De no haber sido por las condiciones de escasa iluminación sobre Boulevard Forjadores, que le permitieron detenerse momentáneamente para hacer sus necesidades fisiológicas, el asesino de Villa Posadas hubiera conseguido su objetivo de llegar al Río Atoyac y deshacerse del indescriptible contenido de la bolsa negra que llevaba consigo.
No obstante, hubiera sido casi imposible que los vecinos de quienes fueron sus suegros no se dieran cuenta de que alguien faltaba en esa casa y que el olor a tejido en descomposición no fuera percibido por quienes vivían en torno a la modesta vivienda ubicada en la lateral del Boulevard San Felipe en la colonia Villa Posadas.
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Más allá de la dantesca escena que obviamente despierta cierto morbo, vale la pena detenerse a reflexionar sobre qué fue lo que llevó al yerno de las víctimas a actuar de esa manera, con esa saña y dar la impresión de que se trata de otro “Hannibal Lecter” poblano.
Este hecho confirma que detrás de cada evento violento están las fallas estructurales que tienen que ver con la ruptura del tejido familiar y social, ese que ha sido mencionado en infinidad de discursos en los últimos años, pero que en la realidad sigue siendo una asignatura pendiente de la actual administración federal y estatal.
De acuerdo con evidencia empírica recopilada durante los últimos años, detrás de cada homicidio doloso se encuentra una familia disfuncional y alto rezago educativo, con mayor razón cuando se trata de asesinos jóvenes.
Aunque en ésta ocasión no se trata de un sicario. Los problemas que enfrentó el autor del doble asesinato, primero para estudiar y luego para insertarse en la vida laboral, así como otra serie de dificultades en su entorno familiar terminaron orillándolo a cometer tan abominable crimen.
¿Es acaso a esto a lo que se refiere el presidente de la República cuando dice que atenderá las causas de la violencia y la delincuencia antes de combatir frontalmente a los delincuentes y que no abandonará su política de abrazos, no balazos, aunque lo critiquen?
Lo más probable es que sí pero muy poco se ha hecho al respecto y la mejor prueba es que el homicida estuvo a punto de llegar al Río Atoyac, deshacerse del contenido de la bolsa y complicarle el trabajo a la autoridad municipal y estatal.
Si a lo anterior le agregamos que a esta administración federal le queda menos de la mitad de su mandato, entenderemos que la atención de las causas de la violencia requiere tiempo y que los programas sociales no se politicen; de otra forma cada inicio de sexenio se tendrá que empezar nuevamente por más exitoso que hayan sido los programas del gobierno anterior.
Es evidente que en el caso del asesino de Villa Posadas el tejido familiar y social está roto y que llevará mucho tiempo recomponerlo, incluso más allá de lo que dura un sexenio. No se explica de otra forma porque los cuerpos de las víctimas no han sido reclamados por sus familiares, porque uno de ellos es justamente su hija y esposa del detenido.
Sin ánimo de justificar un evento de ésta naturaleza, la falta de oportunidades de educación y de trabajo, además de las fuertes tensiones personales derivadas de la indefinición en la propiedad del inmueble donde residían, fueron determinantes en el fatal desenlace.
Algo parecido sucedió en Ciudad Juárez después de que entre 2010 y 2012 se lograran revertir las determinantes sociales que junto con la impunidad favorecían la violencia y la delincuencia, ya que a las autoridades entrantes no les importó el avance alcanzado por el sólo hecho de que fueron impulsados por su antecesor en la presidencia de la República.
Pese al abandono que existió hacia finales de 2018 en dicha ciudad fronteriza, el actual gobierno intentó retomar lo que exitosamente realizó el gobierno de Felipe Calderón con el apoyo de empresarios y ciudadanos organizados, pero su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana terminó renunciando para irse de candidato a gobernador de Sonora, sin importarle absolutamente nada de lo que junto con su jefe prometió.
Pero volviendo a Puebla, queda claro que los programas sociales enfocados a la atención de las causas del delito no fueron suficientes para evitar que dos personas fueran privadas de la vida por el hecho de haber sacado de su vivienda a su yerno, quien en vez de enfrentar sus problemas económicos y personales decidió asesinarlos y tratar de tirar parte de sus cuerpos al Río Atoyac.
En este caso la responsabilidad política no podría recaer en un solo nivel de gobierno sino en los tres; tan responsable es el municipio como el estado y la federación, como en el caso de la inundación de Tula, Hidalgo, hecho en el que López Obrador aceptó ser el responsable pero no el culpable, aunque admitió que en caso de que haya existido negligencia los responsables deberán ser castigados, sin aclarar si también sería castigado él.
Ojalá escenas como la del viernes por la noche en los límites de Puebla y Cuautlancingo no se repitan más, porque de no resolverse de fondo el caso se corre el riesgo de que sea replicado por otras personas que atraviesan circunstancias similares a las del homicida, quien por azares del destino ya se encuentra preso en el Centro de Readaptación Social de San Miguel en la capital poblana.