“Solo existe un bien: el conocimiento. Solo hay un mal: la ignorancia.”
Sócrates
¿Cuál es el supuesto a alcanzar de una persona y para su familia? Algo tan simple como vida digna que le permita satisfacer diversas necesidades materiales como sutiles. En el sistema capitalista pasado y presente, cantan sus propias glorias de su sistema. Sistema que, según el presidente Kennedy, los Estados Unidos defenderían “sin hacer caso de costos y sin hacer caso de peligros”. Es el sistema por cuya preservación han sacrificado millones de vidas por hambre y explotación de su condición laboral; por su ambición de someter naciones y pueblos a su libre albedrío de extirpar sus bienes y soberanía, y de sobre manera, por imponer guerras contra pueblos, y naciones bajo cualquier pretexto: acumulación de capital sin más.
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“La justicia de las clases burguesas fue nuevamente como una red que permitió escapar a los tiburones voraces, atrapando únicamente a las pequeñas sardinas.”
Rosa Luxemburgo
Para el capitalismo, el término ‘libertad’ significa poder hacer lo que quiera sin intervención del Estado; a su vez, representa que el capitalismo es sinónimo de democracia; creen que fuera del capitalismo peligran todos los derechos civiles, las libertades de religión, de pensamiento y expresión, de asamblea, de prensa, de impedir continúen ganancias de manera arbitraria e ilegal, así como de violar sus derechos económicos en general.
Si el capitalismo fuera todo lo que sus defensores pretenden, encontraríamos que el conjunto social tendría el más alto nivel de desarrollo, así como garantías de libertad de ser social, de una democracia que respalde cada reclamo y equidad nacional. He ahí el gran problema que nos comprime como nación, en cuanto a que este sistema económico y político no garantiza dichos anhelos, al contrario, basta con salir a la calle, o recorrer las zonas rurales, para detectar inmediatamente que existen dos mundos, el de la opulencia insultante y el de la marginación de precariedad social.
Así mismo, el sistema se interesa sobremanera por ir tejiendo diversos artilugios de cómo fortalecerse y lograr gigantescos beneficios económicos, a costa de la explotación social, satisfechos de que poseen la garantía y complicidad con el poder del Estado en sus tres niveles, además del legislativo y la preponderancia fiel a su intereses de los medios de comunicación que se apegan al canto de las sirenas del sistema, ya sea para ponderarlo como el “gran benefactor” como también para denunciar como agitadores y terroristas a todo movimiento social.
La violencia tal, la entendemos como el acto de agresión y represión de un Estado y gobierno contra movimientos sociales, recurriendo a sus aparatos de seguridad, judiciales, “legales”, administrativos e ideológicos, para imponer “estabilidad y orden”. La ejerce como mecanismo de defensa de intereses creados, porque nuestra historia es una historia de convulsiones ininterrumpidas. Los pronunciamientos, revoluciones y acciones políticas desde el inicio ya de nuestra Independencia a la fecha, ha dado cuenta de cambios continuos de regímenes políticos y en el interior de cada uno de ellos un cambio caleidoscópico de personajes en el poder.
Se supone que luego de la redacción y aplicación de la Constitución de 1917, empezaría a irse construyendo estabilidad, justicia y una democracia hacia su madurez, ante el proceso de una dictadura de Porfirio Díaz y sus nefastos efectos sociales de explotación y represión a favor de la oligarquía criolla y extranjera. El siglo XX sería el camino de la legalidad y no violencia; sin embargo, en cada espacio de la nación se ejerce con impunidad.
Una violencia impune que se ampara al deformar el Estado de Derecho a su servicio, donde una sociedad está excluida de ello, y cuando invoca a dicho derecho, son violentados en todas sus magnitudes, siendo la más visible con sangre, con detenciones arbitrarias, desaparecer o ejecutar. Pero, existe otra que permanece en la sombra, que el sistema ideológico a través de los aparatos mediáticos, que no hacen visible el problema violentado de derechos laborales, agrarios, etcétera, donde la violencia se hace presente domina de manera cruel en el panorama político y gubernamental o paraoficial, destinada a impedir los movimientos populares de defensa y los intentos de organización independiente de las clases dominantes que excluyen del derecho a la ciudadanía en su conjunto.
La cosmovisión oficial y grupos dominantes tienden a minimizar los fenómenos de violencia generados por el propio poder, quien impone la idea de “orden” que aparece como una máscara para ocultar la imperiosa necesidad que tienen los sectores hegemónicos de recurrir a la violencia para mantenerse como tales; vendiendo al extremo de considerar que se vive una situación de “estabilidad política” y un “estado de paz social” cuando en los hechos la violencia es ejercida sólo desde arriba, a pesar de que sucedan con mayor o menor intensidad, los asesinatos, las torturas, la persecución policiaca.
La otra violencia es la laboral, salarial, sindical, el despojo de propiedades urbanas y agrarias donde el Estado y sus aparatos de poder, junto con la oligarquía, tuercen leyes para despojar al pueblo de sus derechos.
