El avance sobre la incidencia delictiva de junio difundido en la víspera por la Fiscalía General del Estado confirma que aún sin la apertura total de las actividades no esenciales el “bono” que trajo consigo la pandemia se ha agotado, tal como ha quedado registrado en este espacio en anteriores entregas.
Lo que tanto se presumió como un logro de la estrategia en materia de seguridad pública en el estado y el municipio de Puebla terminó diluyéndose con el paso del tiempo y finalmente se confirmó que una vez que las personas salieron del encierro para ir a sus trabajos y realizar sus actividades cotidianas se convirtieron en víctimas del delito.
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En este sentido podemos observar que aumentaron ilícitos como el robo en sus diversas modalidades, trata de personas, amenazas, fraude, abuso de confianza, despojo y daño en propiedad ajena, así como venta de drogas al menudeo, algunos con consecuencias funestas.
Un factor que no alcanza para explicar tal aumento en las Carpetas de Investigación es el referente a la apertura de las áreas receptoras de denuncias tras la pandemia, ya que ese efecto solo se presentó en marzo de 2021, para después observarse una tendencia a la alza en forma sostenida hasta el cierre de junio sin sobresaltos.
Solo así se entiende por qué entre el primer semestre de 2020 y el primer semestre de 2021, los delitos totales denunciados en el estado de Puebla se hayan incrementado 22.5%, en tanto que en la capital poblana aumentaron un 77.4%, algo nunca antes visto en el municipio durante los últimos 24 años de acuerdo a los registros en Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A nivel estatal, los delitos que más aumentaron fueron la trata de personas con 1,200%, el robo de autopartes con 312%, fraude con 145%, narcomenudeo con 125.6%, robo en transporte individual con 120.6%, robo a transeúnte con 101%, abuso de confianza con 87.5%, robo en transporte público colectivo con 85.2%, amenazas con 66.3% y robo a casa habitación con 34%.
Pero si las cosas a nivel estatal no pintan bien, a nivel municipal están peor ya que el incremento en algunos delitos fue de hasta 30 veces, como es el caso de las amenazas que aumentaron 2,903%, mientras que la trata de personas se incrementó 1,300%, despojo en 946%, daño a la propiedad en 845%, fraude en 790%, robo de autopartes en 685%, abuso de confianza en 626%, lesiones dolosas en 401% y robo a transporte individual en 359%.
No debe soslayarse que algunos delitos de alto impacto registraron cifras más amables, como el homicidio doloso que a nivel estatal registró una disminución del 18.4% y 47.6% a nivel municipal, mientras que el feminicidio a nivel estatal disminuyó el 37% y a nivel municipal no registró variación alguna, mientras que el secuestro a nivel estatal bajó el 50%, aunque a nivel municipal aumentó un 50%.
El repunte de los lícitos también es reflejo de los efectos de la pandemia, que fueron más profundos de lo que se esperaba y no solo en temas de seguridad sino en materia de economía, salud, educación y convivencia social; peor aún pudo haber generado cierta confianza por parte de las autoridades estatales y municipales al observar que los delitos bajaban y bajaban en una suerte de tobogán que parecía no tener fin.
De ese tamaño es el reto que asumirá la administración municipal entrante y solo le quedan dos meses para articular a todos los actores contemplados en la nueva estrategia, en la que el papel de las organizaciones de la sociedad civil y los empresarios será determinante, por lo menos eso dice la experiencia mexicana, latinoamericana y española, ésta última de donde se ha aprendido en los últimos años en materia de proximidad social.
Ojalá que en esta nueva etapa queden atrás las diferencias para resolver un tema más técnico que político, que requiere sumar esfuerzos y coordinarse en virtud de las autoridades estatales o municipales no disponen de los recursos humanos, presupuesto y atribuciones para hacerle frente a la violencia en forma aislada, sino que requieren el concurso de la Federación, para eso son los Grupos de Coordinación Operativa que habrá que replantear.
No es necesario inventar el hilo negro, solo habrá que elaborar un buen diagnóstico y alinearlo con la nueva estrategia municipal para que los resultados comiencen a darse. Los capitalinos y en general todos los habitantes del estado de Puebla lo necesitan con urgencia, antes de que las inversiones volteen a ver hacia otros estados donde el trato sea más amable y las leyes locales menos engorrosas.
En Puebla ya pasó con la planta de motores de Volkswagen, que ante la indefinición de las autoridades municipales y estatales hace algunas administraciones, terminaron yéndose a invertir a Guanajuato.