“Aceptar las reivindicaciones de la oposición era liquidar octubre”.
León Trotski
De acuerdo a la opinión de una abogada consultada sobre el criterio de justicia, apunta que: “La justicia es un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad y el Estado. Estos valores son el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad”.
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A su vez, acota que: “En un sentido formal, la justicia es el conjunto de normas codificadas que el Estado, a través de los organismos competentes, dicta, hace cumplir y sanciona cuando son irrespetadas, suprimiendo la acción o inacción que generó la afectación del bien común”.
Según el Índice Global de Impunidad de 2017, México es el país con el nivel más alto de impunidad de las Américas, siendo el cuarto país con más impunidad en el mundo. En promedio, 91 por ciento de los delitos cometidos en México quedan en la impunidad.
Además, organizaciones mexicanas han identificado una serie de factores que dificultan el acceso a la justicia para las y los mexicanos, como la falta de independencia del Poder Judicial, la inadecuada implementación del nuevo sistema acusatorio de justicia penal, la persistencia del uso de la tortura como medio para obtener confesiones, la prevalencia de figuras legales que obstaculizan el acceso a la justicia (por ejemplo, el arraigo), la ausencia de mecanismos que garanticen la reparación del daño a víctimas y la falta de voluntad política para fortalecer la impartición de justicia en el país.
Las medidas de protección otorgadas a las y los defensores no son efectivas si no son acompañadas de una adecuada investigación de los hechos y el castigo a los culpables. Desafortunadamente, eso raramente ha ocurrido en la práctica, sobre todo porque la ciudadanía que por alguna razón le han sido violados sus derechos, acusa que el sistema de justicia está corrompido, en cuanto a que desde jueces a ministerios públicos, en muchas ocasiones están coludidos con quienes cometen algún delito o violan los derechos ciudadanos.
Una vez más la abogada evalúa y somete a juicio el hecho de que:
“La justicia como valor es el principio moral de cada individuo que decide vivir dando a cada quien lo que le corresponde o pertenece. La justicia forma parte de los valores sociales, morales y democráticos, de allí deriva su importancia. Sin embargo, parto de que quienes poseen un cargo de impartición de justicia, o están pésimamente preparados, como también violan la misma al estar impregnadas de corrupción, misma que garantiza impunidad a quien viola el derecho, justicia, Constitución en sí”.
La justicia es una virtud que todos los individuos deben poner en práctica de manera coherente y en busca tanto del bien propio como de la sociedad.
Lo que se espera es que cada individuo respete las normas sociales establecidas y contribuya al mantenimiento de un entorno armónico. Y ante una situación de injusticia, lo ideal es que cada persona actúe con rectitud e imparcialidad.
Para lograr esto, es necesario que la justicia sea un valor inculcado por la familia, reforzado por las instituciones educativas, respetado y amparado por el Estado y sus instituciones y puesto en práctica por la sociedad; lo cual, también es relevante al considerar que una de las principales funciones de todo Estado consiste en impartir justicia a todos sus gobernados, ya que al cumplir con esta relevante función se garantiza la seguridad jurídica y el Estado de Derecho de todos los ciudadanos, al ser la “impartición de justicia” una garantía de todo gobernado.
Así la impartición de justicia como garantía de los gobernados implica que el Estado mexicano está obligado a atender de forma oportuna, eficaz y gratuita el reclamo de un ciudadano que estime que se le ha violado su esfera jurídica de derecho y, por lo consiguiente, se le ha ocasionado un agravio que debe ser reparado. Es así que el Poder del Estado encargado de impartir justicia en el Poder Judicial, que se supone debe en todo momento velar porque la impartición de justicia llegue sin demora a todo gobernado (persona física o moral). sin distinguir su credo, y condición económica.
