En declaraciones expresadas días después de la decisión del TEPJF de validar las elecciones para gobernador del 1 de julio de 2018, Luis Miguel Barbosa dijo que faltaba todavía “mucho que decir” sobre esa infausta decisión. En efecto, acaso en las semanas y meses que vienen se sabrá todo lo que se movió detrás de las bambalinas que rodearon a los magistrados del referido tribunal. Me pareció insólito que el magistrado ponente, José Luis Vargas, dijera que hubo fuertes presiones hacia los integrantes del tribunal; que él mismo recibió amenazas de muerte; que deplorara lo que él consideró “tácticas dilatorias”; que le extrañaba la velocidad con la que sus colegas, los que regresaron de su viaje para participar en la sesión, habían leído su propuesta de dictamen que alcanzaba las casi 500 páginas. También manifestó su extrañamiento de que desde antes de conocer la decisión de los magistrados hubiera “un proyecto de engrose” sobre la sentencia. Finalmente, que la magistrada presidenta del tribunal en sesión realizada un día antes, no se hubiera manifestado sobre cuál sería su voto. En suma concluyó el magistrado Vargas, “esta elección huele mal antes, durante y después”.
En los días previos, diversos observadores y analistas del proceso político poblano daban por sentado que el TEPJF anularía el proceso electoral. Pareciera que habría habido un vuelco de último momento en la decisión del magistrado que hubiera definido la votación en otro sentido. ¿Qué fue lo que lo provocó? Acaso a esto es lo que se refiera Luis Miguel Barbosa cuando dice que todavía hay mucho por decir y por tanto por saberse, en la continuación de las prácticas fraudulentas estando ya en marcha Cuarta Transformación. He sabido de lamentaciones y hasta reproches al presidente López Obrador, en el sentido de que no hizo valer su fuerza política para que lo que sucedió dejara de suceder. Pero lo que estamos viendo en estas dos semanas de nuevo gobierno, es que se hay una división de poderes en el estricto sentido de la palabra. Andrés Manuel lo ha visto como una muestra de la democracia que deja atrás la presidencia imperial. Y esto es cierto.
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Pero hay que hacer una lectura adicional. Habiendo conquistado Morena y sus aliados el Poder Ejecutivo y teniendo mayoría en el Legislativo, los adversarios de la Cuarta Transformación se están acantonando en el Poder Judicial. No es nada nuevo este hecho. Ha sucedido en otros países en los que fuerzas progresistas han conquistado el gobierno. Y he aquí la explicación de lo que se ha llamado la “judicialización de la política”, que no es otra cosa que el uso del Poder Judicial para perseguir, desprestigiar y encarcelar a los líderes de la marea progresista que observamos en América latina en los primeros tres lustros del siglo XXI. Hoy observamos a Lula encarcelado sin prueba alguna en su contra, al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas también injustamente encarcelado, a Evo Morales reponiéndose de un infundado tráfico de influencias, a Rafael Correa con un proceso judicial en el que se le acusa de secuestro, a Cristina Fernández con procesos judiciales sin sustento alguno.
Así las cosas, independientemente de lo que todavía falta por decir y saber, ciertamente no es posible desvincular el fallo del TEPJF, de la sorda resistencia que desde el Poder Judicial se está observando en contra de Andrés Manuel López Obrador. Dicha resistencia no se nutre sólo de ideología: aproximadamente 5 mil funcionarios (la mayoría del Poder Judicial) se han amparado para seguir percibiendo salarios insultantes. Y esto solamente está comenzando.