El periodismo –como con frecuencia se señala– es inherente al Estado moderno; es decir, de aquél que es heredero de la tradición liberal, democrática y de Derecho. En este orden de ideas, las libertades de pensamiento y de expresión, así como de su correlacionada manifestación de ideas y, por consiguiente, de prensa, son esenciales en un Estado democrático. Por medio de estas libertades, las personas podemos hacernos de la información necesaria para formular nuestras ideas y, asimismo, tenemos la posibilidad de manifestar nuestros pensamientos; de ahí la importancia de este valor político y jurídico.
Para un más amplio, robusto y sólido ejercicio de las libertades de pensamiento y de expresión, es que el periodismo existe, cuya función de comunicar la información que sea de interés público, es esencial para que todas las personas podamos gozar y ejercer plenamente nuestra libertad de pensamiento y de manifestación; es decir, en su conjunto, estas libertades configuran un círculo virtuoso en el que, por una parte, puede –o debiera– conocerse toda la información que repercuta tanto en el interés público como en el pleno goce y ejercicio de otros derechos y libertades –tales como el derecho al trabajo o a la salud y la libertad de decidir a qué partido político apoyar o en dónde estudiar una profesión u oficio–, y por otra parte, las personas podemos hacer del conocimiento público nuestras necesidades, aspiraciones y demandas.
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Por eso, las libertades y derechos de las personas periodistas deben ser protegidos y promovidos por quienes habitemos un determinado lugar en el que realicen sus labores tanto ellas como los medios de comunicación u organizaciones en las que trabajen. A mi parecer, hacerlo es un deber cívico, no importando las posiciones que sostengan las personas periodistas y medios de comunicación en relación con nuestras propias afinidades o discrepancias con sus puntos de vista, sus comunicaciones y su trabajo.
No me parece, tampoco, que las personas que nos desenvolvemos en ámbitos privados ni las que lo hacen en los públicos –menos aún tratándose de aquéllas que cumplen con funciones estatales en instituciones públicas en cualquier poder y en cualquier orden de gobierno–, debamos erigirnos como quienes determinan quiénes son periodistas y quiénes no. Esto, en una época en la que, en general a nivel mundial, las cosas se tienden a presentar como negras o blancas y pocas veces grises; es un desafío que, sin embargo, debemos asumir como comunidad local, regional, nacional e incluso mundial para mantener este campo a salvo –el de la libertad de expresión–, el cual, no obstante todas las deficiencias y limitaciones que ha mostrado, permite el ejercicio de las libertades individuales, comunitarias y políticas por la generalidad de la personas que habitamos una demarcación geopolítica: un municipio, un estado o un país.
Para reforzar la idea anterior, se debe tener en cuenta –como antes se refiere– que, sin importar las coincidencias o diferencias que tengamos con una persona periodista o un medio de comunicación, por el sólo hecho de su manifestación y comunicación de temas que muy probablemente sean de interés público, merecen la protección que como sociedad demos a su trabajo y, en especial, al campo de libertades en las que las personas periodistas pueden realizar sus labores.
México, sabemos, desde hace varios años es el país más peligroso para las personas periodistas en el mundo, incluso llegando a serlo más que países en situación de guerra internacional. Por ello, lo expresado en las líneas que preceden se vuelve aún más importante y urgente.
A quienes han hecho del periodismo, en sus diferentes ámbitos –reportajes, comunicación de noticias, articulistas, conducción de programas, etcétera– parte de sus vidas o sus vidas enteras, reciban el mayor reconocimiento y sepan que en mi persona encuentran y siempre encontrarán a un promotor del reconocimiento de sus derechos y libertades.
Twitter: @jabonillarojas