Contra la violencia, paz y seguridad con mano dura

Martes, Junio 1, 2021 - 11:54

La violencia delincuencial debe castigarse y combatirse con toda la fuerza del Estado

Soy Fernando Manzanilla Prieto, desde hace 20 años la vida me ha dado el privilegio de servir a las familias poblanas. Mi mayor anhelo es que a mí Estado le vaya bien. 

Llevamos años atrapados en un círculo vicioso de violencia e impunidad que no solo ha disparado los niveles de inseguridad, sino que ha acelerado la descomposición del tejido social y ha debilitado como nunca antes, la cultura de la legalidad.

Está ampliamente estudiado que la estrategia contra las organizaciones criminales centrada exclusivamente en su desarticulación y descabezamiento ha tenido como resultado no esperado la fragmentación y diversificación criminal de organizaciones delincuenciales. Lo que, a su vez, se ha traducido en una explosión de los niveles de violencia y criminalidad ante un Estado incapaz de garantizar la seguridad de la población en amplias extensiones del territorio nacional.

Se supone que la razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Esa es la esencia del contrato social: cederle el monopolio de la fuerza legítima a cambio de que nos proteja. Pero en lugar de eso, lo que hemos visto es el debilitamiento de las instituciones de seguridad del Estado y el fortalecimiento de las organizaciones criminales, no solo en términos operativos y logísticos, sino también de legitimidad social. Y ha sido la impunidad, derivada de la debilidad institucional, la que ha permitido el crecimiento del fenómeno delincuencial y de violencia a gran escala.

Esta incapacidad de la autoridad para articular una respuesta similar en fuerza ha provocado una amplia disputa por el uso exclusivo de la violencia. Y ante la debilidad de los aparatos del Estado para procesar la demanda de seguridad y justicia, muchos han sido capturados por las organizaciones criminales. Lo que ha condicionado el surgimiento de pequeños “Estados dentro del Estado”, dueños de la violencia y las rentas en regiones enteras de nuestro territorio, así como un acelerado proceso de descomposición del tejido social y de la cultura de la legalidad.

¿Cómo podemos recuperar la capacidad del Estado mexicano para combatir a la delincuencia y restaurar la paz en todo el territorio nacional? No hay de otra: la impunidad y la violencia delincuencial debe castigarse de manera ejemplar y combatirse con toda la fuerza del Estado. Ello implica reconquistar los territorios controlados por el crimen, cuadra por cuadra, colonia por colonia, localidad por localidad y región por región, hasta disuadir la acción criminal y contener la violencia.

Lo primero es contar con fuerzas de seguridad profesionales y con capacidad de fuego, que garanticen el orden y el respeto a la ley. Y eso solo será posible fortaleciendo las capacidades operativas de nuestras fuerzas de seguridad en cada rincón del territorio nacional, con equipamiento e inteligencia, garantizando que se castigue de manera ejemplar, a todo aquel que infrinja la ley, cerrando con ello todo espacio para la impunidad. Asimismo, se requieren instituciones de procuración y administración de justicia éticamente sólidas, dispuestas a utilizar toda la fuerza del Estado mexicano para aplicar la ley, con firmeza. Ello implica dedicar todo el esfuerzo gubernamental a limpiar y profesionalizar la procuración de justicia a nivel local.

El efecto esperado de esta acción será, primero, una reacción violenta del crimen que deberá ser superada en fuerza y estrategia. Y segundo, un efecto disuasivo que solo se consolidará con una mayor expectativa de castigo. El objetivo es que, en el mediano plazo, cualquier delincuente calculará un mayor riesgo por cada acto criminal violento, lo que se traducirá en una tendencia a disminuir la virulencia de la acción criminal. En esta lógica, habrá que hacer realidad estrategias disuasivas como el registro público de narcotraficantes y secuestradores, así como la castración química a depredadores sexuales.

Para cerrar la pinza de la estrategia deberá aprovecharse este caldo de cultivo contra la violencia y la impunidad para desarrollar una cultura de la legalidad a nivel local. Abonar al desarrollo de una cultura de la legalidad exige ir más allá de los límites de la acción coercitiva del Estado. Recordemos que la impunidad sistémica se vio favorecida por una extendida narrativa social de menosprecio por la ley y culto a la corrupción de las instituciones de seguridad. Por lo que este esfuerzo deberá ir acompañado de un combate frontal a las carencias y la desigualdad social en cada territorio conquistado. El propósito debe ser generar capital social y legitimidad de la acción del Estado, como muro de contención de la acción violenta y corruptora del crimen.

En suma, es urgente impulsar, como nunca antes, el desarrollo de una sólida cultura de la legalidad a partir de la aplicación de la ley sin contemplaciones y con mano dura. Solo así podremos tener certeza de que nuestra vida y nuestro patrimonio están protegidos, y que se respetará la ley y prevalecerá la justicia.