Opinión

Un comodato sin huella

Martes, Enero 17, 2023
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Ni el Ayuntamiento de Puebla ni el INAH tienen registro del contrato de Los Lavaderos de Almoloya
Egresado de Comunicación y Periodismo (UNAM). Reportero de investigación y firme creyente en la transparencia como herramienta social y periodística. Ha colaborado en diversos medios locales y actualmente co-dirige el portal electrónico Lado B. Es coautor del libro Los Gobernadores: Caciques del pasado y del presente.
Un comodato sin huella

A principio de junio de 2017 varios medios en Puebla anunciaron que el histórico inmueble conocido como Los lavaderos de Almoloya habían sido entregados en comodato por el Ayuntamiento de Puebla, entonces encabezado por el panista Luis Banck Serrato, a la empresa Plus Arrendadora Inmobiliaria de Puebla, SA de CV.

Tras la noticia, el entonces titular de la Gerencia del Centro Histórico de Puebla, el arquitecto Sergio Vergara Berdejo, tuvo que reconocer públicamente que había cedido la propiedad a la empresa que había desarrollado un hotel justo a un costado de los lavaderos, el hotel de super lujo Rosewood.

Aunque aseguró a El Sol de Puebla que “Los Lavaderos van a seguir siendo propiedad del Ayuntamiento y van a estar abiertos al público, o sea los lavaderos son públicos”.

Es decir, no hay duda de que la Gerencia del Centro Histórico de Puebla que encabezaba Vergara Berdejo reconoció haber entregado el inmueble histórico.

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Cinco años después, y luego de que el hoy extinto gobernador del estado, Miguel Barbosa, revelara que el hotel a cargo de dicho espacio había puesto en riesgo el inmueble por adecuaciones que realizaron para utilizar el espacio como escenografía, la Gerencia del Centro Histórico de Puebla aseguró que el contrato de comodato con la empresa turística desapareció o nunca existió.

Esto fue lo que contestó a una solicitud de información en donde se pidió copia del contrato de comodato y del expediente mediante el cual se fundó y motivó la decisión gubernamental:

“...después de realizar una revisión del acta recepción de la administración municipal saliente (2018-2021) así como una búsqueda exhaustiva en los archivos correspondientes se informa que se encontraron 0 (cero) registros”.

La solicitud también fue atendida por la Secretaría de Administración municipal y la respuesta fue la misma, que no contaban con la documentación solicitada.

Por su parte el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que los lavaderos, enlistados con el número: 211140010016, fueron construidos entre el siglo XVIII y XIX, y están catalogados como Monumento Histórico Inmueble por el organismo federal, pero tampoco tiene información del comodato que anunciara en su momento Vergara Berdejo.

En respuesta a una solicitud de información el Instituto Nacional de Antropología e Historia aseguró no tener, tampoco, información sobre dicho comodato, es decir que no sabe quién tiene la posesión o resguardo del inmueble.

Y aunque dice el Ayuntamiento que ellos no tienen ni el contrato ni el expediente de comodato, veremos qué dice al respecto el órgano de transparencia, pues de confirmarse que dicho documento salió de la Gerencia y ahora ya no está, tendría que haber responsabilidades administrativas, al menos para la persona o personas responsables de que hoy haya “cero registros”.

Por cierto, el recurso de revisión de ese caso fue iniciado por la exconsejera del ITAIP, Harumi Fernanda Carranza, ordenando el cierre del proceso en septiembre del año pasado y hasta la fecha sigue sin resolverse.

Una fuente del Ayuntamiento capitalino me contó hace unos meses que la Fiscalía del Estado ya estaba también sobre el tema, tanto así que había solicitado la misma copia del contrato de comodato y recibieron la misma respuesta, el actual Ayuntamiento no tiene ese documento.

La lectura mediática local ubicó a Jacobo Martínez Ramos, actual propietario del hotel, como uno de los denunciados por el daño patrimonial, pero Sergio Vergara, el actual secretario de Cultura, deberá explicar también a la Fiscalía cómo fue que entregó en comodato un inmueble del que el Ayuntamiento no tenía posesión, y el por qué no hay prueba documental en los archivos del acto jurídico.

¿Una Puebla corrupta?

Revisando la base de datos de personas inhabilitadas de la Secretaría de la Función Pública federal encuentro que Puebla es el estado con el mayor número de casos: 148 en una década, de 2012 a 2021. Casi 15 casos por año, y más de uno al mes, en promedio.

El estado que le sigue es Michoacán, con un tercio de los casos, 61, apenas. Y hay estados con cero casos: Chiapas, Durango, Colima y Yucatán.

¿Esto significa que Puebla es un estado en donde sus funcionarios y funcionarias son más corruptos que en el resto del país? No. O no solo con esos datos.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) en su edición 2021 nos dice que, las entidades con mayor tasa de prevalencia de corrupción (es decir que existió un acto de corrupción en algún trámite personal realizado) por cada 100,000 habitantes son Quintana Roo (20,413), Puebla (19,585), Baja California (19,384) y Durango (18,399). Mientras que los primeros lugares en 2019 fueron Durango, Ciudad de México, Estado de México y Quintana Roo.

(Nota al margen: en 2019 Puebla reportó una tasa de prevalencia de 15, 693 casos por cada 100 mil habitantes. La tasa creció 29%).

Es decir, hay otro elemento que nos señala que Puebla sí tiene una incidencia importante de actos de corrupción por parte de las y los servidores públicos, pero también Durango, y en los datos de la SFP no aparece Durango. Es decir, un solo documento podría no darnos la información suficiente para formar una opinión.

Ahora, lo cierto es que en ese universo de personas sancionadas, la mayor cantidad son funcionarios de bajo nivel. Solo hay un caso de secretarios de gobierno, y proviene del sexenio de Mario Marín: Alfredo Arango, secretario de Salud, con 12 años de inhabilitación, quién incluso estuvo encarcelado un par de años en San Miguel y fue señalado por enriquecimiento ilícito. En esa lista no está, por ejemplo, su compañero de gabinete, Javier García Ramírez, de quién se estima que arrastra un enriquecimiento mayor, y que si bien existe una orden de aprehensión en contra de él, hasta la fecha sigue prófugo.

Lo que no hay son secretarios del sexenio de Rafael Moreno Valle, a pesar de la insistencia en el discurso del hoy fallecido Miguel Barbosa de que fue un sexenio de muchísima corrupción. Mucho ruido y pocas nueces, dirían algunos.

Hay sí, algunos presidentes municipales, como Raúl Herrero Reyes quien gobernó el municipio de Tlapacoya, en la Sierra Norte y fue sancionado e inhabilitado por 12 años por el Congreso local cuando era dominado por el morenovallismo, pero son sobre todo servidores públicos de niveles inferiores.

Notas que no deberías perderte:

El apoyo para las mujeres que no fue“Nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora”, aseguró categóricamente el presidente Andrés Manuel López Obrador la mañana del 29 de julio de 2020 en una comparecencia ante periodistas en Palacio Nacional. Al presidente mexicano se le había cuestionado sobre los apoyos gubernamentales a mujeres que no han llegado por medio del Estado, y su respuesta fue contundente: “Sí (se les está dando) de manera directa”. Pero, ¿esa afirmación corresponde a la realidad?

La vigilancia del agua en México, en caída libre En medio de recortes presupuestales, la autoridad incumple metas de inspección para vigilar las descargas tóxicas en ríos y cuencas; las visitas de supervisión se desplomaron en los últimos tres años y las sanciones contra infractores están en niveles mínimos.

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