Porque cuando las cuentas son claras, las decisiones se pueden explicar, así cuando el dinero público se utiliza correctamente, no hay razón para esconder cómo se gastó y cuando una obra realmente beneficia a los ciudadanos, lo lógico es presumirla con números y resultados.
La transparencia no debe ser un lujo, ni una concesión del gobernante. Es un derecho de los ciudadanos y una obligación de quienes administran el recurso público.
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Incluso el propio Gobierno de Puebla lo ha dicho: la transparencia es un eje fundamental de su administración, el acceso a la información pública es un derecho democrático y una obligación permanente del Estado.
Entonces hagamos una pregunta sencilla: si la transparencia es un eje fundamental de este gobierno, ¿por qué cuando los ciudadanos quieren conocer información sobre determinados gastos, contratos, eventos, proyectos o actividades del Ejecutivo, la respuesta termina siendo una reserva?
Y es que en Puebla empieza a aparecer una curiosa contradicción.
Mientras en el discurso oficial se habla de transparencia, rendición de cuentas y gobierno abierto, la realidad muestra una lista cada vez más incómoda de asuntos sobre los que los ciudadanos tienen dificultades para conocer qué se hizo, cuánto costó y por qué se tomó determinada decisión.
Claros ejemplos: el partido España–Perú, la Feria de Puebla 2025, el Festival del Amor 2025, los vuelos y helicópteros utilizados por el Ejecutivo Estatal, el proyecto del Cablebús, el Museo Internacional del Barroco y hasta la compra de 27 módulos de maquinaria agrícola por alrededor de 150 millones de pesos, entre otros más.
Y aquí conviene hacer una precisión importante, reservar información puede ser legal, la propia Ley de Transparencia contempla excepciones y exige que una clasificación esté debidamente fundada y motivada.
Pero realmente el problema comienza cuando la excepción empieza a parecer como regla general en el gobierno de Puebla.
Porque una cosa es proteger información que realmente pueda poner en riesgo la seguridad, una investigación o algún interés legítimamente protegido; y otra muy distinta es utilizar la figura de la reserva para que el ciudadano tenga que conformarse con un “la información se clasificó en su modalidad de reservada”.
¿De verdad necesitamos esperar años para saber cuánto costó un espectáculo?
¿El ciudadano que paga impuestos no puede conocer cómo se organizaron los espectáculos en Puebla?
Son preguntas muy sencillas.
Pero un gobierno que presume transparencia, las preguntas sencillas no deberían convertirse en expedientes reservados.
Porque al final el dinero no es del gobernador, no es de Morena, no es de los secretarios, no es de los funcionarios, es dinero de los poblanos.
Por eso resulta paradójico que mientras el discurso oficial presume una administración transparente, cada vez sean más los asuntos en los que el ciudadano tiene que preguntar primero si puede conocer la información.
¿Será que la nueva transparencia en Puebla consiste en que el gobierno sí informa, pero solamente aquello que le conviene informar?
Porque gobernar no es solamente inaugurar obras, cortar listones, entregar maquinaria, organizar festivales o presumir inversiones, gobernar también significa rendir cuentas.
Y si todo está bien, ¿por qué esconderlo? esa es la pregunta que el gobierno de Puebla debería responder, no con discursos, no con boletines, no con propaganda, si no con documentos.
Porque cuando un gobierno verdaderamente no tiene nada que esconder, la transparencia no le estorba, al contrario, le sirve.
Y cuando la información pública comienza a convertirse en información reservada, quizá el problema no sea que los ciudadanos estén preguntando demasiado.
Quizá el problema sea que el gobierno está explicando demasiado poco.
Porque el gobierno del Estado puede reservar documentos, puede esconder cifras detrás de expedientes, puede justificar clasificaciones y puede llenar boletines hablando de transparencia, pero hay algo que no puede reservar: la desconfianza de los ciudadanos.
Estamos frente a un gobierno que quiere que los ciudadanos vean, pero sólo cuando el poder decida qué pueden ver. Y eso no es transparencia.
Eso tiene otro nombre: opacidad.