“La burguesía de las naciones oprimidas convierte constantemente las consignas de liberación nacional en un engaño para los obreros.”
Trotsky
La extracción del carbón en Coahuila está dominada por caciques que por ahorrarse procesos mínimos de seguridad cargan en sus hombros más de 3 mil muertes en 320 eventos desde 1883 o devastaciones ambientales, informa el documento “Carbón rojo” (Fundación Heinrich Böll, 2018). La lista incluye a exalcaldes y un extitular de Petróleos Mexicanos (2000-2002), Rogelio Montemayor.
El último incidente ocurrió miércoles 2 del presente mes, cuando diez mineros quedaron atrapados al inundarse un pozo carbonero con 60 metros de profundidad en la comunidad Agujita, sólo un año después de que siete mineros murieron en una mina de Múzquiz, municipio coahuilense que concentra mil 791 muertes.
El Centro Proh y el Colectivo Pasta de Conchos requirieron a las autoridades prohibir los pozos de carbón y el compromiso de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de no comprar directa o indirectamente carbón extraído de este tipo de minería, ya que, plantearon, la mayoría de las empresas que le venden cuentan con otra empresa de outsourcing que es la que contrata a los carboneros sin seguridad social ni equipo de seguridad.
Las peticiones eran para garantizar la no repetición, pero la tragedia se repitió. El pozo del siniestro pertenece al carbonero y exalcalde de Sabinas (2000-2002), Régulo Zapata Jaime, dueño de Infraestructura Minera Catamaco y Minera Magenta. Pese al filtro de la CFE de requerir estatus ante la Secretaría del Trabajo, SAT e IMSS, le dio un contrato por 55 millones de pesos para la carboeléctrica “Carbón II”, localizada en Nava Coahuila, de acuerdo con el padrón consultado por el diario local El Coahuilense.
El cómo es que tal situación de las minas logra dichas condiciones de beneficio, la respuesta inicial la tenemos con el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, quien para “garantizar” el TLC con empresarios norteamericanos y canadienses y los criollos oligarcas de México, que no mexicanos, se recurrió a modificar algunos artículos de la Constitución, entre ellos en materia agraria, territorial y del subsuelo. Ya con Felipe Calderón, se otorgan un millón 600 mil concesiones de tierras a esos capitales, con la garantía de que la Ley Minera les favorece.
Campesinos e indígenas viven ignorando que sus tierras las tiene prestadas, prácticamente, porque gracias al poder, en el momento que requieran sangrar la tierra por parte de esos capitales, son despojados, que por más que luchen contra tal arbitrariedad, es infructuoso.
Pasta de Conchos no es única referencia de tragedias de mineros muertos o atrapados, nuestra historia da cuenta de ello, como lo fue el 1 de junio de 1906, cuando en Sonora miles de mineros de la empresa estadounidense Cananea Consolidated Copper Co. se fueron a la huelga.
Como odas las huelgas, esta comenzó con la entrega de una lista de peticiones (entre las que se encontraba la jornada de ocho horas, un salario mínimo de cinco pesos y derecho de ascenso) que el gerente de la compañía, William Green, quien las rechazó. De ahí en adelante los mineros fueron reprimidos por fuerzas federales y mercenarios extranjeros, donde varios mineros fueron masacrados y otros presos. Derrotado el movimiento, los mineros regresan al trabajo en peores condiciones. En adelante la antorcha de lucha se enciende como lo fue Rio Blanco y luego la Revolución de 1910.
“Ninguna injusticia puede convertirse en norma de juicio.”
Thomas Hobbes
Es poco habitual que la injusticia se convierta en ley, puesto que el pueblo acostumbra a rebelarse. Condición que en el mundo así sucede, siendo en Francia en el siglo XIX o Inglaterra, en sí, en Europa se dieron múltiples huelgas y movimientos obreros, campesinos y mineros, el resultado: represión.
Puebla no está exenta de esa violencia, porque gracias a Felipe Calderón, y sus concesiones mineras, en la Sierra Nororiental se otorgaron aproximadamente mil 527.89 hectáreas de los municipios de Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec, donde se realizaría “un atraco” a la propiedad social de los pueblos indígenas de esa zona.
Siendo que las autoridades negaron que se hayan otorgado ya esos títulos, sin embargo, “de acuerdo con la información publicada en la página web del Sistema de Administración Minera, dependiente de la Secretaría de Economía, se otorgado dos concesiones a nombre de la Compañía Minera Autlán, SA de CV, y una a Minas de Santa Martha S. A., que juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del municipio de Tlatlauquitepec, con más de mil 527.89 hectáreas aproximadamente”.
Este territorio, agrega, es además zona de recarga de los mantos acuíferos y ahí se ubican los principales manantiales que dotan de agua a la mayor parte de las comunidades de Cuetzalan, a tal grado de que la delegada en Puebla de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Daniela Migoya Mastretta, haya negado que exista la concesión de algún tipo de permiso para actividades mineras en la región de Cuetzalan, a pesar de que la información anterior la contradice.
