El panorama que acompaña la vida de los mexicanos es sumamente complejo. Desde los primeros meses del gobierno progresista que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, para cumplir con la esencia de su propuesta programática debía extirpar de las entrañas del sistema político mexicano la corrupción, la impunidad, pacificar al país para lograr un nivel aceptable de seguridad pública, detener la captura del estado perpetrada por los grupos de poder fáctico en donde también se encuentra incluidos, bajo circunstancias especiales, los grandes y poderosos carteles de la delincuencia organizada que tienen sus grupos operativos, sus grupos de infiltración en el poder público para asegurar la protección de sus actividades ilícitas y sus grupos de lavadores de los recursos obtenidos por esas actividades. Debe agregarse también la compleja tarea de combatir las actividades de corrupción que se presentan en el accionar de las actividades propias del acto de gobernar, así como minimizar la dimensión de las actividades de los delincuentes ordinarios que si bien por la dimensión de sus atracos es menor, aun así, lastima de manera importante a la vida y seguridad de las familias mexicanas. A este panorama descrito de modo esencial se le sumó, en los primeros meses del año 2020, la presencia de la pandemia de Covid-19.
A todo lo mencionado, se debe agregar la imperiosa necesidad de modificar los criterios que deben guiar las decisiones más importantes de la tarea de gobernar, modificar el criterio que privilegió a los intereses de los grupos oligárquicos, para ponerlo en un lugar subordinado y por tanto establecer en primer lugar el interés de la nación. Se trata de substituir al Neoliberalismo por una política social demócrata moderna, en ese rumbo se tiene que asumir que ese conjunto de políticas con esa brújula puede ir variando de acuerdo a las realidades concretas, pero la esencia es que en primer lugar se deberá poner el de los mexicanos.
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Lograr lo que la 4T se ha propuesto pasa por poner orden en lo que se estableció en las legislaciones secundarias para la industria y el comercio del país y del extranjero, favorecer los intereses de los poderosos en las finanzas en la economía, en la política, y para mantener a sus impulsores desde las más altas esferas del poder.
Se trata de evitar la continuación de ilícitos tolerados por las estructuras de gobierno, o bien de evitar que los funcionarios se conviertan en protectores o cómplices de los ilícitos, y peor aún que ellos sean los que encabecen las redes de comisión de ilícitos, tal es el caso de lo que sucedió con las múltiples acciones como la presentación de facturas falsas originadas en la presentación de documentos relacionadas con las empresas llamadas facturaras, que al realizarse una investigación realizada por el SAT encontró que en el sector salud de la administración pasada, se presentaron facturas falsas y se les aceptó por parte de los funcionarios correspondientes en el IMSS, ISSTE, ISSFAM, Secretaría de salud, hospitales y clínicas de gobiernos estatales. En ese núcleo se identificaron 22,933 facturas falsas para desviar 4, 000,179 millones de pesos, entre los años 2014 y principios de 2019.
Los estados que más facturas falsas presentaron fueron el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo; Quintana Roo y Yucatán; del total de facturas falsas presentadas y aceptadas el principal fue el correspondiente a las instituciones de salud del gobierno federal.
Se trata pues de evitar ese tipo de ilícitos. Las resistencias no se hicieron esperar, los integrantes de esas redes y sus protectores buscaron complicar el funcionamiento del sector salud, escaseando los insumos del sector, hasta llegar a realizar compras y a ocultarlas al mismo tiempo, con lo que alentaban a sus huestes para realizar actos de protesta por ese motivo. Terminar eso no es fácil, y aunque con dificultades se está poniendo orden legislando para evitar la impunidad y, con el mismo propósito, se ha procedido a denunciar y promover actos de justicia para castigar a los integrantes de esas redes y especialmente a desmantelar la red que en el sector público posibilitaba la comisión de esos saqueos.
