La serie de negligencias cometidas por el personal de la Fiscalía General del Estado tienen en la zozobra a los padres de Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, joven médico residente en el Hospital del Niño Poblano, encontrada sin vida el 15 de mayo de 2018 en Puebla.
Que Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, pida a Gilberto Higuera Bernal, encargado de despacho de la fiscalía, “corrija las anomalías de la investigación”, es un serio llamado de atención hacia el trabajo que se hace.
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Las irregularidades apuntan a que en la Fiscalía de Homicidios, a cargo de Fidel Sánchez Rueda, se cambió la cadena de custodia: a) la muestra hemática se mandó después de un año tres meses para su análisis; y b) se mandó una muestra de sangre reciente que no correspondía a Zyanya.
Al desprecio mostrado en la fiscalía hacia Martín Figueroa Torres y María Patricia Becerril Gómez, padres de Zyanya, se suma que quienes coordinan las audiencias ciudadanas les impiden llegar al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Sin importarles que a un año y tres meses del presunto suicidio aún no se haga justicia, los mandan con el jurídico del gobernador. La pregunta es, ¿Luis Miguel Barbosa Huerta está enterado de estas insensibles atribuciones que se toman quienes trabajan de cerca con él? ¿Por qué el personal de la fiscalía hace caso omiso de las indicaciones de Gilberto Higuera Bernal, quien el 12 de marzo pasado prometió a los padres revisar los avances del caso y ordenó que la muerte de Zyanya se investigue con perspectiva de género?
La petición de Luis de la Barreda Solórzano, que más que petición suena a exigencia, se suma a que el Observatorio Ciudadano envió a dos médicos forenses que coadyuvan para esclarecer el caso.
“Le ruego que de ser cierto, en todo o en parte, lo que expresan los padres de la doctora Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, se sirva usted disponer las medidas conducentes a que se corrijan las anomalías de la investigación y se culmine ésta con prontitud y eficacia”, dice el coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
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El 15 de mayo de 2018, fecha en la que fue encontrada muerta Zyanya Estefanía Figueroa Becerril, Puebla vivía una efervescencia política sin precedentes. La entidad estaba a menos de dos meses de ir a las urnas para votar o por Martha Erika Alonso Hidalgo o por Luis Miguel Barbosa Huerta y con ello elegir gobernador, que no eran las únicas opciones, pero sí las más fuertes. Presumiblemente la orden dada al entonces titular de la fiscalía fue silenciar todo aquello que tuviera visos de feminicidio…, y ahí están las consecuencias: a la muerte de Zyanya Estefanía la despojaron por completo de ser investigada como eso, como feminicidio.
¿De eso, de la orden que se dio para manipular y cuidar una imagen, estuvo enterado el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés? Él, por cierto, sigue exigiendo que el gobierno federal aclare las causas del desplome del helicóptero en el que viajaban la exgobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso Hidalgo, y el excoordinador de los senadores panistas, Rafael Moreno Valle Rosas, al cumplirse este sábado ocho meses de la tragedia: “ya se nos dijo que no fallaron los rotores, el clima estaba en buenas condiciones, los pilotos eran expertos, y transcurrido ese tiempo, parece que el gobierno le está apostando al olvido (…) empezamos a sospechar que alguien lo hizo y queremos saber quién fue”.
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*Director editorial de www.datamos.com.mx