Este 18 de agosto se dio a conocer a través de los medios de información y plumas afines al gobernador de Puebla Luis Miguel Barbosa que un juez dictó órdenes de aprehensión contra Luis Ernesto Derbez quien es el rector de la UDLAP, así como de otros funcionarios de esta importante institución, también a los abogados que defienden esta expropiación. Todo lo anterior al parecer es para distraer la atención de la orden que por segunda ocasión el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla, en donde se ordena restituir al patronato que encabeza Margarita Jenkins como máxima autoridad de la UDLAP; se ordena también devolver las cuentas bancarias a la administración que estaba antes del 29 de junio encabezada por el rector Luis Ernesto Derbez.
El gobierno de Puebla en lugar de atender esta instrucción judicial, filtró las supuestas órdenes de aprehensión, lo cual es también un hecho muy cuestionable por el secreto al debido proceso que es una de las formalidades esenciales en cualquier procedimiento penal. Con lo que se demuestra que el gobierno de Puebla ha establecido un reiterado mecanismo de presión para evadir la obligación legal de atender la suspensión provisional que ordena la devolución del campus; con lo que se comprueba que Barbosa quiere a toda costa quedarse con esta importante institución de educación superior privada. Se ha aprovechado la denuncia de Guillermo Jenkins de Landa que inició en contra de su señora madre y hermanos en el año 2013, en razón de que por el voto unánime de los otros miembros de ese patronato lo excluyeran de las decisiones en el manejo de esa persona moral. No tuvo éxito esa denuncia ya que el Ministerio Público Federal determinó el no ejercicio de la acción penal en esa contienda entre particulares.
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Sensato sería dejar que este conflicto entre particulares se dirimiera en los tribunales, sobre todo si hubo movimientos de dinero a otros estados y países; y si ese hecho cumple con lo establecido en las leyes mexicanas y no intervenir con el poder del estado y la justicia penal para cometer injusticias como al parecer lo está haciendo el gobernador Barbosa.
Mientras todo esto ocurre la comunidad universitaria de la UDLAP padece la incertidumbre que estas acciones del gobierno de Puebla han generado. De entrada, la inscripción al nuevo ingreso se presentó a los mínimos y muchos estudiantes que habían iniciado su proceso de admisión ya no lo concluyeron lo que ocasiona pérdidas millonarias a esta institución.