Se tiene que evitar que nuestra industria petrolera se siga socavando por los que forman parte de la red delincuencial, la que antes tenía la protección de los altos funcionarios de esa industria que por su tendencia privatizadora, propia del modelo neoliberal impulsaron normas que permitieron debilitar el carácter nacional de la industria petrolera y posibilitar la intervención de los inversionistas privatizadores nacionales y extranjeros, y para ello organizaron redes de funcionarios vinculados a ese propósito, que además algunos de ellos encontraron una forma de socavar a PEMEX y, al mismo tiempo, obtener beneficios muy significativos para el beneficio privado individual y de grupo; en ese camino de lucra se encontraron con los que coincidían con ellos con cargo a la industria petrolera, así fue como se aliaron algunos de los funcionarios de PEMEX con las bandas delincuenciales que se dedican a actividades ilícitas de mayor calado y se formó la red de saqueo de la industria petrolera: en principio se dio el fenómeno de las tomas clandestinas que extraían derivados del petróleo, principalmente gasolina, durante un largo periodo esa actividad alentada desde PEMEX contó con la tolerancia, la indiferencia y hasta la protección de las autoridades de los distintos niveles de gobierno, se dejó fortalecer la red delincuencial del robo de Hidrocarburos. Con el gobierno Progresista de la 4T, se está luchando por desmantelar esas redes y con ello evitar que se continúe con el saqueo de nuestra industria; la situación continúa siendo muy delicada, tenemos que la nueva administración de PEMEX ante la comisión de valores de los EU advirtió que sus operaciones están sujetas a la posibilidad de actos criminales en la red de ductos de los derivados del petróleo y, además, puntualiza la complejidad del combate a esos actos criminales, por el hecho de que algunos malos integrantes de la plantilla laboral de la empresa se encuentran involucrados en los mencionados ilícitos. A ello se suma el que los anteriores administradores de la empresa hoy alientan en los miembros de su red delincuencial interna el recurrir a actos de sabotaje, en lo que tiene que ver con el control cibernético de las operaciones de la empresa, se encuentran decididos a no dejar sus rentables actividades ilícitas potenciadas en su agresividad porque frecuentemente esas redes aparecen asociadas con los grandes carteles del tráfico de estupefacientes. En ello la estrategia del gobierno progresista se distingue porque ha hecho valer la defensa de la industria energética, conservándola en poder de la nación, para ello insiste en que lo que importa es el interés nacional y el de los grandes empresarios, siempre y cuando reconozcan que su objetivo deberá ser el de lograr ser superiores por su competitividad y por su compromiso con el progreso y el bienestar de los mexicanos. En cuanto a los ciudadanos, jóvenes y maduros, que pudieran desviarse de una vida honesta para trabajar en apoyo de las actividades ilícitas de esas bandas, están los diversos programas que atienden ―a los jóvenes, a los ciudadanos adultos, y a los adultos mayores― para mejorar su calidad de vida y de ese modo evitar que los delincuentes los pudieran cooptar. En cuanto a los que en el pasado han delinquido se pregona que el gobierno progresista pretende perdonar a los que han cometido delitos diversos, es decir se cree que hay una situación de borrón y cuenta nueva. Lo que realmente ha sucedido es que la línea que se puede percibir es que no hay borrón, más bien es solo cuenta nueva, dicho llanamente la idea es integrar a la nueva estrategia a todos los mexicanos que así lo deseen, pero con la condición de que las prácticas del pasado sean desterradas y que se comprometan con los principios de la 4T. Los que pretenden continuar con sus prácticas es que su nueva cuenta los pone en la tesitura de delincuentes reincidentes y, a ellos, se les tiene que castigar por lo que hacen y por lo que en el pasado hicieron, para desmantelar las redes delincuenciales se tiene que pasar a castigar a los alentadores de las actividades delictivas que aun desde el aparato público pueden alentar para así evitar que continúen saqueando a las finanzas públicas; a los delincuentes se les exhortaría a cesar sus actividades y seguro que no atenderían el llamado, por ello es que el gobierno progresista ya está visiblemente combatiendo los actos violentos de esa delincuencia y, por supuesto, ha pasado a castigar a los verdaderos dirigentes de esas bandas delictivas. Con esas acciones el gobierno pretende y ya ha avanzado a evitar el saqueo de PEMEX y, con ello, mejorar su consistencia económica como empresa del estado mexicano, informa la instancia de los EU de los riesgos porque no debe mentir, pero también informa que se está pasando a resolver el problema en bien de la industria petrolera mexicana.
