Opinión

Represión e impunidad en México: enfermedad crónica

Martes, Agosto 30, 2022
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Puebla es una de las seis entidades peor clasificadas del Índice de Estado de Derecho en México
De formación filósofo, fundador del Partido Comunista Mexicano en Huauchinango. Ha trabajado en la Unidad de Culturas Populares Puebla por más de 30 años. Impulsor de la Asociación de Cronistas y Narradores de la Sierra Norte. Director fundador de Colibrí y Alebrije. Co-fundador de la Asamblea Social del Agua.
Represión e impunidad en México: enfermedad crónica

El pasado 18 de agosto, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas dio a conocer el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyendo que éste fue un “crimen de Estado”, echando por tierra la “verdad histórica”.

En 2019, el mismo Alejandro Encinas mencionó con motivo de la decisión de un Juez que liberó a 24 policías detenidos por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una frase lapidaria acerca del Poder Judicial, con la que coincidimos muchas y muchos mexicanos sobre dicho poder: que el Poder Judicial era un ejemplo de “la miseria y la podredumbre en la que se encuentra el sistema de justicia de nuestro país”.

El sistema político y económico mexicano se ha edificado en gran parte sobre dos binomios: corrupción e impunidad; y represión y despojo.

Para el derecho internacional, la impunidad surge cuando la comisión de un delito atenta contra los derechos humanos y este no es castigado, negándole a las víctimas la posibilidad de reparación del daño causado.

Hace años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó el derecho a la verdad como un elemento importante frente a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones por parte de los Estados. De tal manera que el derecho a la justicia está ligado íntimamente al derecho a la verdad y a la memoria. Memoria orientada a hacer efectivos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de las violaciones los derechos humanos (CIDH Caso niños de la calle vs Guatemala).

La impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión tanto de las víctimas, como de sus familiares.

Repasemos unos cuántos casos de represión e impunidad que se han registrado en nuestro país y estado en años recientes:

Abril-septiembre de 1958: Represión al magisterio democrático.
Es detenido y encarcelado el Mtro. Othón Salazar acusado de disolución social.

25 de marzo de 1959: Represión a los trabajadores ferrocarrileros
El expresidente López Mateos dispuso la intervención del ejército para terminar con la rebelión obrera (CEDIF).
Los líderes obreros Demetrio Vallejo y Valentín Campa, pasaron diez años en la cárcel de Lecumberri.

23 de mayo de 1962: Es asesinado el líder campesino Rubén Jaramillo. Lo asesinaron a él, a su esposa que estaba embarazada y a sus tres hijos en   Tlaquiltenango, Morelos. “Los cinco cadáveres tenían el tiro de gracia” (Revista Política).

Agosto de 1967: Matanza de campesinos Copreros en Acapulco, Gro. Oficialmente el número de muertos fue de 35 personas y 150 fueron heridos. Como se sabe actualmente, en esta matanza participó el Ejército Mexicano.

2 de octubre de 1968: Matanza de estudiantes en Tlatelolco. No hay datos precisos de muertos. En la represión participó el Batallón Olimpia y el Ejército Mexicano.

10 de junio de 1971: Represión a jóvenes estudiantes. Esta fecha es popularmente conocida como el “Halconazo” o masacre del "Jueves de Corpus". Esta nueva masacre al igual que la del 68, fue considerada por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) como, genocidio.

Guerra Sucia: De los años sesenta a mediados de los años ochenta del siglo pasado:

La ex Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado dictaminó que en este tiempo -guerra sucia- hubo evidencia de “tortura y desaparición de personas por parte de agentes del Estado que configuran delitos de lesa humanidad”. 

Este periodo se caracterizó por una respuesta represiva del Estado mexicano frente a las demandas políticas y sociales de distintos grupos y por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de éstos. Para la AFADEM, el número de personas desaparecidas durante la Guerra Sucia es de 1200.

Gobierno de Salinas de Gortari (1988 y 1994).  Durante este gobierno fueron asesinados 300 militantes del PRD (Fundación Ovando y Gil).

28 de junio de 1995. Matanza de Aguas Blancas, Guerrero. Represión contra campesinos de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS). Fueron asesinados 17 campesinos y 14 fueron heridos.
Actualmente la organización reclama la liberación de sus presos políticos encarcelados desde junio de 1995.