En los hechos, encontramos que se acusa en nuestro país que sistemáticamente ese Poder Judicial está infiltrado de corrupción, que blinda de impunidad y de injusticia a personajes que por sus intereses violan los derechos ciudadanos-
Basta con recordar que la impunidad con la que actúa quien está en el poder de gobierno, como también empresarios, recurren a ello para lograr sus intereses personales y económicos, así sea contra la Constitución o por medio de ello, violando soberanía y a la misma ciudadanía, quien por ese poder, le es secuestrado el recurrir a la justicia para ejercerla y lograr justicia. Este proceso violatorio se incrementa desde la presidencia de Carlos Salinas de Gortari a Enrique Peña Nieto, quienes al amparo del poder y gobernadores como empresarios, la historia los acusa.
Como forma de poder y evadir la corrupción, personajes como Emilio Lozoya Austin, un juez le “otorgó” amparo derivado de supuestas argumentaciones. El caso de los 43 normalistas que con la palabra mágica “verdad histórica”, se pretendió ocultar la masacre y desaparición. Sobran ejemplos criminales como fraudes y despojos contra la ciudadanía.
El caso reciente de cómo el poder busca artilugios para continuar con la impunidad, tenemos que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, postuló que se debe eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Es decir, que los jueces sean el inicio y final de determinar el proceso judicial. El problema está visto, donde jueces se coluden con quienes violan derechos ciudadanos para su beneficio.
Partiendo de ello, en Puebla es un ejemplo crítico, porque jueces actúan en favor de personas deformando la legalidad en su beneficio, tal es el caso de Geudiel Jiménez Covarrubias, auxiliar de la Notaría 4 de Huejotzingo, fue acusado de estar detrás de la operación de despojo de al menos cinco terrenos en la junta auxiliar de Sanctórum en Cuautlancingo, Puebla.
Partiendo de que Rafael Saldaña Granda denuncia que él fue despojado de 9 mil 500 metros cuadrados. En conferencia de prensa responsabilizó a Jiménez Covarrubias de favorecer a Alfredo Forcelledo Karam, con la escrituración del predio, con el uso de documentos falsos.
El procedimiento no es nuevo, porque se recurre a través del notario en referencia para usar a una persona de nombre Maurilio Olivares Flores como supuesto dueño de los 9 mil 500 metros para simular una compraventa a Forcelledo Karam, esto a pesar de que Rafael Saldaña cuenta con la escritura del terreno. Solo que Maurilio nunca acudió a comparecer, ni se presentó físicamente a la Notaría ubicada en el municipio de Huejotzingo.
“Casualmente nunca comparece el supuesto propietario, nunca comparece en la Notaría; comparecen para protocolizar solo los compradores. Este contrato no tiene validez porque no hay consentimiento de la identificación de la persona que vende, ni hay forma de corroborar que efectivamente es el propietario”, comentó Pedro Rafael Saldaña.
Entonces, el notario público no debió haber ingresado sus libros del protocolo de la Notaría esos documentos viciados. Nosotros llevamos casi 20 años peleando, nos ha causado perjuicio”, dijo.
El notario Geudiel Jiménez planeó y ejecutó el despojo de un terreno al señor Rafael Saldaña Granda en Sanctórum, Cuautlancingo, quien afirmó que tiene conocimiento de cinco casos más de despojo, pero solo recordó los hechos de una mujer de nombre Gloria Mexicano, a quien despojaron de 30 mil metros cuadrados, y al señor Martín Mani de una superficie de 20 mil metros cuadrados en la misma calle.
“El común denominador, el origen de todo es la Notaría número 4. Los supuestos propietarios (de los terrenos despojados) son los señores Forcelledo Karam, un señor de apellido Guerrero, la señora Gloria Romero García, Dolores Contreras, Maura Morales García y Alfredo Forcelledo”, dijo.
Con ese contrato privado, el notario da una escritura a estas personas. En el juicio estamos enfrentando pérdida de 20 años y somos amenazados”, comentó Rafael Saldaña.
No es la primera vez que notarios están coludidos con defraudadores en la entidad, situación que el gobernador Miguel Ángel Barbosa, desde el inicio de su gestión, aseguró que en su administración se perseguiría este tipo de delitos, así como eliminar notarías que fueron otorgadas de manera ilícita en administraciones anteriores; sin embargo, tal pareciera que las denuncias ciudadanas caen en el vacío, porque la injusticia permanece.
