Los hechos ocurridos el pasado lunes 3 de septiembre en la UNAM han sido ampliamente relatados; lo último, la liberación por la procuraduría capitalina de las dos personas detenidas por presuntamente participar en actos de agresión que pusieron en peligro la vida de al menos dos estudiantes. ¿Por qué fueron liberados? Argumentos habrá y sin duda, basados en el nuevo sistema penal acusatorio (presunción de inocencia, protección a los derechos humanos, no flagrancia, entre otros).
Ahora bien, ante estos hechos ¿qué lectura podemos hacer a la luz de la historia reciente de México, delimitada a los últimos 50 años?
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Las universidades y sus movimientos, por lo general, han sido caja de resonancia del malestar de la población. Así es como se ha pasado de la exigencia estudiantil por oportunidades educativas, mejores planes de estudio, planta de maestros, bibliotecas, disminución de cuotas y colegiaturas, a la confrontación con el poder gubernamental.
Las universidades, por su constitución y conformación, siempre han sido un espacio donde la crítica a los gobiernos ha proliferado. Ahí se han manifestado por la libertad de expresión (elevando sus voces en 1968 por la derogación del art. 145 del Código Penal Federal, referente al delito de disolución social); por la libertad a presos políticos (dirigentes ferrocarrileros, médicos, maestros); la solidaridad con campesinos, obreros, colonos que en Puebla llevó en los sesenta a la caída del gobernador Nava Castillo; el derecho a la contratación colectiva de los trabajadores universitarios e independencia sindical que en 1971 mantuvo por meses la huelga en la Universidad Nacional, así como en Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca.
Para fines de los ochenta serían visibles los logros alcanzados por el sector estudiantil, académico y administrativo. Los partidos de oposición ahí presentes en los campus universitarios, cumplieron su encomienda. Organizar y alcanzar el cumplimiento a sus demandas; incluida la reforma política que llevó al establecimiento de nuevas reglas en el surgimiento y participación de nuevos partidos representados en el Congreso de la Unión.
Hacia la segunda mitad de los noventa era claro que muchas cosas habían cambiado en la escena política de México. La hegemonía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) estaba llegando a su fin, marcada por el crimen del candidato a la presidencia de la República Donaldo Colosio, con los resultados que conocemos.
El cambio del siglo XX al XXI, estaría marcado en la UNAM por el repudio al Reglamento de pagos en 1999, y que llevó al paro que duró más de un año; donde “moderados” y “ultraizquierdistas” se enfrentaron internamente en este movimiento.
Vicente Fox, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), sería el Presidente “de la alternancia” para el periodo 2000-2006. El siguiente Presidente, también emanado del PAN, sería Felipe Calderón (2006-2012).
Hace seis años, nuevamente el PRI llega a la presidencia de la República (2012-2018). Las redes como espacio de expresión se manifestaron y los universitarios de la Ibero y otras instituciones educativas, cuestionaron a Enrique Peña Nieto. Nada aprendió este partido de los años anteriores y el hartazgo popular ante la corrupción y la inseguridad se tradujo en el triunfo de Andrés Manuel López Obrador del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Los problemas de la Agenda Nacional que hoy se plantean, ameritan recordar y tener muy presente que se sustentan en la falta de oportunidades a los sectores más desprotegidos y que se traduce en la falta de empleo, de salarios dignos, de capacitación educativa y laboral, de promesas incumplidas. Y en este contexto queda inscrito el último acontecimiento vivido en la UNAM el pasado 3 de septiembre, a unas horas de tomar protesta los nuevos miembros de sus curules en el Congreso de la Unión.
El campus universitario, así como los más de dos mil municipios en el país, viven las penurias del mal gobierno, de las administraciones que no han hecho la tarea de velar por los intereses de quienes representan sino que, al cobijo del poder, corrompen instituciones y dejan en estado de indefensión a los ciudadanos, al convertir su espacio en “tierra de nadie”.