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Opinión



El antes y el ahora de López y 3 leyes a su servicio

Lunes, Agosto 12, 2019 - 07:19
 
 
   

Fue este supuesto robo electoral ─que jamás pudo demostrar que se cometió─

El antes de AMLO.- Hace 25 años, en 1994, luego de fracasar en su segundo intento de obtener la gubernatura de Tabasco, se inició lo que ahora se conoce como el antes de Andrés Manuel López Obrador. Ocurrió después de la derrota que por diferencia de 97 mil 278 votos le infringió su antiguo compañero de partido, el priista Roberto Madrazo.

No obstante que su derrota fue amplia, clara y aplastante, el ahora presidente López adujo que fue víctima de un fraude electoral, perpetrado en contra suya con la finalidad de arrebatarle el cargo de gobernador que la mayoría de electores tabasqueños, según él, le confirieron al otorgarle su voto.

Fue este supuesto robo electoral ─que jamás pudo demostrar que se cometió─ lo que sirvió a López Obrador de pretexto para utilizar como medidas de presión política los bloqueos de pozos petroleros de Pemex y la toma y cierre prolongado de vialidades importantes.

Varias fueron las interferencias contra instalaciones de Pemex que promovió en Tabasco el ahora presidente de la república.

Durante doce días consecutivos, en el mes de febrero de 1996, López incitó a sus seguidores a bloquear pozos petroleros en las localidades de Cárdenas, Centla y Nacajuca, Tabasco. Bloqueos que ocasionaron a Pemex perjuicios en la producción de hidrocarburos y pérdidas económicas multimillonarias. Pérdidas que  terminaron dañando las finanzas del país y que contribuyeron a la bancarrota financiera que ahora presenta, con mayor gravedad, esa importante empresa del estado mexicano.

Esto consta en 17 averiguaciones previas, que con orden de aprehensión, se abrieron en contra de López y otros acusados, entre los días 17 y 22 de febrero de ese año, por la comisión de varios delitos. Entre ellos, sabotaje, daño en propiedad ajena, asociación delictuosa y ataques a las vías generales de comunicación.

Averiguaciones previas y órdenes de aprehensión que no se ejecutaron porque fueron canceladas, obviamente, por instrucciones de Ernesto Zedillo Ponce de León. Uno de los presidentes de la república que López Obrador hoy califica como neoliberal y conservador.

El ahora de AMLO.- El ahora de López es diferente y diametralmente opuesto a su antes. Hoy ya no bloquea pozos petroleros de Pemex en Tabasco, ni cierra ilegalmente vialidades importantes como antes lo hizo en diversas plazas y avenidas como la Plaza de la Constitución y el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Estos delitos los cometió López impunemente. Sin asumir, jamás, ninguna de las consecuencias de sus numerosas transgresiones a la ley.    

Ahora, siendo presidente de la república, López mira esos mismos delitos con ojos diferentes. Hoy, específicamente, a través de la Ley Garrote (o Ley del Embudo) como se conoce a las recientes modificaciones y adiciones que se efectuaron al Código Penal de Tabasco, pretende encarcelar de seis a trece años a las personas que bloqueen o se atrevan a bloquear instalaciones de Pemex ─como él lo hizo impunemente hace varios años─  y a las que interrumpan o traten de interrumpir uno de sus tres grandes caprichos: la refinería de Dos Bocas.

La Ley Garrote, aparentemente fue promovida a “iniciativa” del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, pero su verdadero impulsor y más interesado en sacarla adelante para aplicarla, tan pronto sea necesario, es el presidente de la república ¡Andrés Manuel López Obrador!

Por su parte, el Congreso de Tabasco que aprobó esa herramienta jurídica, es un órgano legislativo dominado por diputados al servicio del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, consciente o inconscientemente, está dispuesto a acatar las instrucciones de López.

Existen otros elementos de juicio adicionales para reafirmar la sospecha que la Ley Garrote es un traje que el gobernador López mandó confeccionar a la medida del presidente López.

Según el periódico La Razón entre  ambos existe una relación familiar. El gobernador López es sobrino del presidente López.

En 2016, cuando López cedió a sus hijos la propiedad de dos departamentos que en ese entonces poseía en la Ciudad de México, en vez de acudir a una notaría en esta localidad, acudió a la notaría número 27, a cargo del notario y ahora gobernador, Adán Augusto López Hernández, situada en la ciudad de Villahermosa, a  más de 700 kilómetros de distancia.

Durante una visita a Tabasco efectuada por López en octubre de 2018, siendo ya presidente de la república electo, anunció que él sería asesor del gobernador Adán Augusto López Hernández.

Leyes a la medida de los deseos de López

Además de la Ley Garrote, legisladores morenistas aprobaron otras leyes también idóneas a AMLO, la Ley Taibo y la Ley Bonilla.

Ley Taibo.- Teniendo tatuado en el cerebro el compromiso político de convertir en director general del Fondo de Cultura Económica a su correligionario Paco Ignacio Taibo II ─quien en abril de 2018 le sugirió mandar a chingar a su madre a los empresarios que pretendieran chantajearlo y expropiar sus empresas─ que por no ser mexicano de nacimiento estaba imposibilitado para ocupar ese cargo público por mandato de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a esa ley con el propósito de eliminar esa prohibición que le era incómoda.

Debido a que el presidente de la república cuenta con mayoría en ese órgano legislativo logró su propósito.

A este evidente acto de uso indebido del poder público, llevado a cabo al viejo estilo del PRI, se le conoce como Ley Taibo.

Ley Bonilla.- El 2 de junio del año en curso, la mayoría de electores de Baja California eligieron como gobernador para un período de dos años al candidato de Morena, Jaime Bonilla.

Pero apoyada en una tramposa, amañada y supuesta intención de “ahorrar” dinero destinado a gastos electorales, la mayoría de integrantes de la Cámara de Diputados de esa entidad federativa, dominada por legisladores al servicio del presidente López, decidió modificar la ley para ampliar a cinco años el encargo de Bonilla. Sin importar que se trata de una arbitraria y abusiva decisión tomada a destiempo.

Al admitir que se consume este atraco a la democracia y a la voluntad del electorado, ya expresada clara y apabullantemente con 30.11 millones de votos, se estarán sentando las bases para que, por analogía, el periodo de seis años para el que fue electo el presidente López, se prorrogue, cuando menos, otro sexenio, con el pretexto de “ahorrar” al país 30 mil o 35 mil millones de pesos que costará  la elección presidencial de 2024.

La de 2018 costó a los mexicanos que pagamos impuestos 28 mil 33 millones, para elegir a quien ahora está destrozando al país.


Semblanza

Raúl Espejel Pérez

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).

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