Miércoles, 20 De Mayo De 2026 | Puebla

OPINIÓN

El costo de la omisión

Hoy debemos avanzar en la prevención de riesgos de todo el estado y evitar tragedias en Puebla

Rafael Micalco Méndez

Licenciado en Administración UPAEP; miembro activo del PAN desde 1988; consejero nacional y estatal; expresidente CDM PAN Amozoc 1999; expresidente estatal PAN Puebla en 2006-2009 y 2012-2015; exdelegado federal del Trabajo 2010; exsecretario CEN PAN 2018. Ha sido diputado federal y actualmente es diputado local en Puebla.

 
 
 
 

Miércoles, Noviembre 3, 2021

Estamos pagando muy caro la factura de la deserción política de otras generaciones, pero no tenemos derecho a pasarlo a nuestros hijos.

Todavía somos dueños de nuestro patrimonio, capaces de defensa y de lucha, capaces de resurgimiento y de salvación. Son muchos, sin embargo, los que evitan cuidadosamente el compromiso; los que comparten el propósito, posturas y provecho con quienes son responsables de la tragedia de México.

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Abel Vicencio Tovar

 

Asumir el gobierno de cualquier ciudad es un compromiso de gran calado, el cual se debe honrar con el trabajo planeado y arduo, reuniendo a las y los mejores para conducir su destino hacia el Bien Común.

Cuando se asume el gobierno no hay lugar para pretextos ni medias responsabilidades, se gobierna y ya, del mismo modo que se asume la noble tarea de proteger a la población, porque para ello es prestado el poder, para ello es otorgada la autoridad sobre el “todos”. Ahora bien, se proclama en la toma de protesta: si no lo hiciera, que el pueblo se lo demande. Lo que deja claro, que no se trata de un mero acto de voluntad, sino de una obligación con repercusiones severas.

Las y los gobernantes deben desarrollar sus capacidades técnicas y políticas para prever el futuro cercano, realizar actividades, obras y planes a mediano y largo plazo; así mismo deben atender el presente, las necesidades inmediatas que espera la población y que no pueden aplazarse, y anticipar, en la medida de lo posible, los peligros que pudieran generar crisis en la ciudad con consecuencia trágicas para los habitantes.

Esta semana, los vecinos de San Pablo Xochimehuacán de la ciudad capital fueron sorprendidos en la madrugada del domingo por una explosión proveniente de una toma clandestina de gas, dejándolos sin hogar, sin menage familiar y con familiares en urgencias médicas. En el transcurso del día nos enteramos que la autoridad municipal saliente tuvo conocimiento por denuncias ciudadanas de las actividades no solo ilícitas sino altamente peligrosas que se llevaban a cabo en ese lugar. La indignación fue generalizada.

A veces cuando suceden este tipo de tragedias podemos visualizar las consecuencias de ser omisos, lamentablemente a un alto costo.

Desde el trágico terremoto del 85, en nuestro país pusimos atención en el tema sensible de la protección civil. Tras varias décadas las y los mexicanos hemos aprendido mucho sobre la prevención de catástrofes naturales y no naturales, generando una cultura de prevención que poco a poco es común en toda la población. ¿Pero qué tan grave se convierte esto cuando las autoridades son omisas o sordas? Mucho. Hay responsabilidades legales sobre esto y los ciudadanos esperamos sanciones ejemplares.

Hoy debemos de manera seria avanzar en la prevención de riesgos de todo el estado. Las ciudades crecen rápidamente y la demanda de servicios y de emergencias se multiplican; por lo que las acciones gubernamentales deben estar a la altura de las necesidades, ya que de ninguna manera podemos aceptar como justificación la extensión o complejidad de los municipios para omitir la acciones para salvaguardar la vida de los gobernados.

Son muy dolorosos los aprendizajes en materia de protección civil. Trabajemos de manera coordinada para obtener recursos necesarios, tener la planeación pertinente y llevar a cabo las acciones para evitar en lo más posible desenlaces tan lamentables como el pasado domingo.

Desde aquí mi solidaridad con las y los vecinos que se vieron afectados por esta tragedia. Desde el Congreso trabajaremos para fortalecer el marco legal que permita a las familias poblanas vivir más seguras.

 

 

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