La pregunta obligada: y si han procedido denuncias al Poder Judicial, ¿por qué han caído en oídos sordos? Tal vez sea porque los denunciantes están excluidos de ese poder. El gobernador debe acatar sus palabras de vigilar y ser estricto en el combate a la corrupción e impunidad. O qué pasa.
Alianza va por México en proceso de divorcio
Para todo matrimonio deben existir dos personas; está bien, ellas por amor cumplen ante la ley el hecho. También existen matrimonios por contrato o venta de una de las partes, en algunos casos es cuestión cultural, en otros por intereses económicos y políticos. Por lo que tenemos el caso de que la oligarquía e intereses del poder político se ven en la necesidad de un matrimonio cómplice para hacer la guerra de propaganda y de odio contra quien consideran que afecta sus intereses, como lo es la actual administración federal.
Es así que inicialmente esa oligarquía contrata intelectuales y prensa orgánicos para la propaganda, así como la necesidad de contar con un grupo político para que sean los “reclamantes de la democracia contra el comunismo”, en ese caso, Mister X. González y Gustavo de Hoyos, en la casa del primero, convocaron a los dirigentes, -que no líderes- del PRI, PAN y PRD para acordar un matrimonio forzado y venta, resultando que el dirigente tricolor ‘Amlito’ contrae nupcias con el líder del bolillo Marko Cortés, siendo que el niño Jesús Zambrano, levantaría la cola del velo.
La Triada PRIAND se supone que harían la guerra denunciando y evidenciando a la 4T y su presidente de inepto, que es enemigo de la democracia, como también que conduce a la nación a la crisis económica, así como de ir en contra de la Constitución que Calderón y Peña deformaron al servicio de capital extranjero y de esa oligarquía en conjunto con la plutocracia cleptócrata.
Aparentemente el matrimonio se conducía a las mil maravillas, pero, bastó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román presentara una serie de audios contra el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, el cual involucró a muchos políticos y empresarios y su trabajo como presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados derivando en un conflicto para Alito a nivel nacional.
De ello la encrucijada si ‘Alito’ podría ser desaforado para emprender proceso judicial por actos de corrupción.
En ese tono, ante la ciudadanía cobra mayor sentido por qué vota contra esa perversidad sexenal, que corrupción e impunidad es su carta de presentación, sirviendo a Mister X. como instrumentos de combate.
Aparentemente el matrimonio marchaba feliz combatiendo y oponiéndose a la 4T, hasta que la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa cuyo contenido central consiste en ampliar de cinco años, previamente aprobados en 2020, a nueve años la presencia de los militares en tareas de seguridad pública.
Es ahí donde la puerca torció el rabo, porque de inmediato la esposa del PAN brincó y protestó de que ‘Alito’ deberá regañar y eliminar tal iniciativa, de lo contrario ya no vivirá en la casa. Ante tal reclamo y exigencia de que cumples o te vas; ‘Alito’ le contestó a Marko que no se deja y revisará el actuar matrimonial, a lo que Marko se puso más exigente, derivando en posible divorcio.
Mientras tanto, el hijo Zambrano anda que ni lo calienta el sol, llorando y gimiendo, rogando la reconciliación. Y es verdad, porque en los divorcios quien paga los platos rotos es el hijo- pobrín del bodoque.
Para los padrinos Mister X. y de Hoyos, preocupados por el matrimonio forzado para la “reconquista” del poder para el 24, ante el pleito de sábanas así como pérdida de dinero por mantener al matrimonio más la beca del nini Zambrano, levantan su voz gallarda y dictatorial de buscar la reconciliación y no perder lo invertido.
Veremos y seremos testigos de cómo va la crisis del matrimonio y desesperación de los padrinos.
Fuente
Procuración e impartición de justicia. Documento PDF: https://tinyurl.com/2ptdx5wx
Impunidad y Acceso a la Justicia.
https://pbi-mexico.org/es/themes/impunidad-y-acceso-la-justicia