En mi entrega de la semana pasada, “2021 la calamidad educativa que se nos viene” cerré señalando la necesidad de establecer un puente de colaboración entre la Secretaría de Educación del Estado de Puebla y los diferentes actores de la sociedad poblana, en beneficio de la educación en la entidad; el énfasis final fue: “La Ley Estatal de Educación Superior, sería un excelente pretexto para promover este encuentro en la diversidad.”
Continuando con lo anterior, es momento de ocuparnos de esa Ley, fundamental para una de las entidades federativas con mayor infraestructura en ese nivel educativo, como es Puebla; sin embargo, es indispensable, establecer los antecedentes esenciales para dimensionar nuestra participación, como ciudadanos.
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De acuerdo a la norma, la Ley General de Educación Superior, se encuentra en la segunda fase del proceso legislativo a nivel federal; la iniciativa fue presentada ante el Senado de la República, el pasado nueve septiembre de dos mil veinte, y aprobada el nueve de diciembre del mismo año, actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados, para su discusión. Una vez concluido este proceso, y publicada en el Diario Oficial de la Federación, tendrá que realizarse el mismo ejercicio en cada entidad federativa; ahí es en donde se presenta la oportunidad de participación ciudadana, misma, que desde luego requiere que estemos preparados, para evitar lo sucedido con la Ley Estatal de Educación, ocasión en la que algunos actores estatales, señalaban que solo tuvieron una semana para la revisión, cuando el proceso federal llevaba más de seis meses.
Es justo señalar, que esta iniciativa, representa una situación muy especial en los esfuerzos por legislar la educación superior en nuestro país; el antecedente más cercano, es la “Ley para la Coordinación de la Educación Superior” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978; de ahí, tendríamos que remontarnos a la Ley del Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de noviembre de 1975.
Partiendo de considerar lo joven, del nivel de educación superior en nuestro país, en general, la Ley General de Educación Superior, cubriría un vacío existente en cuanto a derechos y obligaciones asociados a este nivel educativo; algunos rasgos que se identifican en la iniciativa, son: tiene un carácter federalista con énfasis en la rectoría del Estado, integra conceptualizaciones importantes como Derechos Humanos, Equidad, Interculturalidad y Respeto a la Dignidad Humana, además de abordar temas torales, tales como acoso y prevención de violencia. Tema, no menor, es la autonomía en instituciones públicas.
Desde luego, en esta propuesta de ley, hay pendientes importantes, de los cuales solo adelanto, la poca importancia que se le da a la participación ciudadana; ya, en la siguiente entrega, me ocuparé de ofrecer algunos detalles sobre esta Ley a nivel federal, reflejando sus carencias, como oportunidades para la correspondiente Ley a nivel Estatal. Eso sí, de ninguna manera, puede ser limitante para el necesario parlamento abierto en nuestra entidad, el recorrido realizado a nivel federal; deberá mostrarse la vocación democrática del gobierno estatal y desde luego, la capacidad analítica y propositiva de los diferentes actores sociales, para presentar propuestas pertinentes, orientadas a la mejora de la educación superior a la entidad.
Desde luego que estoy consciente de la tendencia a politizar la situación, por lo que hago votos, para que, se genere el diálogo desde el ámbito netamente educativo. ¿ingenuo? No, simplemente, con la esperanza suficiente que me mantiene en movimiento.
¡Que este 2021, sea lo mejor posible para Todos!