Un puñetazo en la nariz el anuncio del asesinato a balazos en pleno día, en la puerta de su casa, de una periodista mujer, en el norte del país peleada con un exgobernador de Morena y con una queja ante el presidente López Obrador.
La muerte llegó puntual, cuatro días después de que la periodista ganara un laudo laboral inapelable. Un proceso tortuoso y en desventaja que le llevó nueve años de pleito en tribunales, y por cuya razón la periodista buscó auxilio en la figura de gobierno más poderosa del país.
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Ganó el juicio, prevaleció el derecho, la igualdad sin distingos de posiciones, pero perdió la vida. No estoy diciendo que una cosa este concatenado con la otra. Ni que se correspondan en automático. Trato de explicar cómo se suscitaron los hechos a partir de información que circula libremente, y que cada cual saque su conclusión.
La gravedad no es solamente por tratarse de una mujer y periodista, sino porque se destrozan las arterias que llevan un poco de aire fresco a nuestra de por sí trasijada democracia. Como civilización, estos acontecimientos nos devuelven al estado de las cavernas, de donde no acabamos de salir.
No concluye el primer mes del año y la cuenta de informadores abatidos mantiene su marcha feroz en ascenso. Un estela de sangre que acompaña el sexenio. Vilipendiado como esta el oficio de periodista, la noticia ya no conmueve, salvo a un grupo reducido del gremio, que mira su rostro reflejado en el espejo del horror.
Tres semanas. Tres muertes. Un charco de sangre. Con este patrón criminal, y la inacción declarada de los gobiernos (no hay condenas, ni de ahora ni de antes; las tasas de impunidad se mantienen inalterables). El 2022 anuncia nubarrones para la libertad de informar. Con Peña Nieto fueron asesinados 59 periodistas; con Felipe Calderón, 52; y con Vicente Fox, 25.
Hay otra cifra que nadie menciona, o se menciona poco, una cifra lateral. Tiene que ver con personas que no tienen que ver con el oficio de informar pero tienen vínculos familiares con quienes sí son periodistas. Son mensajes cifrados de muerte. Los hijos, los padres, los hermanos. No son noticia ni tienen ribetes políticos. La versión más difundida indica que los responsables de la muerte de periodistas son los miembros del crimen organizado, personajes poderosos y violentos que se sienten amenazado por la información que publican los informadores.
Sin embargo, algunos estudios focalizados en aquellos municipios con altas tasas de violencia, con cobertura de reporteros locales y regionales, no se observan muertes de periodistas. No se encuentra relación.
La razón puede encontrarse en otra parte. Ayer El Universal difundió un reportaje sobre la muerte de dos periodistas en el norte de Veracruz (“Un crimen desde el poder”). Se trata de un trabajo colectivo ejemplar. Los periodistas asesinados a balazos fueron Leobardo Vázquez; el 21 de marzo de 2018; y María Elena Ferral dos años después, en el mismo mes.
Trata de un cacicazgo político de mestizos incrustado en la región indígena totonaca, vinculado con los principales partidos, el PRI en el pasado, y Morena ahora, que usufructúan los puestos locales de presidentes municipales, diputaciones, delegaciones, y cargos de impartición de justicia.
Una red familiar muy poderosa que alcanza a los gobernadores de la entidad. Es la principal sospechosa de la muerte de los informadores y por las que hay órdenes de aprehensión, pero no dan con los inculpados porque los impartidores de justicia son o fueron parte de esa misma red.
Los brutales acontecimientos de la semana confirman de nueva cuenta que México sigue siendo el país más peligroso del mundo para ejercer el oficio. Sin embargo, se trata apenas la superficie del mal, no se atisba dentro, en la barriga del monstruo. La muerte de informadores tiene que ver con ciertas condiciones políticas que la favorecen. El dato del norte de Veracruz mencionado arriba es evidencia contundente. Matar periodistas favorece a grupos de interés que sacan grandes beneficios del silencio de la prensa.
De nada sirven las medidas cautelares de protección anunciadas por los gobiernos. Con medidas o sin ellas, la muerte ronda impune. El estado de desamparo del gremio sigue siendo el mismo, no obstante, la promesa de campaña del presidente López Obrador de que habría cambios.
El año pasado, sólo el año pasado, fueron asesinados siete comunicadores en nuestro país; y hay dos desaparecidos. Ante la venalidad de jueces, los periodistas ponen el pecho. Nadie atina a explicar cómo fue que llegamos a este punto funesto, pero sobre todo cómo fue que lo hemos normalizado. Esa normalización puede ser el síntoma de que somos una sociedad enferma, anestesiada por el embrujo de sepa Dios qué. Tal vez se trate de una enfermedad terminal enquistada en lo más hondo de la desgracia del mexicano.
La pregunta es inevitable: ¿el crimen organizado es el autor de toda la violencia contra los informadores? Al parecer no solamente son las bandas criminales en poder de medio territorio nacional las que salen a matar periodistas.
Se ignora de dónde salen los disparos, el nombre de los responsables, intelectuales y materiales, porque las investigaciones de periodistas asesinados no avanzan en este país. No obstante que en muchos casos se ofrecen pruebas contundentes, con nombres y apellidos.
Tampoco se conoce la razón de esa morosidad pachorruda de jueces y policías judiciales, que se antoja como acciones deliberadas de complicidad, o temor de enfrentar a sepa Dios qué enemigos.
Reporteros sin Fronteras, el organismo internacional, ubica como causa de la violencia contra periodistas a “la impunidad total” de la que gozar los grupos de poder. Estructuras locales de gobierno, cuyos vínculos con los centros políticos metropolitanos les ofrecen impunidad, a cambio del control y la movilización electoral.
El enojo por la muerte de Lourdes durará unos cuantos días en las principales planas, en los noticiarios, tal vez en algunos portales. Los gobernantes harán grandes anuncios, compromisos de llegar hasta el fondo, para enseguida disiparse; como se disipa todo lo que no entra en el molde de la sumisión.
“Temo por mi vida”, le espetó Lurdes Maldonado al presidente López Obrador en una mañanera hace tres años.
No se puede decir en su caso que fue un crimen pasional, como se esparció cuando el también periodista Manuel Buendía fue alcanzado por varios balazos en la espalda, en una calle de las más transitadas de la Ciudad de México.
“Vengo aquí (desde Tijuana) a pedirle apoyo y justicia laboral, porque hasta temo por mi vida”.
Chayo News
“Yo no lucho por cargos, soy, en ese sentido, legítimamente ambicioso. ¿Sabes qué me importa? Me importa la nación, me importa la historia, me interesa el pueblo de México. No estoy obcecado con ser Presidente de México para ser un presidente mediocre. Conozco la historia, conozco lo que han hecho los presidentes desde Guadalupe Victoria hasta Peña Nieto, y no quiero pasar a la historia así. No quiero ser como Salinas, no quiero pasar a la historia como Calderón, como Peña Nieto. Quiero pasar a la historia como Juárez, como el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, y como el general Lázaro Cárdenas del Río. Y no es ego, es buscar ser ni siquiera hombre de Estado, quiero ser hombre de nación” (Andrés Manuel López Obrador a Jesús Silva-Herzog Márquez, marzo de 2018, periódico Milenio).