Siendo las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) el 99.8 por ciento de las unidades productivas del país, que generan el 72 por ciento del empleo, y el 52 por ciento del Producto Interno Bruto de México, a partir del 17 de octubre de 2019, la administración pública federal decidió eliminar el INADEM, transfiriendo sus funciones a la Unidad de Desarrollo Productivo (UDP) de a la Secretaría de Economía.
Los resultados están a la vista y los comenté en mi columna de la semana pasada. Nuestro país ocupa el lugar 37 de 43 países evaluados en su competitividad internacional. Asimismo, pasó del lugar 39 al 41 en el subíndice que evalúa a su Sistema de Derecho Confiable y Objetivo, pasó del lugar 27 al 34 en subíndice de Economía Estable.
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Adicionalmente, cabe mencionar que en un contexto inflacionario como el actual, el mejor aliado (no adversario) es el sector productivo capaz de generar empleo y fortalecer la clase media, produciendo localmente los satisfactores necesarios que coadyuvan con una menor dependencia del exterior y por ende una mayor estabilidad de precios derivado de una fortalecida oferta agregada.
Ante la evidente necesidad de un arreglo institucional sólido para la promoción de la generación de PyMES, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), capítulo Ciudad de México, propone lanzar una iniciativa para crear una Ley del Emprendimiento a fin de potenciar el ecosistema de PyMES, las cuales generan siete de cada diez empleos en México.
Creo que el mercado no es nada despreciable. Más de 4 millones de empresas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y un enorme potencial para generar oferta de productos nacionales con tan solo un arreglo institucional adecuado que potencie y capacite el mencionado 99.8 por ciento de las empresas en nuestro país.
La iniciativa de ley se pretende someter al Congreso antes de que concluya 2022 y propone incluir la creación del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación, un organismo público que propone ser el encargado de emitir la Estrategia Nacional de Emprendimiento, Innovación y Competitividad, alineada al Plan Nacional de Desarrollo, y promovería el impulso a las PyMEs mediante alianzas público-privadas y academia.
En este nuevo y gran esfuerzo por parte de la iniciativa privada de México será necesaria una gran capacidad de negociación y logro de acuerdos por el bien del país, especialmente con la Secretaría de Economía en su Unidad de Desarrollo Productivo.
Hago votos por que prevalezca la objetividad y sensatez del gobierno mexicano y apueste al crecimiento y fortalecimiento de la clase media como solución de cuellos de botella económicos en primer lugar, sociales y políticos en una sola maniobra. Esta vez, como en tantas otras, no se le pide al gobierno que se ponga a trabajar ideando una iniciativa. La IP pone nuevamente una propuesta sobre la mesa para ser enriquecida por el sector social, público, privado y académico a fin de colaborar de manera contundente con el fortalecimiento de la clase media, disuasión de conflicto y polarización social, y por qué no decirlo, solucionar los principales problemas con los que la autoridad evidentemente no ha podido salir adelante.