Dr. Miguel Ángel Santillana Solana.
En la opinión de Gerardo Calderón Villegas, en primer lugar, es importante decir que, dada su naturaleza de órgano constitucional autónomo, la actividad de la Cofece durante los próximos seis años no dependerá, y quizás por eso no fue tomada en cuenta durante la campaña presidencial del hoy titular del Ejecutivo Federal, de la política pública o línea de administración que se defina por el nuevo gobierno, lo cual la coloca en una posición privilegiada frente al mismo. De hecho desde una perspectiva formal, el Presidente López Obrador únicamente tendrá la posibilidad de proponer a uno de los aspirantes a comisionado de ese órgano (y uno del IFT) durante su periodo presidencial, quien además deberá ser ratificado por el Senado y haber acreditado, mediante un examen, tener los conocimientos técnicos necesarios en materia de competencia y libre concurrencia para ocupar dicho cargo ante el Comité de Evaluación que se conforma por los titulares del Banco de México (Banxico), el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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En este sentido, considero que la Cofece será, como lo ha venido siendo desde su creación y antes lo hacía CFC, uno de los actores principales en la definición de la política de competencia del país durante el sexenio actual. Como tal, será importante no únicamente que continúe con su actuación institucional en los mercados, sino también que logre posicionar en la agenda del nuevo gobierno el tema de competencia económica. Para ello, creo que la Cofece ha dado ya el primer paso mediante la emisión del documento “Competencia económica, plataforma para el Crecimiento 2018-2024” que presento el Pleno de esa autoridad durante la campaña presidencial a todos los candidatos, en el que propone cinco acciones concretas para posicionar el tema de competencia económica como el eje central de la política económica. Las acciones que propone la comisión son las siguientes:
Las acciones anteriormente descritas parecen ser, de entrada, muy ambiciosas, considerando que para su implementación se requeriría de una voluntad política uniforme, además de la cooperación de distintos agentes de la administración pública en sus tres niveles de gobierno. Por otra parte, implicarían un incremento considerable en la carga de trabajo de la Cofece, pues dicha autoridad tendría que dedicar recursos técnicos y humanos para llevarlas a cabo, y de por si con los que actualmente cuenta son limitados.
No obstante, es indudable que la Cofece tiene ya camino andando en distintos frentes en los que ha logrado identificar barreras a la competencia que podrían estar protegiendo particularmente a algunos productores, en perjuicio de los consumidores en general, en sectores específicos que considere prioritarios para la economía nacional, como lo son, de acuerdo a distintas publicaciones de esa misma autoridad, el financiero, energético, transporte, comercio exterior, compras públicas y salud. En todos y cada uno de dichos sectores, la Cofece también ya ha identificado medidas concretas que el nuevo gobierno podría instrumentar y que tendrían un impacto significativo en la competencia de esos mercados específicos, cuya implementación de facilitaría enormemente de llevarse a cabo las cinco acciones planteadas en el documento “Competencia económica, plataforma para el Crecimiento 2018-2024” antes referido.
En mi opinión, existen puntos coincidentes entre los planteamientos de la Cofece y el hasta ahora discurso del nuevo gobierno que bien podría aprovechar la primera para presentarse como un aliado del segundo y éste, para materializar una de sus principales promesas de campaña. Me refiero al tema de las contrataciones públicas en donde, por un lado, la Cofece ya ha intervenido con éxito en al menos dos ocasiones, específicamente sancionando conductas colusorias, además de que ha emitido recomendaciones puntuales en el documento “Agenda de Competencia para un ejercicio íntegro en las Contrataciones Públicas”; y por el otro, el nuevo gobierno ha enfatizado la necesidad de acabar con la corrupción y erradicar los privilegios de unos cuantos, temas que claramente están alineados por la interrelación que existe entre la política anticorrupción y la política de competencia, y que pudieran ser el punto de partida para la creación de una agenda común.
Otro tema en el que parece existir un enfoque común es el de atender primero las necesidades de los pobres, que planteó desde campaña el hoy titular del Ejecutivo Federal, con la postura que ya había hasta cierto punto esbozado la CFC, pero que la Cofece claramente asumió de velar por los interés del consumidor a través de prevenir y sancionar prácticas contrarias al proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, viendo a dicho proceso como un medio para alcanzar un fin, pues históricamente la defensa de ese proceso constituía el fin mismo del actuar de las autoridades de competencia, y los beneficios al consumidor eran un resultado natural de un proceso sano.
No obstante, si bien existen bases suficientes para que la Cofece y el nuevo gobierno trabajen de la mano en la consolidación de una política de competencia, también hay retos importantes que no pueden dejar de apuntarse, entre otros: (i) la compleja realidad de la contratación pública en México, en donde la mayoría de los contratos públicos con un valor importante se adjudican por medios distintos a la licitación pública, situación que el gobierno entrante parece no querer modificar; (ii) la eventual reticencia del Ejecutivo Federal de fortalecer (aún más) a la Cofece, siendo este un órgano que, por su autonomía constitucional ya probada, podría presentar un contrapeso importante para la consecución de los objetivos de su propia agenda; (iii) la viabilidad de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), legado del otrora Presidente Enrique Peña Nieto, bajo la administración del nuevo gobierno, y (iv) las limitantes en recursos tanto técnicos como humanos de la Cofece, que probablemente aumentarán con motivo de las políticas salariales implementadas por el nuevo gobierno en la administración pública federal, suponiendo que estas resulten viables desde el punto de vista constitucional (tema que da para la elaboración de otro artículo).
Así las cosas, citando al Señor Presidente en el discurso de su toma de protesta, “me canso ganso” que veremos a una Cofece más activa que nunca política y formalmente y que, de haber la voluntad política para ello, nuevamente será protagonista del rumbo que habrá de seguir nuestro país en los siguientes seis años.
Fuente:
Revista: “Abogado Corporativo”. En: “La política de competencia en el nuevo gobierno” Gerardo Calderón-Villegas. Número 69. Editorial Thomson Reuters. Enero-Febrero de 2019. Págs. 52 a 55.