La iniciativa de la Ley de reducción de salarios ha dejado al descubierto la mezquindad de la oligarquía política en el país. Integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), integrantes de las distintas fracciones parlamentarias en las cámaras de diputados y senadores, así como organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) apelan al Estado de “derecha” para defender sus reductos de corrupción legalizada, pero totalmente ilegítima.
Tan sólo basta recordar algunos ejemplos de estos absurdos que se viven en México, producidos por la distribución inequitativa y, por lo tanto, injusta de los recursos entre la oligarquía política. La tecnocracia de evaluación educativa, el parasitismo electoral y una comisión que, sólo de dicho, defiende los derechos humanos y, muestran que les trabajan a los empresarios y los organismos transnacionales rectores de la vida de los pueblos, dejando de lado a la clase trabajadora.
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Los jueces y magistrados de la Suprema Corte se han destacado por muchas cosas, pero menos por la resolución justa de asuntos apremiantes para la sociedad y mucho menos por ser una institución en la que participe gente honorable con “buena reputación”, como lo señala el artículo 95, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Podemos recordar el oprobio del exministro, Genaro Góngora Pimental, quien daba trabajo a sus amantes y encarcelaba a quien le exigía una pensión alimenticia digna para sus dos hijos, quienes padecían síndrome de Asperger. También es digno de señalar el caso del represor, Eduardo Medina Mora, quien se destacó por ser un pésimo procurador de justicia durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y quien fue impuesto por Enrique Peña Nieto para ocupar un espacio en la segunda sala de la SCJN.
Estos son solo dos ejemplos de quienes quieren seguir con sus privilegiados salarios, bonos, aguinaldos y demás prestaciones legales y dudosas, que suman más de $600 mil pesos mensuales, cuando un trabajador en México obtiene $84 pesos diarios, es decir, $2520 pesos mensuales. Lo que obtiene uno de los “distinguidos” representantes de la SCJN equivale al salario de 238 obreros. Un verdadero insulto.
Sin embargo, no son la única institución que ha puesto “el grito en el cielo”, también lo han hecho la escoria de los institutos autónomos que, como habíamos mencionado en ocasiones anteriores, fueron el producto de los últimos tres gobiernos, panistas y priista, para legitimar las acciones ilegales y autoritarias de sus decisiones. Cabe la pena resaltar el funcionamiento del INE, quien, aun con la forma en que se condujo la jornada electoral, en el julio pasado, ha tenido una actitud mediocre e inútil en la seguridad de los procesos electorales, en los cuales se ha vuelto coparticipe. De igual forma, el desempeño moral y profesional de personajes como Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova Vianello, ha dejado mucho que decir y desear. Elecciones presidenciales amañadas como las de 2006 y 2012, las descalificaciones, insultos y discriminación a grupos y dirigentes indígenas, son solo ejemplo de quienes, junto con sus consejeros compinches se amparan para que nos les reduzcan sus onerosos salarios.
De igual forma, Bernardo Naranjo Piñera, consejero del INEE, desde abril pasado, ya “sacó el cobre”. Aun cuando la consejera presidente, Teresa Bracho González, presentó una propuesta de presupuesto lastimera para evitar que desaparezca el instituto autónomo, reduciendo su salario por debajo del jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, el egresado de Berkeley y Stanford, se suma a la vergonzosa opinión sobre la protección de la ley vigente a su salario. Sin embargo, ¿cuáles han sido los resultados útiles a la sociedad y al magisterio mexicano por parte del INEE? Ninguno. La imposición de él y de Patricia Vázquez del Mercado al instituto de evaluación, por Rafael Moreno Valle, busca golpear al presidente de la República desde otro inútil instituto autónomo.
Y qué decir de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, instancia que desde hace años ha perdido la mística de su actuar social y político. La falta de una determinación adecuada ante situaciones como las desapariciones forzadas (por ejemplo, la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa), las ejecuciones extrajudiciales (por ejemplo, Tlatlaya) y las constantes violaciones a los derechos humanos en el país, como lo han documentado organismos transnacionales, como Amnistía Internacional. Su papel ha sido meramente protocolario, ya que no cuenta con la simpatía ni siquiera de los propios defensores de los derechos humanos. Otro costoso organismo autónomo.
