Como ha venido sucediendo en los últimos años, tras los hechos como el de San Pablo Xochimehuacán del 31 de octubre, en el que perdió la vida una persona y resultaron lesionadas al menos otras 14, la primera reacción de los gobiernos en turno es el repudio, las lamentaciones y finalmente el duelo.
No está mal reaccionar de esa manera, pero es algo que ha venido sucediendo reiteradamente a lo largo de los últimos años, cuando a nivel federal se nos prometió que con la llegada de la 4T las cosas serían diferentes, que ya no habría robo de combustible y que en el caso de la gasolina disminuyó en 95 por ciento, lo cual a todas luces resultó ser una mentira ya que las tomas clandestinas se mantienen en los mismos niveles de 2018.
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En esta ocasión los efectos directos del siniestro los están resintiendo el gobierno del estado y en menor medida el municipal, debido a que el gobierno federal únicamente envió personal de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y "seguridad física" de Pemex para hacerse cargo del control de la denominada "zona cero", pero todo con un enfoque reactivo y de mitigación de los daños más que de búsqueda de los presuntos responsables.
Superada la emergencia, la Fiscalía General del Estado abrió una Carpeta de Investigación por los delitos de homicidio y lesiones, que es hasta donde le alcanzan sus atribuciones y capacidades técnicas y humanas.
Por su parte, la Fiscalía General de la República abrió una más por robo de combustible en la toma clandestina, ya que en estricto sentido se trata de un delito federal.
La lección que nos deja este siniestro es que hace falta más trabajo de prevención, lo cual requiere una verdadera estrategia que incluya la atención de las causas de la violencia y la delincuencia. Además, hace falta hacer más inteligencia y obviamente un combate frontal al delito, pero sobre todo alinear atribuciones y capacidades de las distintas dependencias, porque jurídicamente hablando hasta el día de hoy la persecución del robo de combustible es responsabilidad de la Federación, mientras que los gobiernos de los estados y municipios son en todo caso coadyuvantes y sus esfuerzos requieren de una estrecha coordinación.
Así ha sido siempre, sin embargo, en el pasado inmediato quienes hoy gobiernan a nivel federal y estatal, y hasta hace escasamente 18 días a nivel municipal, no dejaron de cuestionar por qué las autoridades locales no hacían algo más al respecto y en varias ocasiones aseveraron que estaban coludidas, como es el caso de la administración del extinto Rafael Moreno Valle. Que diferente se veían los toros desde la barrera a cómo se ven hoy desde el centro del ruedo y con la “bestia” enfrente.
Dicho en otras palabras, tanto ayer como ahora las atribuciones de los gobiernos estatal y municipal son las mismas y solo alcanzan para hacer las respectivas denuncias ante la FGR y solicitar la intervención al gobierno de la República en el seno de la “Mesa de seguridad”, también conocida como Mesa de coordinación para la construcción de la paz, pero si quien tiene las facultades decide no hacer nada, no dejan de ser esfuerzos aislados que difícilmente evitarán tragedias como la del 31 de octubre.
Muestra de ello es que en lo que va de la presente administración, únicamente se ha dictado una sentencia condenatoria por robo de combustible en el estado de Puebla y fue concluida con el pago de una multa, es decir que todo lo que se ha dicho desde la llegada de la 4T son solo palabras huecas porque en los hechos las cosas son muy diferentes.
Lo anterior pese a que han sido detenidos 624 presuntos responsables de haber cometido el delito de robo de combustible y que en el discurso del titular del ejecutivo federal se asegura que en materia de combate al “huachicol” se acabó la impunidad.
Esto indica que hay una crisis en materia de detenciones y que la flagrancia ya no es suficiente para obtener una sentencia condenatoria y que las investigaciones a cargo del MP federal se han quedado cortas. Peor aún, es probable que en algunos casos se siga acusando a quienes no han cometido un delito e incluso “fabricando” pruebas, por lo que habría que replantear todo el procedimiento y los protocolos antes de llevar más inocentes o “adversarios políticos” a la cárcel.
En conclusión, repudiar, lamentar y declarar días de duelo no bastan, hace falta alinear esfuerzos y garantizar que este tipo de tragedias no se vuelvan a repetir, porque la historia reciente está llena de hechos vinculados al robo de combustible, la más reciente en Puebla data del 12 de septiembre de 2018 en Villa Frontera y a nivel nacional del 18 de enero de 2019 en Tlahuelilpan, Hidalgo, esta última con un saldo final de 137 víctimas mortales.
No está por demás recordar que en aquella ocasión el Presidente de la República prometió intensificar los esfuerzos para combatir el robo de combustible y evitar más tragedias. Hoy queda claro que los discursos tampoco bastan.