Nuevamente gobiernos divididos, uno <<legítimo>>, <<avalado por la ciudadanía>> que reconoce como su <<gobernador electo>> a Luis Miguel Barbosa. Otro “espurio”, “ilegitimo”, avalado por “cuatro magistrados” impulsores de una “miope resolución”, que no abona a la democracia en México, y que más bien apuntala la “tiranía” , el “mapacheo” y la violencia contra los derechos ciudadanos a cargo “morenovallista” en Puebla. La “decisión” fue indudablemente “política”, y más bien “crematístico-utilitaria”, impulsada por un círculo “minoritario” de “togados” que en México mantiene como rehén a las instituciones judiciales y se niegan a perder sus privilegios, mientras avalan el “sacrificio” sin fin del Pueblo de México. En Puebla ya se espera un reconocimiento a la lucha política y popular encabezada por Luis Miguel Barbosa, debe contar con la presencia del presidente: AMLO, pero también con las comunidades ciudadanas, funcionarios democráticos, organizaciones sociales y juntas auxiliares. El gobierno legítimo debe empezar a funcionar, ya.
Por otra parte, sin importar que nuestro país haya ocupado durante el “periodo neoliberal” el lugar 135 de instituciones “más corruptas” en una muestra de 186 países, cuatro magistrados del TEPJF (pues tres se pronunciaron en contra, entre ellos el juicioso y acreditado Magistrado Vargas Valdez) decidieron abonar aún más a ese de por sí deplorable nivel de corrupción, y de ese modo emitir una resolución a todas luces “insostenible” por su altísimo nivel de contrariedad, ya que “pasa de noche” por las contundente evidencias del “Fraude Electoral” del 1o de julio en Puebla. De ese modo, el grupo de magistrados (4) encabezados por la Magistrada presidenta de ese tribunal, Jenie Otolora, impuso su resolución, en franco monólogo, sin atender los clarísimos argumentos del proyecto del magistrado Vargas, que demostraron con argumentos y pruebas inelectubles lo que todo mundo ya de antemano sabía, el oprobioso “fraude electoral” en contra de la ciudadanía de Puebla. En franca miopía “institucional” Otalora expuso que “…para poder llegar a la nulidad en el caso Puebla, consideró que se debió acreditar cuál fue la afectación (¡sic!) a la documentación electoral, en particular porque todo indica que la etapa de preparación de los comicios se expresó de manera valida (¡supersic!) al igual que la jornada comicial”. (¡Pácatelas!) Con semejantes “razonamientos” a cualquier persona medianamente ilustrada cuesta entender que otra sea magistrada de ¡un tribunal federal!, más aún, que esté en “sus manos” la resolución de un conflicto de gran complejidad y gravedad como el del “Fraude electoral “ de Puebla. Pero lo más grave del asunto, no es tanto que resolviera el conflicto, sino que con su resolución de luz verde (!!) a las “prácticas más ominosas” no sólo de la “tiranía morenovallista” sino de aquí en adelante a toda clase de “fraudes electorales”, “mapacherías” y “violencias” en contra de la ciudadanía no sólo de Puebla sino del País, impidiendo a los ciudadanos mexicanos ejercer libremente su derecho de sufragar. Tal es lo verdaderamente grave y el peso de la “deshonra vergonzosa” que de aquí en adelante pesará sobre la “ausencia” de juicio y criterio jurídico de la mencionada magistrada presidenta: Jenie Otolora. Así al fraude del moreno-vallismo se suma otro fraude el “Fraude Otolora”. Van dos, pero el pueblo de Puebla resiste. En efecto queda. Por vía extraordinaria presentar una demanda directa en contra del Fraude en contra de la ciudadanía de Puebla, ante la Corte interamericana de Derechos humanos. Si MEAH estaba dispuesta a hacerlo, quiere ellos decir, que ella acataría un fallos de esa instancia, si le es adverso. Más aún. Un fallo de ese nivel es vinculante para todas las instancias de autoridad en nuestro país, por la cláusula federal que cuyo peso es específico en la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San José signada por nuestro país desde 1982.