Es de suma vergüenza que estas personas que viven del trabajo de millones de personas amaguen con no hacer bien su trabajo o se auspicien en la ley para defender sus privilegios cuando más de la mitad de la población en el país no cuenta con lo elemental para satisfacer sus necesidades básicas. Es necesario que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaparezca el INEE y la reforma educativa, ya que su función podría realizarse en algunos periodos determinados, sin la necesidad de generar tantos gastos para tan mínimos e inservibles resultados. De igual forma, se deben buscar mecanismos para reducir el número de trabajadores del INE, instituto que da resultados mínimos en época no electoral y; poner a trabajar a una CNDH que sólo sirve para cumplir con los protocolos internacionales.
De los ministros de la SCJN y de algunos partidos políticos en el Poder Legislativo, como los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) sólo se espera alguna traición, con su debida proporción, como ocurrió en Chile, en 1973, a Salvador Allende.
De nueva cuenta, salen a flote los verdaderos motivos de representantes populares y personajes que ocupan puestos en el gobierno sin ser aprobados por el pueblo, así como de las inútiles instituciones autónomas en México, que lo único que generan son enormes gastos a la ciudadanía. No sólo se ha mostrado la mezquindad de estos personajes y la perversión de la creación de instancias públicas, sino que se ha puesto en tela de juicio la propia concreción de la república y de la democracia como modelos de organización política. No es un asunto democrático la diferencia de posturas entre poderes e instituciones públicas, como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador. Se trata de evidenciar quienes frenan cualquier intento de cambiar la lógica corrupta de este país.
Posiblemente, los justos jueces, los evaluadores educativos, los respetables diputados y senadores, el racista antijefes chichimecas y un ombudsman inservible cenen rico esta navidad, Santa Claus les traiga todo lo que le pidieron, aunque millones de trabajadores vivan en condiciones deplorables. ¡Salud! Hipócritas mezquinos legaloides.
Picaporte
¿Qué hacía Roberto Josué Bermúdez Olivos en la manifestación de estudiantes de la Preparatoria 2 frente al edificio de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México el 10 de diciembre pasado? Este personaje se ha destacado en la UNAM por ser un delator. Gracias a su declaración ante el Tribunal Universitario, fueron expulsados integrantes del Consejo General de Huelga (CGH) (organización en la cual participó), de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de los colectivos Conciencia y Libertad y del Frente de Lucha Estudiantil, Julio Antonio Mella (FLE-JAM), entre los años 2001 al 2004, tales como Alejandro Echevarría, Jorge Martínez Valero, Argel Pineda, Aldo Reyes, Víctor Alejo Plata, Jorge Ortiz y Jaime Martínez.
Según algunos activistas, sobre el pesan algunas acusaciones de acoso sexual a estudiantes de diferentes escuelas de la UNAM, pero en particular de nivel bachillerato, en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel Sur. Algunos trabajadores lo conocen como Terminator y saben que tiene como principal función desarticular la organización estudiantil en distintas facultades de la universidad.
También fue acusado de plagio para obtener su grado de licenciatura en Sociología. Cuarenta párrafos plagió, pero no recibió ningún tipo de sanción académica por la UNAM, ya que se título y obtuvo, en 2007, la cédula 5243299, como Licenciado en Sociología.
Este personaje fue quien, curiosamente, resultó herido en el mitin de estudiantes de la Preparatoria 2 frente al edificio de la Rectoría universitaria, el 10 de diciembre pasado. ¿Qué hacía allí? Ahora Mario César y Omar Zavala Cuevas estudiantes detenidos en la agencia del Ministerio Público 22, de Coyoacán, en la Ciudad de México, están a expensas de las lesiones dolosas y los daños en propiedad. ¿Otra vez, Bermúdez Olivos hará que expulsen a estudiantes organizados? Suena a oreja y soplón institucionalizado.