El gobierno progresista ha definido una estrategia compleja para lograr disminuir la violencia y lograr pacificar a nuestro México, como vía para lograr los niveles de seguridad ciudadana adecuada para una sana convivencia, en ello se incluyen programas sociales, apartar, alejar a los mexicanos de las redes delincuenciales y, para ello, se ha diseñado una acción contra los delincuentes profesionales socavándoles sus fuentes de ingresos, además de la cancelaciones de sus redes oficiales de protección. Aquí cabe mencionar que no se ha declarado la guerra a nadie, más bien se desmantela las redes delincuenciales que tenían capturadas a las fuerzas de seguridad pública, no se recurre a la simulación que se dio en gobiernos anteriores en los que se declaró la guerra a los carteles de la droga y un jefe de seguridad nacional estaba vinculado con los carteles del tráfico de drogas.
En el combate a los carteles se ha utilizado la participación de las instancias institucionales de inteligencia y el desmantelamiento de las redes integradas por los que le brindan protección, tanto los que lavan dinero, como los que se hacían disimulados y les guardaban el dinero ilícito a cambio de jugosas propinas.
Así es que, como se combate a lo que debemos llamar la delincuencia profesional. En lo que se asocia al combate a las bandas delincuenciales más poderosas y profesionalmente organizadas se deberá consolidar a las fuerzas de seguridad en cuanto a su equipamiento, adiestramiento y su educación para entender que están al servicio de la sociedad. Pero se tiene que resolver lo que durante mucho tiempo ha significado un obstáculo a la coordinación para el combate a la delincuencia organizada, los límites rígidos de las competencias en donde se puede sugerir se establezca un sistema de competencias circunstanciadas, que permita el accionar de las fuerzas de seguridad para responder de manera inmediata a la acción de un ilícito y que en cuanto se presente la fuerza de seguridad competente, al lugar de los hechos, se entregue el mando y se asuma la coordinación con esa fuerza de seguridad señalada como competente, de ese modo se atenderá la necesidad de brindar protección oportuna a los ciudadanos y, al mismo tiempo, se cancelarán las ventajas que la delincuencia organizada tiene frente a la rigidez de la dinámica acartonada de las fuerzas de seguridad. Se debe tomar en cuenta que la delincuencia no tiene esas limitantes, ellos son competentes para delinquir en cualquiera de las modalidades, el mando circunstanciado resolvería esa limitante y permitiría una real coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad.
Todos ellos están empeñados de manera desesperada en frenar la acción del gobierno progresista, lo calumnian, tratan de lesionar en su credibilidad, y pretenden dar la imagen de que reina el desorden. Lo que realmente sucede, es que se está rescatando al estado que ellos tenían capturado y al hacerlo se está lesionando sus mezquinos intereses.
Se han vuelto más agresivos y más violentos porque la línea es combatir con todo a la estructura y prestigio de la 4T, así se explica que la línea editorial sea todo contra el presidente y su equipo, en la línea de la acción de los grupos delincuenciales es de hacer aparecer que el gobierno no puede controlar a la delincuencia, de esa apariencia se encarga la propia red delincuencial y, en la política pública la oposición se organiza en torno a rescatar y defender los espacios que aún tienen controlado, tal es el caso, de varios de los órganos autónomos cuyos integrantes si fueran independientes deberían mantenerse al margen de las disputas políticas y no permitir que se use a las instituciones como si fueran apéndices de los diferentes partidos políticos de oposición o de las organizaciones que aglutinan a la derecha mexicana.
Para pacificar México es necesario que a la amplia tolerancia que ha mostrado el gobierno progresista de AMLO, se correspondiera con una actitud de reconocer que la mayoría de los mexicanos votamos por la opción progresista, y que ellos que gobernaron mucho tiempo perdieron la confianza de la mayoría de los mexicanos, que reconocieran que así es y, por tanto, deberían presentar alternativas que respeten la voluntad de los mexicanos, que abonen a la solución de los problemas reconociendo que la política tiene criterios que están apoyando la mayoría de los mexicanos y, de ningún modo, pretender modificar eso sin pasar por lo que sería el juicio de los mexicanos expresados en las urnas; en pocas palabras que tengan una actitud cooperativa, en tanto no logren que la mayoría de los ciudadanos les devuelvan la confianza, la vía se inscribe en lo que los ciudadanos consideran correcto y que tiende a mejorar la vida de los mexicanos.