No podemos olvidar que otro caso similar lo es con la Minera Gavilán, filial de la empresa canadiense Almaden Minerals, recibió el beneficio ante la Semarnat para realizar trabajos de exploración en el municipio de Ixtacamaxtitlán, con el fin de ubicar oro, plata y bronce.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó que el pasado 22 de abril se ingresó el informe preventivo del “Proyecto de exploración Ixtaca III”, promovido por la empresa.
A través de la Gaceta Ecológica de la dependencia, se da cuenta del trámite que quedó registrado con la clave 21PU2014MD015.
De ahí en adelante los campesinos emprenden la lucha contra tal despojo, con todo y que el gobierno federal de ese momento amparaba a la empresa canadiense, quien el oro y plata más otros minerales les da hambre de ganancia, siendo que tras siete años de amparos y lucha social, pobladores del ejido de Tecoltemi del municipio de Ixtacamaxtitlán, lograron echar abajo dos concesiones que el gobierno federal otorgó en 2003 y 2009 a la empresa canadiense Almaden Minerals, para explotar oro y plata en el territorio de esta comunidad indígena de Puebla.
Esto al ganar parcialmente un amparo en la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN), que declaró insubsistentes las concesiones debido a que no se realizó una consulta previa del proyecto a la comunidad, como lo establecen el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, al que está sujeto la Secretaría de Economía y a su vez la Dirección General de Minas.
El juicio a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue avalado por la Primera Sala de la Corte con cinco votos a favor y un voto concurrente de la presidenta Ana Margarita Ríos Farjat, con lo cual la comunidad indígena ganó parcialmente el juicio que promovió desde 2015.
El amparo fue contra la Secretaría de Economía, por haber otorgado dos concesiones mineras a Almaden Minerals, pero también demandaba declarar inconstitucionales varios artículos de la Ley Minera, sin embargo, esto no se logró y la norma fue ratificada.
El plan de la compañía canadiense era instalar una mina de oro y plata a cielo abierto en el municipio de Ixtacamaxtitlán, pero no consultó a la población que desde el inicio rechazó el proyecto porque podría poner en riesgo el agua, la tierra, la flora y la fauna de su territorio.
“La justicia no ampara ni protege a los quejosos en contra de los artículos sexto, décimo, quince y diecinueve de la Ley Minera; Segundo, la justicia de la unión ampara y protege a los quejosos para los actos y efectos precisados en esta ejecutoria”, se leyó en la sentencia emitida en sesión virtual.
De lo anterior, recuerdo la película Actas de Marusia (1975) realizada en México del cineasta chileno Miguel Littín, que se convertiría en una de las cintas más representativas del nuevo cine latinoamericano en la época. Este film basado en la novela homónima del escritor chileno Patricio Manns, estuvo nominado a los Premios Oscar de 1975 a la Mejor Película Extranjera, participó en la competición oficial del Festival de Cannes de 1976, y ganó 8 Premios Ariel incluyendo Mejor Director. El guion estuvo escrito por el propio Littín acompañado de Freddy Taverna.
La novela no es ficción, porque parte de hechos reales ocurrido en 1907, en la mina de salitre de Marusia (Chile). Reconstruye la represión de mineros que convocan una huelga para reclamar sus derechos ya que las condiciones laborales y de vida eran nefastas como miserables. Angustiados por esta situación los obreros tratan de agruparse en sindicatos, pero los gubernamentales optan por usar la violencia extrema contra la clase obrera ocasionando masacres en todo el pueblo, destacando que fueron asesinados cruelmente-
Chile, Argentina, México, en los propios Estados Unidos, encontramos que la violencia que padece el pueblo tiene diversas aristas, cuya respuesta social es indeterminada en cuanto a su lucha que emprende contra esa violencia capitalista. México enfrenta un proceso de recuperar esa impunidad corrupta, justificándose que es para recuperar “la estabilidad y paz social”, lo cierto es que, por sus actos, descubren su verdadero rostro violento.
Cabe destacar que e-consulta, ha sido el único medio de información que da cuenta de la lucha campesina e indígena contra intereses económicos nacionales y extranjeros, que se apoyan en gobiernos apátridas, labor periodística que ha dado voz al pueblo, como en este caso.
Fuentes
Semo, Enrique. México un pueblo en la historia. Siglo XXI, tomo 3. 1998
Cardoso. Ciro. La clase obrera en la historia de México. / Vol.3: De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios. Siglo XXI. México.1980
Cancela la Corte dos concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán
https://www.e-consulta.com/nota/2022-02-16/medio-ambiente/cancela-la-corte-dos-concesiones-mineras-en-ixtacamaxtitlan
Actas de Marusia
https://www.cclm.cl/cineteca-online/actas-de-marusia/