Fiscalización y candidaturas

Miércoles, Abril 7, 2021 - 09:27

La fiscalización permite una justa electoral competitiva y equitativa

Administrador Público y Politólogo, egresado del Diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral, investigador y estudiante del posgrado en Ciencia Política en la BUAP

Las últimas noticias entorno a la cancelación de 27 candidaturas, veinticinco de MORENA y dos de Redes Sociales Progresistas (RSP) a propuesta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), han puesto sobre la mesa un intenso debate sobre la legalidad y lo transparente de este procedimiento. El artículo de hoy se encamina a explicar el por qué y el cómo sucedió esto.

Primeramente, hay que recordar que la fiscalización es una tarea por así decirlo “reciente” que recae en la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del propio INE, dentro del sistema electoral mexicano, una actividad a la que los partidos políticos y sus candidatos han tenido que irse adaptando para cumplir con las disposiciones legales, y que cada día se convierte en un elemento más escrupuloso para auditar de manera precisa los gastos que se realizan.

De manera general podemos definir que los partidos políticos tienen el deber de rendir los informes de los gastos realizados en la etapa denominada como “pre campaña” y en “campaña.”

El primer concepto de “precampaña” se relaciona con el periodo en el cual los partidos políticos realizan procesos internos para seleccionar a sus candidatos y en el que buscan el apoyo de su propia militancia a través de diversos medios, la obligación de los candidatos establece que deberán cumplir con este en un periodo de 10 días posterior a la conclusión de la “precampaña” (LGPP. Art. 79).

En el caso de los candidatos independientes la obligación recae en el periodo denominado como “obtención de apoyo ciudadano”, ese momento en el cual recaban firmas para lograr obtener la posterior candidatura, la ley establece un periodo de 30 días para la presentación de dicho informe (LGIPE Art.378).

Ahora bien, la ley también establece un periodo de 15 días para que la UTF pueda revisar a cabalidad estos informes, y en el caso de que detectara observaciones en los mismos notificarle al partido en cuestión para solventarlos en un plazo de 7 días, y finalmente dictaminar sobre la pertinencia de los mismos.

 

Los argumentos que existen alrededor de esta cancelación mencionan que el INE no cuenta con las facultades legales para realizar este retiro de las candidaturas sin embargo entre las facultades establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en su artículo 456, es establece que una de las sanciones a las que pueden ser acreedores es la cancelación del registro.

¿Qué ocurrió en el caso de MORENA y RSP? Al respecto el Consejero General Ciro Murayama explicó que derivado de los procesos de monitoreo y auditoría se detectó que existían precandidatos que no contaban con el registro pertinente y que realizaban de manera abierta gastos en propaganda lo que incurría en una clara falta a la normatividad, específicamente fueron 59 casos detectados bajo esta modalidad. De los cuáles 27 se hicieron acreedores de la pérdida del registro como candidatos.

Y es que resulta difícil llevar a cabo un proceso electoral con transparencia y equidad en la contienda, cuando los precandidatos no actúan conforme al marco jurídico y la normatividad vigente, lo que complica y crea un ambiente extraño en la comunidad política porque no sabremos en realidad de dónde están obteniendo los recursos ni en que los están gastando.

Ahora bien, las decisiones que al respecto toma la Comisión de Fiscalización y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no son inamovibles y pueden ser impugnadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, órgano jurisdiccional encargado de emitir contravenir o de ratificar las sanciones.

Sin duda la fiscalización se torna un punto medular al permitir una competitividad electoral justa y equitativa, reportar los gastos y las erogaciones en todas las etapas crea en nuestra democracia mecanismos para que día a día haya menos despilfarro de recursos y más certeza sobre el origen y aplicación de los mismos.

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