Raúl Espejel Pérez
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Es obvio que Andrés Manuel López Obrador se equivocó al tratar de combatir el robo de gasolina ordenando el cierre de las válvulas de los ductos que la trasladan a los centros de acopio y distribución, provocando una escasez de gasolina nunca antes vista en el país.
Al percatarse que su decisión fue ineficaz para aprehender a los roba-gasolina y que sólo provocó escasez de este combustible, tratando de ocultar su error el presidente de la república tendió una cortina de humo al calificar la prolongada falta de gasolina como un pequeño “problema momentáneo de abasto”. Que de momentáneo sólo tiene el nombre porque ha persistido por más de quince días.
Para combatir efectiva y eficazmente el robo de gasolina mediante la ordeña de gasoductos, es imprescindible que el Estado disponga de una estrategia que además de contemplar todo lo necesario para detener, encarcelar, penalizar a los huachicoleros y confiscar sus recursos financieros y sus bienes inmuebles, permita el desmantelamiento de las organizaciones criminales que del robo de gasolina han hecho su modus vivendi. Así como contar con un programa colateral de distribución que evite la escasez y desabasto de ese combustible.
Fue una equivocación del presidente López declarar la guerra al huachicoleo, impulsado por una ocurrencia que desde el principio estuvo destinada a fracasar.
El huachicoleo en México se ha convertido en uno de los delitos peor combatidos por el gobierno federal y más rentables para la delincuencia organizada. Según cifras oficiales, Pemex perdió por el huachicoleo 147 mil 200 millones de pesos durante los últimos tres años. De éstos, en 2016, la pérdida fue de 30.8 mil millones de pesos. En 2017, el saqueo de ese combustible ascendió a 50.1 mil millones y en 2018, la cifra de pérdidas fue de 66 mil 300 millones de pesos.
A lo largo de 2014 se detectaron 2 mil 14 tomas de gasolina clandestinas. En 2015 esta cifra se elevó a 5 mil 252 puntos de extracción ilícita, en 2016 se incrementó a 6 mil 873 y en 2017 esta cantidad ascendió a 10 mil 363 centros de robo subrepticio y entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2018, esta cifra creció a 11 mil 240 sitios de hurto. (El Economista, 13 de diciembre de 2018).
Nadie puede oponerse a que el gobierno federal cumpla con su obligación de defender el patrimonio nacional y combatir eficientemente, con toda la fuerza del Estado mexicano, la ordeña de los ductos conductores de gasolina. Excepto quienes realizan esa actividad delictiva, los propietarios de las gasolineras que adquieren el combustible robado y los propietarios de las empresas que lo compran barato a sabiendas que es un producto de procedencia ilegal.
Dar la orden de cerrar los gasoductos con la finalidad de evitar que los huachicoleros la sustraigan sin una adecuada planeación y sin un eficaz programa alternativo de abasto fue un error del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo único resultado fue provocar escasez de gasolina y molestias a los consumidores.
Con la idea desviar la atención de la opinión pública del verdadero origen de la falta del combustible automotriz, López Obrador ha declarado una y mil veces que en México hay suficiente gasolina para atender la demanda de este combustible. Que no se trata de un problema de escasez, sino de una dificultad “momentánea de distribución”.
Declaración que carece de sustento porque las reservas nacionales de gasolina únicamente alcanzan para cubrir la demanda de tres días. Mientras que en Japón y Francia, países mucho más pequeños en habitantes, superficie y parque vehicular, la reservas de gasolina son del orden de 70 y 98 días respectivamente.
No obstante que el gobierno del presidente López ha mantenido oculta la información relacionada con la verdadera causa que originó la escasez de gasolina que todavía subsiste en varias entidades federativas, existen elementos de convicción que, al ser públicos y no desmentidos por Pemex y las secretarías de Energía y Economía, adquieren credibilidad, en cuanto que la escasez de gasolina fue provocada por una disminución en las importaciones de combustible ordenada -presuntamente- por el propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.
Según el periodista Mario Maldonado, que escribe para el periódico El Universal, en octubre de 2018, una semana antes que el entonces director de Pemex, Carlos Treviño, anunciara que la empresa que dirige firmaría un contrato con la compañía estadounidense Phillips 66 para adquirir un millón 400 mil barriles de petróleo ligero (elemento primordial para la elaboración de gasolina), se presentaron en su oficina la señora Rocío Nahle y el ingeniero agrónomo, Octavio Romero -designados posteriormente secretaria de Energía y director general de Pemex - para solicitar verbalmente, en nombre y representación del entonces presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el gobierno de Enrique Peña Nieto procediera a cancelar esa operación comercial porque ya “no es posible que sigamos importando tanto petróleo”.
Treviño advirtió a los representantes del entonces presidente electo que no era posible atender la petición de AMLO porque podría afectarse el abasto de combustible.
Cuando Nahle y Romero informaron a su jefe que el gobierno del todavía presidente Peña se negó a cancelar la compra de ese millón 400 mil barriles de petróleo, López, a su conocido estilo de agredir con improperios a quienes están en desacuerdo con sus barbaridades, utilizó las “benditas redes sociales” para arremeter contra quienes rechazaron su ocurrente petición, acusándolos de “conservadores, corruptos, ineficientes y cinicazos”.
Aseguró, además, que la importación de un millón 400 mil barriles de petróleo constituye “una muestra más del gran fracaso de la política económica neoliberal o neoporfirista de los últimos 30 años”.
Mientras la sociedad sufre las consecuencias de la carencia de gasolina, los huachicoleros continúan disfrutando, en libertad, su impunidad y su riqueza mal habida.
Si este problema de escasez de combustible hubiese ocurrido por error de Vicente Fox, Felipe Calderón o Enrique Peña, López Obrador y sus fanáticos, los habrían desollado para tragárselos vivos. Pero como fue AMLO quien se equivocó, su índice de popularidad creció. ¡México al revés!
El diario estadounidense The Wall Street Journal (que según la sui generis forma de razonar de López Obrador) debe formar parte de la prensa internacional fifí, publicó la noticia que desde que éste ocupa la presidencia de la república, México redujo 28% sus importaciones de gasolina provenientes de Estados Unidos.
No se sabe si el presidente López canceló o no el contrato de importación que suscribió su antecesor, antes o después de reiterar que ya “no es posible que sigamos importando tanto petróleo“ o en las postrimerías del cierre de gasoductos. Lo que el gobierno lópezobradorista no logró ocultar es la escasez de gasolina ocasionada por su falta de prevención.
Escasez nunca antes vista en la historia de México, que ha ocasionado cuantiosas pérdidas económicas a automovilistas, transportistas, comerciantes, trabajadores de gasolinerías y empresarios.
La crisis de la falta de gasolina en varias entidades federativas sirvió para que Andrés Manuel López Obrador nuevamente exhibiera públicamente su alergia y aversión a la transparencia y rendición de cuentas.
La Cámara de Diputados solicitó la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de Energía, Carlos Urzúa y Rocío Nahle, así como del director de Pemex, Octavio Romero y del procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, para que desde sus respectivos ámbitos explicaran a los diputados la causa y efectos de la escasez de gasolina.
Por instrucciones del presidente tabasqueño ninguno de ellos se presentó a comparecer el día 15 de enero como se comprometieron.
Sería saludable para la vida democrática del país que en la Cámara de Diputados examinara la conveniencia de someter a un juicio político a estos burócratas enemigos de la transparencia y rendición de cuentas y removerlos del cargo público que mal ocupan.