22 de diciembre de 1997: Matanza de Acteal. Incursión paramilitar en la localidad de Acteal, Chenalhó, Chiapas. En dicha incursión fueron asesinados 45 hombres, mujeres y niños, pertenecientes a la organización ‘Las Abejas’ que rezaban en una humilde iglesia.

Gobierno de Ernesto Zedillo (1994 a 1999). Durante su gobierno fueron asesinados 349 perredistas. (Fundación Ovando y Gil). Los asesinatos de militantes del PRD en los sexenios de Salinas como en el de Zedillo, están hoy en el olvido, tanto por la cúpula perredista como por el movimiento social.

Mayo de 2006: Represión a los campesinos de Atenco. Por órdenes del exgobernador Peña Nieto se reprimió a campesinos de las comunidades de Texcoco y San Salvador que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto.

25 de noviembre de 2006: Represión a los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) por parte de fuerzas represivas federales apoyadas por la policía estatal y de tránsito del estado. 

Las otras masacres

13 de mayo de 2012: Matanza de migrantes en Cadereyta, Nuevo León. Fueron asesinados y desmembrados 49 migrantes. El crimen se le atribuye a Los Zetas.

22 y 23 de agosto de 2010: Matanza de San Fernando, Tamaulipas. En ese lugar fueron asesinados 72 migrantes. El crimen fue realizado por el grupo criminal de Los Zetas.

26 de septiembre de 2014: Desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gro.

Fue a decir de Alejandro Encinas, “un crimen de Estado” y “un encubrimiento al más alto nivel”; herida abierta en la sociedad mexicana.

19 de junio de 2016: Represión a los habitantes de la comunidad de Asunción Nochixtlán, Oax. El pueblo de Nochixtlán fue atacados por centenares de elementos de las policías municipal, estatal y federal.

Represión, justicia e impunidad en Puebla

23 de septiembre de 1951: Asesinato de henriquistas en Tlacoltepec, Puebla con motivo de la gira del candidato presidencial de la FPPM, Miguel Henríquez Guzmán. Saldo: 7 muertos.

25 de junio de 1954: Es asesinado en Atencingo, Puebla. el dirigente campesino henriquista, Teodoro Sánchez.

Enero de 1970: Matanza en Monte de Chila, Sierra Norte de Puebla. Extraoficialmente se dice que fueron 324 campesinos, en su gran mayoría, de origen totonaco. En dicha represión hubo participación del Ejército.

1972: Asesinato de los universitarios y dirigentes políticos del ex P.C.M Joel Arriaga Navarro (Julio) y Enrique Cabrera Barroso, (diciembre).

Febrero de 1973: Es asesinado el estudiante Universitario, Josafat Tenorio Pacheco

1 de mayo de 1973: Edificio Carolino de la UAP. Represión a estudiantes y ciudadanos. Fueron asesinados cuatro estudiantes (entre ellos, Alfonso Calderón), un obrero de la Volkswagen, un joven albañil y un trabajador de la empresa Vela-Gas.

Junio de 1982: Represión a campesinos en la comunidad del Rancho Nuevo Pantepec, Puebla. Fueron asesinados 27 campesinos.

17 de febrero de 1989: Es asesinado con 9 impactos de bala, el líder social, Gumaro Amaro Ramírez.

1 de mayo de 1990: Desaparición forzada de Tomás Pérez Francisco por parte de caciques y policías judiciales de Puebla en la comunidad de La Sabana, Pantepec, Pue.

Julio de 2013: Es asesinado el exrector de la UAP, Samuel Malpica Uribe

4 de junio 2014: Es asesinado en Cuetzalan, Puebla, el líder nahua Antonio Esteban Cruz, defensor del agua, la tierra y el territorio.

9 de julio de 2014. Represión al pueblo de San Bernardino Chalchihuapan. El niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo recibió el impacto de un proyectil en la cabeza y días después, falleció.

29 abril de 2016: Desaparición forzada en Huauchinango, Pue. del líder de la Colonia Aurora Roja del maestro indígena Bonifacio Uribe Téllez.

