destitución del cargo y detención bajo el delito de rebelión, así como el ascenso inesperado de Dina Boluarte -anterior vicepresidenta- como presidenta, bajo el argumento de garantizar -a toda costa- la “estabilidad democrática” del país; una ‘defensa’ que fue muy bien recibida por Estados Unidos y la Unión Europea.
En contraste, encontramos el posicionamiento crítico de países como Colombia, Argentina, Bolivia y México, para los que el juicio político contra el mandatario implicó un ataque directo a la democracia, al ser una decisión del Congreso que enmascara su propia desaprobación a lo largo del país y obvia relaciones directas con elites peruanas o su desprecio al peruano/a de ‘a pie’. Cabe resaltar que México otorgó asilo político a la familia de Pedro Castillo, mientras éste continúa detenido en su país.
Así las cosas, en datos no oficiales, se habla de 65 personas masacradas -64 civiles y 1 policía-durante las protestas, que cumplen un mes con 24 días. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos, estas muertes han sido responsabilidad de la fuerza pública e implican el uso de armas letales, exceso de fuerza y ataques directos con intención de infringir sufrimiento, torturar o desaparecer. La situación se agudiza con el pasar de los días dadas las exigencias de renuncia a la actual presidenta, liberar de inmediato a Pedro Castillo, sumado al adelanto de elecciones en el país; sin embargo, desde el poder político se insiste en no escuchar los reclamos del pueblo y replicar la estrategia de enemigo oculto que ha sido sofisticada por gobiernos de derecha en Chile, Argentina, Ecuador y Colombia. De esta manera, resulta necesario recordar los estallidos sociales/revueltas populares de los años 2020 y 2021 para encontrar comunes en el actuar estatal en Perú. Hoy, desde diferentes lugares del mundo, tememos que frente a la fuerza organizativa en cabeza de pueblos indígenas, juventudes, movimientos feministas y obreros, se insista en recrudecer la violencia bajo el lema de “garantizar la seguridad nacional”.
Con lo anterior, quiero remarcar mi preocupación como académica, ya que no puedo concebir un lugar neutral de las Universidades frente a las violencias estructurales y violaciones de derechos humanos a manos de los Estados Nacionales. En cambio, al ser instituciones responsables de aportar a la configuración de justicia epistémica y (re)imaginación del mundo, precisamos según Ngũgĩ wa Thiong'o desplazar el centro y descolonizar la mente; es decir, disponernos a hacer inteligibles las luchas gestadas en el(los) Sur(es), específicamente Perú, siendo fundamental hacer preguntas desde nuestras aulas de clase a la cotidianidad innombrada y las verdades impuestas sobre la radical lucha peruana.
En esta línea expositiva, quedan algunas preguntas: ¿Cuáles son los problemas que acompañan la formación de licenciados y licenciadas en las universidades? ¿De qué manera son acogidas las realidades al interior de la acción formativa? ¿Cómo es posible la ampliación radical de conciencia en nuestros contextos universitarios para constituir lugares de encuentro entre radicales diferencias? Y ¿para qué educar hoy en países cada vez más polarizados y entretejidos desde emociones como el desprecio, la rabia o el miedo?
(1) Desde 2018, Perú encarna una agudización de su crisis política. Específicamente, como Estado -periférico- su Nación lo desbordó vivenciando la entrada/salida de siete presidentes, el último de ellos considerado el maestro rural elegido por voto popular Pedro Castillo acusado de rebelión y preso en su propio país.
La autora es académica de la Universidad Iberoamericana Puebla.
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