23 de agosto de 2018: Es secuestrado/desaparecido el defensor de derechos de los pueblos indígenas y el territorio Sergio Rivera Hernández, en la Sierra Negra de Puebla

24 de enero de 2020: Es detenido el defensor del agua, del territorio y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Morelos y Tlaxcala, Miguel López Vega.

9 de mayo de 2022: Represión y muerte a pobladores nahuas del municipio de Coyomeapan, Pue. por parte de la Policía Estatal. Saldo de la represión:  tres muertos -entre ellos, un niño- y siete heridos. 

Como hemos visto, la represión, impunidad y corrupción han sido parte integral y consustancial del sistema político, social, jurídico y económico en nuestra nación y mecanismos y estrategias de control social.

Estamos ante crímenes que pueden ser considerados de lesa humanidad, definiendo a ésta como “un atentado contra la dignidad humana que viola los principios fundamentales del Derecho Internacional” (CIDH).

En 1998, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró a la impunidad como uno de los más grandes problemas de México. La organización World Justice Project, informó que “México es el quinto peor país del mundo en corrupción”.

En nuestro país, el 94.8 por ciento de los delitos investigados por las fiscalías estatales quedan impunes.

El caso Puebla

World Justice Project a través del Índice de Estado de Derecho en México menciona que Puebla es una de las seis entidades peor clasificadas en dicho el Índice  

- El Informe arrojó que, de las 32 entidades del país, Puebla se ubicó en el puesto 27.
- En materia de justicia penal y de acuerdo a dicha organización, Puebla ocupa el último lugar a nivel nacional.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a calificó de “auténtico genocidio” del Estado al periodo entre 1951 y 1965 con el PRI en el gobierno; años en el que los movimientos sociales se reprimieron de manera violenta con asesinatos, desaparecidos y cientos de detenidos arbitrariamente por su militancia política. Desde mi óptica, la represión e impunidad se extiende hasta nuestros días, piénsese en los 58 asesinatos de personas defensoras del medio ambiente del 2018 al 2021 de acuerdo al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

No basta ni es suficiente crear más y más Comisiones de la Verdad con raquíticos presupuestos, cuyo objetivo es dar cuenta de las noches negras de represión e impunidad. Pienso que es necesaria la voluntad política de los que gobiernan, tanto en el Ejecutivo Federal, como en los Ejecutivos estatales, así como de la Fiscal General de la República y las Fiscalías estatales y los Poderes Judiciales respectivos, para enjuiciar a los violadores de derechos humanos, como un pequeño paso a la justicia y en franca lucha contra la impunidad. ¡Los muertos, nuestros muertos y sus familiares, se lo merecen!

Considero de suma urgencia, empujar por parte de las fuerzas democráticas, populares, de izquierda y ciudadanas, una profunda reforma al Poder Judicial, Fiscalía(s) General y estatales y policías municipales, incorporando una permanente rendición de cuentas de estos y con una activa vigilancia de las y los ciudadanos. Piénsese en los jueces que dejaron libres a los perpetradores del crimen de Acteal o de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, o el de los 49 niños que murieron quemados en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora en el 2009; o bien, el caso de los 63 mineros sepultados en Pasta de Conchos, municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.

Finalmente me parece importante subrayar que por primera ocasión en 122 años desde que se creada la Procuraduría General de la República (año de 1900 por parte de Porfirio Díaz Mori), actualmente FGR, es detenido y sometido a juicio un ex Procurador General de la República y la nación no se ha caído y tampoco incendiado.

A los que hoy se rasgan las vestiduras por el enjuiciamiento al ex procurador Murillo Karam y lo quiere ver como mártir y están a punto de la histeria, les recuerdo las palabras de Peña Nieto que nos endilgó a los mexicanos sobre el caso Ayotzinapa: ¡Ya “supérenlo!”, frase ofensiva no sólo a los familiares de Ayotzinapa, sino a todas y todos los mexicanos y con fuerte tufo a impunidad. Ante los graves hechos suscitados a lo largo de nuestra historia contemporánea, seguiremos gritando: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

¡Contra la injusticia y la impunidad! Ni perdón ni olvido: Bertolt Brecht.

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